En Nicaragua, muchos procedimientos de salud se realizan sin normas técnicas específicas, ni un marco jurídico actualizado que los regule y tampoco existe un colegio médico que verifique quién los ejecuta ni en qué condiciones. El doctor nicaragüense José Antonio Delgado Alvarado, Máster en Salud Pública, advierte que el país carece de regulaciones claras y de normativas técnicas que ordenen esta práctica dentro del sistema de salud.
“No existe control de muchos procedimientos donde se hacen injurias (lesiones) al cuerpo. Los que hacen tatuajes, los que aplican pigmentos en las cejas, los labios, los que aplican tratamientos de estética, los que se hacen pasar por nutricionistas o psicólogos, auto llamados “coach”. Todos ellos y otros más deberían estar regulados por el Ministerio de Salud (Minsa)”, cuestionó el especialista.
En este contexto, señala que las complicaciones de estos procedimientos no se procesan a partir de controles preventivos, ni auditorías técnicas dentro del sistema de salud, por lo que los casos avanzan directamente a la vía judicial cuando el daño ya ocurrió.
Uno de los más recientes es el del médico Livang Clifford Argüello Molina, conocido en redes sociales como “Dr. Livan”, quien enfrenta un proceso por lesiones imprudentes tras un procedimiento estético que dejó secuelas en una paciente.
La información fue divulgada por el medio oficialista TN8, que se limitó a detallar la acusación y el avance del proceso sin incluir elementos sobre la regulación de estos procedimientos ni sobre la existencia de controles institucionales previos.
Otro caso es el del cirujano plástico David Páramo, condenado por homicidio imprudente tras la muerte de una joven en 2016 luego de una cirugía estética. La cronología del caso muestra fallas que no fueron corregidas. Antes de la intervención, ya existían señalamientos en su contra y procesos abiertos, pero el procedimiento se realizó. La paciente presentó complicaciones graves durante la cirugía y falleció. El caso avanzó a la vía judicial y derivó en una condena penal, uno de los pocos precedentes en Nicaragua donde una muerte por mala praxis terminó con sentencia.
DIVERGENTES documentó que la resolución judicial del caso de Páramo no derivó en cambios en la regulación sanitaria, ni en la implementación de mecanismos de control dentro del sistema de salud. Tras cumplir su condena, Páramo volvió a ofrecer servicios, en un contexto en el que no se establecieron restricciones claras, ni se reforzaron los controles institucionales sobre este tipo de prácticas.
Un médico consultado por este medio para ese reporte explicó que en otros países cuando se es condenado por un delito vinculado a su práctica profesional, la licencia se le retira de forma permanente. Pero en Nicaragua, Páramo no sólo recuperó su libertad, sino que el 5 de noviembre de 2021, fue habilitado oficialmente para ejercer la medicina, según consta en una circular de la Dirección de Regulación en Salud, adscrita a la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud (Minsa).
Un marco legal general que no regula la práctica
La normativa sanitaria vigente en Nicaragua se sustenta principalmente en la Ley 423, Ley General de Salud, aprobada en 2002, que establece principios sobre el derecho a la atención, la información al paciente y la obligación del Estado de normar el sistema.
Esta ley asigna al Minsa la función de regulación y supervisión, pero no desarrolla disposiciones específicas para procedimientos estéticos ni para muchas intervenciones médicas especializadas. Una revisión de la legislación disponible, su reglamento y las normativas técnicas públicas del Minsa no evidencia protocolos detallados que definan requisitos técnicos, criterios de especialización o estándares de supervisión para este tipo de prácticas.
Esta falta de normas específicas se extiende a otras áreas de alta complejidad. El doctor Delgado señala que “la cirugía fetal y las técnicas de fertilización asistida se realizan con ausencia de un marco regulador completo”. Se trata de procedimientos que en otros sistemas de salud cuentan con protocolos definidos, certificación de especialidades y supervisión técnica, pero que en Nicaragua operan sin delimitación normativa clara, lo que amplía la incertidumbre tanto para pacientes como para profesionales.
Sin colegio profesional y sin control independiente
A la falta de normas se suma la inexistencia de un ente gremial que supervise el ejercicio profesional. Aunque la Ley 702 aprobada en 2009 establece la creación del Colegio de Médicos y Cirujanos de Nicaragua, en la práctica no opera como un ente activo ni visible.
“En Nicaragua no existe el colegio médico porque el régimen sandinista le tiene miedo debido a la pérdida del control absoluto que tendría si la medicina se regulara con la colaboración de una entidad de ese tipo. La ley de creación del colegio médico quedó solo en papeles. Existe, pero en papeles”, afirma el doctor Delgado.
Mientras tanto, en Centroamérica los colegios médicos funcionan como una pieza clave para ordenar el ejercicio de la profesión, sancionar faltas éticas y establecer estándares mínimos de calidad. En países como Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, estas organizaciones no solo existen en la ley, sino que operan de forma activa, con capacidad de incidir en la práctica médica y en la discusión pública sobre salud.
En Costa Rica, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica exige la colegiación obligatoria para ejercer y cuenta con tribunales disciplinarios que pueden sancionar o incluso inhabilitar a profesionales. En Guatemala, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala tiene respaldo constitucional, lo que le otorga un rol formal en la supervisión del ejercicio profesional. En El Salvador y Honduras, los colegios médicos también mantienen presencia pública, emiten posicionamientos y participan en la regulación gremial, aunque con distintos niveles de alcance.
En ese sentido, el galeno cuestiona que en Nicaragua, la regulación recae exclusivamente en el Minsa, sin contrapesos externos ni mecanismos independientes de supervisión. Además destaca que, la ausencia de un órgano autónomo limita la verificación de competencias y reduce la capacidad de control previo sobre los procedimientos.
Un sistema de salud cuestionable
Los cuestionamientos al sistema de salud en Nicaragua no se limitan a casos de mala praxis o a vacíos en la regulación de procedimientos. Informes internacionales documentaron decisiones institucionales que afectaron el acceso mismo a la atención médica. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes concluyó que, durante la represión de 2018, hospitales públicos negaron o retrasaron la atención a personas heridas en acciones que no respondieron a criterios clínicos.
El caso de Álvaro Conrado fue incorporado en ese informe como uno de los ejemplos documentados. El adolescente, herido de bala en Managua, no fue atendido de inmediato en centros de salud. El GIEI estableció que estos hechos fueron parte de un patrón en el que el acceso a servicios médicos estuvo condicionado en ese contexto.
Estos hallazgos también han sido retomados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que señala cómo el régimen sandinista ha utilizado instituciones públicas dentro de su aparato de control. En ese contexto, el sistema de salud no funciona únicamente bajo criterios médicos, sino que opera dentro de una estructura marcada por decisiones políticas.