En el fondo de la casa del politólogo Óscar René Vargas, donde unos árboles frutales daban una sombra densa que aliviaba el sofocante calor de Managua, ahora suena un combo de marimba por las noches. De aquel verdor no queda nada. En su lugar hay una terraza con mesas de un restaurante llamado El Chamol Pinolero, ubicado de la funeraria Monte Los Olivos una cuadra al norte, en una casa confiscada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a este opositor exiliado en Costa Rica.
La casa de Vargas fue demolida en partes y remodelada, siendo lo más visible la fachada de El Chamol Pinolero: una pared de piedra natural en el lado izquierdo y paneles decorativos blancos y negros con diseño geométrico repetitivo en el resto de la fachada, tipo bloques ornamentales. El restaurante ofrece comida típica nicaragüense en un ambiente de bullicio por las noches que dista del silencio de la casa de Vargas antes de ser confiscada: una casa tranquila, con libros y butacas en una sala.
“No sé si la vendieron o la alquilaron la casa. Lo único que sé es que la casa la ocuparon entre mayo y junio de 2023”, dice Vargas, excarcelado político de la dictadura Ortega-Murillo y luego desterrado. “Sé que algunos libros inéditos sobre la historia de Nicaragua del siglo XIX y XX que sacaron de mi biblioteca acabaron vendiendolos en un librerías de libros usados”, lamenta el exiliado.
A unos cuatro kilómetros de la casa confiscada que ahora ocupa El Chamol Pinolero, en Villa Fontana, la casa del exmagistrado judicial Rafael Solís fue entregada por los Ortega-Murillo al boxeador y campeón mundial Román “Chocolatito” González, confirman diversas fuentes sandinistas a DIVERGENTES. Al lado de esta vivienda, la casa de Rafaela Cerda, madre del otrora funcionario cercano al caudillo sandinista, también fue entregada a Walter Castillo Sandino, quien asegura ser nieto de Augusto C. Sandino. Ambos beneficiados con las viviendas confiscadas son leales a los copresidentes.
En la casa robada a la mamá de Solís, Walter Castillo Sandino puso a funcionar un restaurante llamado “El parrillaje, asados & más”. El negocio es operado por la hija del nieto de Sandino.
En la casa entregada al “Chocolatito” vive ahora una pareja de asiáticos, aunque no está claro si la alquilan o la ocupan por cesión directa del boxeador. Las mismas fuentes señalan que Román González “buscó un préstamo bancario para hacerle mejoras a la propiedad, pero los bancos se lo negaron al descubrir que la vivienda era una casa confiscada a Rafael Solís”. DIVERGENTES trató de verificar por su cuenta lo relacionado al préstamo de González con fuentes bancarias, pero no obtuvimos respuestas.
El abogado del pugilista, Carlos Blandón, “dijo no tener ninguna información” sobre cómo fue adquirida la casa cuando fue consultado por DIVERGENTES vía llamada telefónica.
Las confiscaciones, una de las principales dagas represivas del régimen Ortega-Murillo contra opositores desterrados, atraviesan una nueva fase: los copresidentes han empezado a vender, alquilar y repartir las casas robadas. Aunque la anterior Constitución Política prohibía este tipo de despojo, el nuevo marco legal impuesto por la administración sandinista lo legalizó. El delito político de “traición a la patria” y la consecuente desnacionalización habilitan la confiscación de bienes, reviviendo el fantasma temido de los años ochenta: la masiva apropiación de propiedades que terminó por conocerse como la Piñata.
A partir de 2023, el régimen Ortega-Murillo empezó a repartir parte de las propiedades confiscadas entre instituciones públicas. Según la investigación La punta del iceberg de la nueva piñata Ortega-Murillo, del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), varios inmuebles pasaron a nombre del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el Instituto Tecnológico Nacional (INATEC) y el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia).
El primer caso de esta nueva fase represiva fue el Condominio Amazonia, en el reparto San Juan de Managua, donde habitaban la periodista Sofía Montenegro y la feminista Azahalea Solís. Aunque solo ellas dos habían sido desnacionalizadas, el régimen confiscó de facto los 16 apartamentos del complejo. Un mes después, la Procuraduría General de la República (PGR) le exigió a los inquilinos que ya vivían ahí un canon de 500 dólares mensuales si querían quedarse. Todos terminaron marchándose. Meses después, los apartamentos aparecieron publicados en la plataforma Airbnb, aunque fueron retirados poco tiempo después.
