Un grupo de colonos fuertemente armados asesinó este lunes 24 de abril al guardaparque indígena Bernabé Palacios Hernández en la comunidad Alal, territorio mayangna Sauni As, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Según el testimonio de comunitarios que hablaron con DIVERGENTES bajo condición de anonimato, el hombre de 44 años fue emboscado por los invasores cuando este se dirigía en compañía de su esposa y su hijo a su parcela de tierra a recolectar granos básicos para el consumo de su familia.
“Toda la familia se dirigía a su parcela en la zona de Kikulanh, cerca de Alal. En el camino, a eso de las 9:30 de la mañana, los emboscaron y asesinaron a Bernabé. La esposa y el hijo afortunadamente lograron resguardar sus vidas y ponerse a salvo”, dijo uno de los comunitarios a este medio de comunicación.
Este sería el segundo atentado en menos de tres meses en contra de comunitarios del territorio mayangna Sauni As. El pasado 11 de marzo un grupo de colonos acribillaron a cinco miembros de la comunidad de Wilú, ubicada también en el Caribe Norte de Nicaragua. En esa ocasión los indígenas fueron emboscados por los invasores cuando se dirigían a recolectar alimentos en sus parcelas.
A pesar de los altos índices de inseguridad en el territorio Sauni As, agravado aún más desde el ataque y la quema de la comunidad de Wilú y el desplazamiento de la comunidad Sabakitang a mediados de marzo, las autoridades no han hecho nada para detener la violencia en la zona. Contrario a eso han bloqueado la ayuda humanitaria que llega a los territorios y no han investigado los asesinatos ocurridos en los últimos meses.
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“Repudiamos y condenamos estos actos cobardes y denigrantes que se traducen en genocidio dado el carácter sistemático y dirigido contra nuestro pueblo indígena mayangna. No solo hemos tenido a comunitarios asesinados, también heridos con incapacidad parcial y permanente, e innumerables daños a las propiedades y cultivos”, denunció un líder comunitario.
Otro líder indígena consultado por DIVERGENTES reiteró el llamado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que cumpla con las garantías de justicia, el goce, uso y disfrute de la propiedad comunal a través “de la restitución plena de las parcelas de tierras ocupadas ilegalmente por colonos invasores, así como la instalación de puestos de control y seguridad del batallón ecológico del Ejército de Nicaragua”.
En una entrevista con DIVERGENTES, el activista indígena Juan Carlos Ocampo cuestionó el trabajo del Ejército por incumplir con su función de resguardar el orden y garantizar la seguridad de los dueños ancestrales históricos de los territorios indígenas.
“No hay información pública que demuestre que ha habido trabajo sistemático del Ejército para detener a los responsables de las invasiones de los territorios y también de la violencia que hay en las comunidades. De lo que sí hay reportes es de cómo el Ejército muchas veces ha amenazado o intimidado a comunitarios. Desde el punto de vista de las comunidades, el trabajo del Ejército es más bien de condicionar de manera negativa la organización comunitaria y sembrar más miedo”, expresó Ocampo.
La organización Prilaka, que se dedica a denunciar la violación de derechos humanos de las comunidades indígenas de Nicaragua, informó que muchas familias se están desplazando hacia Musawás porque existe temor de que ocurra otra masacre.
“Hacemos un llamado al país y a la comunidad internacional a estar pendiente de esta profunda crisis que vivimos en nuestros territorios”, denunció Prilaka.
La masacre en Wilú
DIVERGENTES reconstruyó en marzo la masacre contra la población indígena de Wilú donde fueron asesinadas cinco personas y dos resultaron heridas de gravedad. La información recabada, en conversación con líderes comunitarios, allegados de las víctimas y defensores de derechos humanos, reveló que las agresiones e incursiones de colonos mestizos persisten y parecen ir en aumento, a pesar de que esta zona cuenta con medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La masacre del 11 de marzo, explicaron los comunitarios, fue una acción planificada que pudo evitarse si el Ejército o la Policía hubiera garantizado la seguridad en la zona y la expulsión de los invasores de esas tierras. Los líderes indígenas han denunciado desde 2015 que el Gobierno central no se ha interesado por la protección de los territorios comunales y que personeros sandinistas alientan la invasión de colonos.
“Sentí la repugnancia, el dolor. Algunos de los familiares de las víctimas se negaron a aceptar la realidad. En algunos momentos parecía que lo estaban asimilando pero, luego, volvían a llorar y negar todo. La escena parecía sacada de una película apocalíptica”, expresó uno de los testigos que relataron el hecho en esa ocasión.
Aunque las invasiones datan desde inicios de 2015, fue en marzo de 2019 que el avance de los colonos se extendió en un sitio conocido como “Masiwas”, dentro de la propiedad comunal de Suniwás y Saubi. Aquel año, las autoridades indígenas lograron el desalojo pacífico de 65 familias de colonos. Pero dos meses después, regresaron al lugar junto a otro grupo, sumando un total de 120 desalojos en las propiedades comunales, incluida Wilú.
Precisamente en enero de 2020, cuatro comunitarios de Alal fueron asesinados durante un ataque armado de colonos. En esa ocasión dos personas resultaron heridas, varias viviendas quemadas y muchas familias no tuvieron más remedio que huir de aquel lugar.
Todas estas masacres han provocado que la CIDH decretara medidas cautelares, en febrero de 2022, a favor de los indígenas de las comunidades Musawás, Suniwás y Wilú del Territorio Mayangna Sauni As. Sin embargo, dichas medidas no han servido de nada porque continúan ocurriendo asesinatos e invasiones.
CIDH otorga medidas cautelares a cuatro mayangnas
El mismo día del asesinato del guardaparque Bernabé Palacios, la CIDH otorgó medidas cautelares a Argüello Celso Lino, Ignacio Celso Lino, Dinonisio Robins Zacarías y Donald Andrés Bruno Arcángel, todos defensores del territorio indígena Mayangna Sauni, que fueron condenados a cadena perpetua por el régimen sandinista.
El 23 de agosto de 2021 indígenas misquitos y mayagnas, fueron atacados en la mina Kiwakumbaih, en el territorio Mayangna Sauni, y sometidas a violencia física y sexual. Según los reportes once de ellos murieron y aunque las víctimas sobrevivientes indicaron que el ataque fue ejecutado por un grupo de hombres armados la policía nicaragüense decidió culpar a los cuatro mayangnas de la masacre.
“Los cuatro Mayangna, a los que la CIDH ha concedido medidas cautelares, fueron detenidos sin orden judicial e incomunicados durante varios meses, antes de ser condenados a cadena perpetua. Hasta el momento, siguen en prisión. Desde diciembre de 2022 están aislados en celdas de alta seguridad, incomunicados, en condiciones inhumanas y degradantes, víctimas de torturas, tratos crueles y amenazas que han derivado en agresiones físicas y sexuales. Se les ha negado atención médica, a pesar de su estado de salud extremadamente precario”, denunció la Organización Mundial Contra la Tortura en un comunicado.