Desde que empezó la campaña electoral sin competencia el pasado 25 de septiembre, Enrique* solo ha visto dos pancartas de partidos políticos comparsas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Los vio de camino a su centro laboral en Managua. Sin embargo, ni siquiera supo diferenciar a qué organización política pertenecía el material impreso. “Solo vi que no era de Ortega”, dijo. En Carazo, Norlan* observó una boleta de tono “roja”, pero no conoce al candidato que aparecía en la imagen. Y en Granada, Francisco*, vio una volante de un diputado departamental de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). Más allá de eso, los tres afirmaron que en el último mes el panorama en sus localidades transcurre “como si no hubiese campaña electoral” y más bien persiste un ambiente de “temor y tensión”.
“En realidad no hay una campaña electoral. No es que la población tenga poca información, sino que hay un marcado rechazo al proceso electoral que se está desarrollando en Nicaragua”, afirmó la socióloga Elvira Cuadra. Un experto electoral consultado con DIVERGENTES dijo que “poner rótulos, mantas y pegar papeletas es propaganda”. “Eso no es campaña ya que no se conoce el plan de gobierno o propuesta de ninguno de ellos… A nadie le interesa participar de esa burla”, concluyó el politólogo Pedro Fonseca.
En 27 días de campaña electoral, los partidos políticos que se prestan a unos comicios considerados como una “farsa” solo han realizado reuniones con personas allegadas a sus propias estructuras, no mítines políticos dirigidos a la población en general. Tampoco han logrado llenar auditorios. La asistencia siempre es reducida y ronda entre 24 y 50 personas. Las giras han sido realizadas a “comunidades en municipios bastante lejanos al casco urbano de los departamentos”, según miembros de estos partidos. Pese a ello, los representantes consultados aseguraron a este medio que les ha ido “muy bien”.
Los partidos comparsas justifican estos escenarios desérticos con las restricciones impuestas por el Consejo Supremo Electoral (CSE), que acortó el tiempo de campaña por la Covid-19. Una clara manipulación política de la pandemia cuando el gobierno Ortega-Murillo sigue promoviendo aglomeraciones.
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El politólogo Fonseca indicó que a los partidos zancudos “no les interesa realizar un proceso de campaña legítimo” ni debatir con las personas votantes, mucho menos propuestas políticas o convencer al ciudadano que son opciones legítimas para asumir el poder político en el país. “De hecho, yo me imagino que si alguna de estas agrupaciones se atreve a utilizar un lenguaje realmente opositor públicamente, tendría consecuencias gravísimas”, detalló.
DIVERGENTES consultó a candidatos y jefes de prensa de cuatro de los cinco partidos políticos participantes para constatar la cantidad de actividades políticas realizadas hasta ahora. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) aseguró que han visitado municipios de 11 departamentos. El Partido Liberal Independiente (PLI) reconoció sólo una actividad presencial porque “no queremos masividad, no queremos perifoneo para evitar aglomeraciones”. El partido Alianza por la República (APRE) visitó municipios de apenas tres departamentos. El Camino Cristiano Nicaragüense solo ha registrado una visita, de acuerdo a una publicación en su página de Facebook. Mientras el ALN no documenta ninguna actividad en territorio. ALN indicó que el resto de actividades las han destinado principalmente a redes sociales.
Partidos ficticios
La más reciente encuesta de la firma CID Gallup evidenció que ninguno de los partidos políticos comparsas goza de simpatía en la población nicaragüense. El único que logró cierta visibilidad fue el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) con el 2%, mientras el 77% de los encuestados respondió que no tiene partido político favorito.
Para la encuestadora resulta llamativo que a pocas semanas de los comicios la población no posea un partido político favorito, pues este patrón es común en época no electoral. “Se observa apatía hacia las agrupaciones políticas, con solo un 8% declarando sus simpatías por el FSLN y un 5% por Ciudadanos de la Libertad (CxL)”, cita el documento. Este último partido opositor fue anulado por el régimen y algunos de sus integrantes están presos.
De acuerdo a Fonseca, estas agrupaciones no tienen simpatía “porque precisamente no son partidos políticos, no nacen de una propuesta o agenda política, no surgen de la ciudadanía, sino que han sido creados o financiados para jugar al juego electoral del régimen”. Los resultados de la encuesta comprueban “que mientras no existan fundamentos democráticos y no se hable de principios como el pluralismo político, la libertad de expresión o un mínimo respeto por los derechos humanos, jamás se podrá hablar de un proceso electoral democrático o de un período de campaña electoral”, enfatizó.
La credibilidad de dichos partidos políticos es también cuestionada por participar de un proceso a la medida del régimen Ortega-Murillo. La dictadura encarceló a siete precandidatos y canceló la personería jurídica de las casillas opositoras. Según CID Gallup, cualquiera de los aspirantes privados de libertad ganaría la contienda con un 65% versus un 19% del mandatario sandinista. “No hay competencia política, es un proceso electoral sin competencia”, remarcó la socióloga Elvira Cuadra.
El experto electoral afirmó que una verdadera elección democrática es competitiva y garantiza “el derecho a organizarse en partidos, el derecho a postularse para cargos públicos y la existencia de igualdad de condiciones de seguridad para manifestarse y competir”. Sobre todo, goza de legalidad, transparencia y “debe existir un árbitro electoral, imparcial y confiable para todos los partidos y electores”, apuntó el experto. De lo contrario “ninguno de sus procesos, campaña o votación, es democrático”.
Recompensa por “farsa electoral”
Pese a la “farsa electoral” y la opinión desfavorecedora, la reforma electoral realizada el pasado mayo habilitó al CSE brindar a todos los partidos participantes un reembolso de los gastos incurridos durante la campaña electoral, sin importar el porcentaje de votos obtenidos. Estos fondos corresponden al uno por ciento de los ingresos ordinarios del Presupuesto General de la República. La resolución fue aprobada en mayo por el parlamento controlado en su mayoría por diputados sandinistas.
La legislación no obliga a los partidos a rendir cuentas a la ciudadanía, sólo establece como opción de documentar la utilización de los fondos ante la Contraloría administrada por sandinistas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al CSE. Esta medida “es una forma de utilizar los recursos del Estado, que se financia gracias a las personas contribuyentes, o sea, usted y yo”, criticó Fonseca.
DIVERGENTES consultó a los candidatos y jefes sobre los montos invertidos en la campaña electoral y ninguno respondió cifra exacta, más bien se limitaron a decir que “desconocen” esa información y que cuentan con “recursos limitados”.