A falta de 10 días para que Daniel Ortega y Rosario Murillo se reelijan en unas votaciones que los caudillos sandinistas han confeccionado a su medida, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que dichas condiciones hacen inviable un proceso electoral íntegro y libre, en detrimento del ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.
Esta es una de las conclusiones del informe que publicó la CIDH este jueves 28 de octubre, llamado “Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua”, que aborda la grave crisis política, social y de derechos humanos en el país centroamericano, en un contexto “de completo debilitamiento del Estado de derecho y de un profundo deterioro en materia de derechos humanos”, de cara a las próximas elecciones generales a celebrarse el siete de noviembre.
Es un informe minucioso que explica paso a paso cómo la concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un “Estado policial, donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad estatales y paraestatales”. El documento asegura que “no existe en el país un sistema de pesos y contrapesos puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo”.
Nuevos crímenes de lesa humanidad
Según la CIDH, la concentración del poder permitió al Ejecutivo utilizar una serie de normas para reprimir, perseguir, censurar, asegurar privilegios y, en definitiva, “poner fin a la participación de la oposición en las próximas elecciones de noviembre de 2021 con el fin de perpetuarse de forma indefinida en el poder y mantener sus privilegios e inmunidades, en un contexto de corrupción, fraude electoral e impunidad estructural por graves violaciones a los derechos humanos que incluso podrán calificarse de crímenes de lesa humanidad”. Agrega que “el Ejecutivo tiene instalado un régimen de terror, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía”.
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Desde finales de mayo de 2021, el régimen Ortega-Murillo ha arrestado a 39 personalidades opositoras, entre ellas, siete aspirantes presidenciales y ha quitado las personería política de tres partidos políticos.
“Las elecciones ocurren en este clima de represión, en el que de manera insólita se detuvo a todas las personas que expresaron públicamente su interés de participar como candidatas en las mismas”, agrega el informe.
Al tenor de estas conclusiones, la CIDH realizó ocho recomendaciones al Estado de Nicaragua, entre ellas, garantizar las condiciones para realizar elecciones libres; propiciar y sostener un diálogo efectivo, legítimo e inclusivo con la sociedad civil, liberar a todas las personas detenidas en el contexto de la crisis iniciada en el 2018; restablecer la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y cesar la represión contra medios de comunicación, personas defensoras de derechos humanos, e iniciar procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, y derogar las leyes aprobadas en este contexto de conformidad, como la de Agentes Extranjeros y Ciberdelitos.
El documento también hizo recomendaciones a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la comunidad internacional. Una de ellas es “exigir al Estado la realización de elecciones libres” y la otra es “poner fin de inmediato a la represión y las detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos”.