Las elecciones generales de 2024 supondrán un “parteaguas” en la historia política reciente de El Salvador, por los cambios y “movimientos” políticos que permitirán que por primera vez, desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, el presidente compita por la reelección a pesar de los señalamientos de que es inconstitucional.
A continuación se presentan claves para explicar el contexto del actual proceso electoral:
1. Una inédita opción de reelección presidencial
El domingo 4 de febrero de 2024, los salvadoreños elegirán a su próximo presidente entre una terna de seis partidos políticos, entre ellos Nuevas Ideas (NI), del actual jefe del Estado, Nayib Bukele, quien busca la reelección que, según las encuestas, obtendría.
El gobernante, de 42 años y con gran popularidad, es el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña con la opción de buscar su reelección inmediata y, de ganar, sería el primero en repetir en el cargo a pesar de que la Constitución no lo permite.
Recibe nuestro boletín semanal
El camino a la reelección de Bukele se abrió en 2021, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que había sido nombrada por el Congreso de mayoría opositora sin seguir el procedimiento legal, cambió un criterio de interpretación de la Constitución.
Los jueces, señalados por Estados Unidos de ser “leales” al Ejecutivo de Bukele, apuntaron que la prohibición de la reelección inmediata es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años. Hasta antes de este cambio, un mandatario debía terminar su período de 5 años y esperar 10 para buscar nuevamente la Presidencia.
2. Se elegirán menos cargos tras una reorganización
Además, el 4 de febrero próximo se votará por primera vez por 60 diputaciones en lugar de 84, cambio que surgió tras la aprobación en la Asamblea Legislativa de una normativa promovida por el Gobierno de Bukele.
El 3 de marzo, mientras tanto, los salvadoreños elegirán a 44 alcaldes y consejos municipales, en lugar de a 242 luego que el Congreso aprobara una ley de reorganización de la división territorial del país, presentada y promovida también por Bukele.
La reducción de diputaciones y de alcaldías obedece a un “movimiento político” para que el oficialismo “obtenga o retenga la mayoría en el Legislativo y también obtenga el mayor número de consejos municipales para mantener el control del territorio”, según analistas consultados.
3. Bukele acapara la campaña proselitista
El Gobierno de Bukele acapara la “propaganda” política que se ve y se escucha y que “promociona” la medida de régimen de excepción, con la que, según el presidente, se está ganando una “guerra contra las pandillas”, la bandera de su gestión y principal apuesta proselitista.
Ruth Eleonora López, jefa jurídica y anticorrupción de la organización de Cristosal, explicó a EFE que hay “evidencia” del uso de fondos públicos de parte del Gobierno para “el despliegue” de campaña electoral a favor de Bukele, a lo que se suma la falta de financiamiento en los candidatos de los demás partidos políticos.
4. Candidatos sin propaganda
Pero en pleno período de propaganda política para los candidatos a la Presidencia, que comenzó el 4 de octubre pasado y que finalizará el 31 de enero de 2024, los otros aspirantes no han hecho mayor publicidad, en contraste con años anteriores.
A algunos de los partidos en contienda, a excepción del oficialista, no se les ha entregado los recursos de la “deuda política” que es “un financiamiento público que está establecido en la Constitución”, por lo que se está ante una “competencia desigual”, apuntó López.
La Ley de Partidos Políticos indica que estos “tendrán derecho a recibir del Estado una suma de dinero por cada voto válido que obtengan en las elecciones”, fondos que son utilizados para financiar sus campañas, pero al opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierdista) no se los han entregado, aseguró la diputada de esa formación, Anabel Belloso.
5. Oposición con menos espacios
Es incierto lo que pueda pasar tras las elecciones de 2024 con los históricos partidos FMLN y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que en el 2019 sufrieron un duro golpe político pues no solo perdieron un considerable número de diputaciones, sino también credibilidad y confianza de sus seguidores.
Arena estuvo en el Ejecutivo por 20 años (1989 y 2009), mientras el FMLN gobernó el país por 10 años (2009-2019). Ambos partidos se alternaron la presidencia del Congreso, lo que cambio radicalmente en el 2021 cuando NI ganó los comicios legislativos.
Los designados para suplir a Bukele por 6 meses
El presidente del Congreso salvadoreño de mayoría oficialista, Ernesto Castro, dijo la semana pasada que al recibir la solicitud de licencia de Nayib Bukele para ausentarse para buscar la reelección inmediata, también van a “ratificar” a quienes elija como “designados” para sustituirlo temporalmente.
“Nosotros vamos a esperar la solicitud del presidente Bukele, se vence la próxima semana, esperamos que en cualquier momento el presidente mande a sus designados (a la Presidencia) y aquí simplemente les vamos a ratificar”, dijo a periodistas Castro.
Al ser cuestionado sobre si quien sustituya temporalmente a Bukele puede ser o no un familiar, Castro, que es exsecretario privado del mandatario, agregó que las leyes y la Constitución “están claras y habría que apegarse”.
La Constitución salvadoreña establece que el Congreso debe “elegir, para todo el período presidencial” a dos personas que “en carácter de designados deban ejercer la Presidencia de la República, en los casos y en el orden determinado por esta Constitución”.
A pesar de que el mandato de Bukele cumplió cuatro de sus cinco años en junio pasado, los legisladores no han elegido a estos designados, que por “muerte, renuncia, remoción u otra causa” y a falta del vicepresidente, pueden sustituir al mandatario. El actual vicepresidente, Félix Ulloa, también buscará la reelección en los comicios de febrero de 2024.
El camino a la reelección de Bukele se abrió en 2021, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que había sido nombrada por el Congreso de mayoría oficialista sin seguir el procedimiento legal, cambió un criterio de interpretación de la Constitución.
Los jueces, señalados por Estados Unidos de ser “leales” al Ejecutivo de Bukele y entre los que se encuentran exasesores y exabogados de altos funcionarios, apuntaron que la prohibición de la reelección inmediata es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años.
En dicho fallo, que diversos abogados consideran no es de obligatorio cumplimiento para el TSE por no provenir de una autoridad legítima, señalaron que debía dejar el cargo seis meses antes de iniciarse el siguiente período. Bukele, hasta antes de dicho fallo, sostuvo en al menos dos ocasiones públicamente que la Constitución salvadoreña no permitía la reelección inmediata.