El mismo patrón se repitió con los medios de comunicación confiscados por los Ortega-Murillo. Los edificios de Confidencial y 100% Noticias, tomados en diciembre de 2018, pasaron a manos del Ministerio de Salud (MINSA). En el inmueble del canal 100% Noticias funciona ahora un centro de atención para personas con adicción al alcohol y las drogas, y donde estuvo la redacción de Confidencial se inauguró en 2021 una Casa Materna que nadie usa. El diario La Prensa, confiscado en agosto de 2021, fue entregado al Instituto Tecnológico Nacional (INATEC), que instaló ahí el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho.
Casas confiscadas para el mejor postor (o “adulador”)
Sin embargo, en los últimos meses el patrón ha cambiado. El régimen copresidencial ha puesto las casas robadas a la venta o se las ha entregado al mejor postor o a sus “aduladores”, dice uno de los exiliados confiscados, pero que pide anonimato.
Uno de los casos más emblemáticos de esta nueva etapa de las confiscaciones es el de Oswaldo Rivas, fotoperiodista con casi 40 años de carrera que cubrió para France-Presse las protestas de 2018. La persecución contra él empezó en junio de 2024, cuando la Policía le prohibió trabajar en la catedral de Granada. Luego, su casa, en el kilómetro 11 de la carretera vieja a León, fue allanada. Agentes policiales se llevaron computadoras, televisores, bicicletas y vehículos, y su familia terminó saliendo al exilio. Rivas no tiene ninguna acusación judicial en su contra.
Casi dos años después, en mayo de 2026, Rivas se enteró por internet que su casa estaba en venta. El anuncio apareció en la plataforma Encuentra24, publicado por un gestor inmobiliario identificado como Moreno Merlo, con un precio de 255 000 dólares y las mismas fotografías que él mismo había subido antes de huir del país. Sus abogados le dijeron que no podían intervenir por temor a perder la licencia. La vivienda terminó en manos de un tercero identificado como Armando Llanes, a quien el fotoperiodista no conoce.
Algo similar vivió la doctora Anely Pérez Molina, dermatóloga desterrada junto a su familia el 25 de marzo de 2023, tras ser detenida ilegalmente y acusada de “traición a la patria” y ciberdelitos. Su casa en el reparto Monte Fresco, valorada en 750 000 dólares, estuvo custodiada por la Policía durante dos años y lucía abandonada. En mayo de 2026, personas ligadas al régimen la usurparon. Pérez denunció que adentro quedó todo: muebles, electrodomésticos, una camioneta y los únicos recuerdos que le quedaban de su padre, el guerrillero sandinista Cristian Pérez, asesinado en la masacre de Xiloá en 1979.
DIVERGENTES consultó con otros opositores confiscados y confirmó que las propiedades han sido cedidas, pero no queda claro si por venta o por repartición con motivos políticos. Tratamos de consultar en el registro público y a través de otras fuentes de datos el movimiento de las propiedades, pero no hay una trazabilidad que revele, por ahora, a los nuevos dueños. Sin embargo, el cambio de dueño de otras propiedades confiscadas sí fue corroborado consultando los números NIS en Unión Fenosa. Una de esas propiedades corresponde a la exguerrillera sandinista Dora María Téllez.
La periodista Patricia Orozco, exiliada en España, dijo que su casa en el reparto El Carmen, dentro del perímetro de seguridad del búnker copresidencial, fue derribada casi de inmediato después de ser confiscada.
La exfuncionaria del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ligia Gómez, también confirmó a esta redacción que su casa fue entregada a “allegados a la dictadura”, pero sin precisar las identidades. El defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, aseguró que en su casa ubicada en el reparto Altos de Nejapa, número 148, habitan “una pareja con un niño”.
“El hombre que está en la casa camina armado. Es lo único que sé. Lo que te quiero decir es que esa es nuestra casa familiar, pagada en 15 años de préstamo, pero ahora ocupada por personas desconocidas, en todo caso ocupando lo que no es suyo. Que tengan una mínima decencia y no se hagan los fuertes con lo robado”, reclamó Carrión.
En esta nueva etapa también se registran propiedades entregadas a alcaldías. La Alcaldía de León anunció en sus redes sociales la restauración de una “casa centenaria”, ubicada a 20 varas de la iglesia San Francisco, para instalar ahí el Museo de la Cultura y Tradición Leonesa. El comunicado no menciona que el inmueble pertenece al académico nicaragüense Ernesto Medina, exiliado por la persecución política de la dictadura, que además lo despojó de su nacionalidad.
También el periodista y pequeño empresario, Henry Briceño, sufrió un destierro clandestino el 24 de noviembre de 2024, cuando unos veinte policías llegaron a su casa en San Rafael del Sur y lo expulsaron del país junto a su familia, sin orden judicial y sin dejarlo sacar nada. El régimen le confiscó de facto cuatro propiedades —su vivienda, el Hostal El Central, el Autohotel La Loma y una casa alquilada a nombre de uno de sus hijos— valoradas en más de un millón de dólares. Cuarenta días después, el 10 de enero de 2025, el gobierno inauguró una filial de la Cruz Blanca en la que fue su residencia principal. Para Briceño, la rapidez con que llegó la nueva institución prueba que todo estaba planeado: “ya estaban esperando la casa”, dijo.
Propiedades robadas promovidas por influencers
La nueva etapa de las confiscaciones también ha llegado a los influencers del régimen. El tiktoker japonés Toshiharu Yamaki, conocido como Toshi, con cientos de miles de seguidores, promocionó en uno de sus videos el Hotel Escuela Nicarao, en San Juan del Sur.
El hotel funciona en dos propiedades confiscadas: el Hotel Casablanca, de Rafaela Cerda, madre del exmagistrado Rafael Solís, y el condominio Farallón de Sotavento, construido por la familia Chamorro Barrios sobre un terreno heredado de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Toshi no ha sido el único, sino que otros creadores de contenido también han hecho promoción del lugar.
Algo similar ocurrió con la casa confiscada al Ministerio Puerta de la Montaña, una congregación evangélica cuyos bienes fueron expropiados en diciembre de 2023, junto con el encarcelamiento de once de sus pastores. La vivienda, ubicada en Altos de Santo Domingo y usada antes como “casa de protocolo” para predicadores y misioneros, sirvió de escenario en mayo de 2026 para el reality show “Proyecto B, La Casa de los Bellacos”, producido por Bellacos Entertainment y transmitido en vivo por redes sociales durante dos semanas. El líder de la congregación calculó en 5 millones de dólares el total de sus bienes confiscados.
“No comprar bienes robados”
Frente a la nueva ola de ventas y subastas de bienes confiscados, un grupo de nicaragüenses despojados por la dictadura decidió organizarse. Se trata de la Asociación de Confiscados Nicaragüenses “19 de Abril”, integrada por cinco personas afectadas que llevan cerca de cinco meses construyendo una estructura para documentar y, eventualmente, recuperar lo robado.
El 24 de junio, la asociación emitió un comunicado dirigido a “nicaragüenses, extranjeros e instituciones honradas”: no adquirir, bajo ninguna circunstancia “supuestamente legal”, bienes muebles o inmuebles arrebatados por la fuerza a personas e instituciones privadas. Aseguran que rastrearán y recuperarán lo robado y vendido por la dictadura a terceros, y quienes compren esas propiedades “perderán sus inversiones”. “Adquirir bienes muebles e inmuebles robados es delito”, concluye el texto.
Según uno de los confiscados que forma parte de la estructura, y que pidió no ser identificado, el grupo ya levanta un inventario de lo arrebatado: residencias, terrenos, fincas, empresas y medios de comunicación. También revisan los casos de pensiones congeladas y de ONG con inversión extranjera. Más allá de documentar el despojo, la asociación trabaja en fórmulas concretas para resolverlo ante un eventual cambio de gobierno: devolución de bienes cuando sea posible, permutas, indemnizaciones y bonos respaldados por financiamiento externo, para no repetir los errores de la primera “piñata” de los años noventa.
El informe de 2024 del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) logró documentar, en ese entonces, una la confiscación consumada de 135 propiedades, con un valor total de 250 millones de dólares. La cifra, advertía entonces el informe, era apenas la punta del iceberg: la falta de información disponible y el miedo de las víctimas a denunciar impedían conocer el verdadero alcance del despojo. Dos años después, con nuevas confiscaciones, ventas, subastas y cesiones a particulares e instituciones, esa deuda que el régimen le sigue generando a Nicaragua solo puede haber crecido.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), de la ONU, ha documentado la confiscación de bienes como parte de un patrón sistemático de represión transnacional contra nicaragüenses en el exilio, junto con la privación arbitraria de la nacionalidad, la negativa a renovar pasaportes y las represalias contra familiares que permanecen en el país.