Cuando estábamos en Nicaragua dando cobertura, uno sabía como reportero que cuando la batería de periodistas oficialistas se congregaba de pronto, todos al mismo tiempo, era porque había una “orden de arriba” para fabricar propaganda sobre algún tema que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consideraba urgente o relevante. Eso mismo ocurrió la mañana de este 11 de noviembre, cuando llegaron a la casa de la comunicadora social Fabiola Tercero, quien llevaba un año y cuatro meses en condición de desaparición forzada.
Las cámaras de los canales oficialistas rodearon a Tercero y a su madre. Apuntaron sus micrófonos hacia ella y dio la siguiente declaración:
– He estado con mi madre, con mi sobrina nieta y mi sobrina en la casa. Desaparecida no estoy – dice Tercero, pero es interrumpida.
– ¡Nunca he estado! – le corrige una voz que no puede distinguirse por la edición de la intervención.– Nunca he estado y gracias por su preocupación de ellos – enmienda la comunicadora social, en referencia a todos quienes llevaban demandando una prueba de vida de ella todos estos meses.
Para quienes conocimos a Tercero, sobre todo quienes estudiamos varios años con ella en la confiscada Universidad Centroamericana (UCA), desconocemos a esa mujer sentada en la mecedora. Su intensidad y su locuacidad, tan características, aparecen apagadas frente a esas cámaras, después de tantos meses desde que fue detenida y su casa allanada. Aunque se percibe la tensión a la que está sometida, y la evidente edición de la declaración realizada por los medios sandinistas, defensores de derechos humanos consideran que ella fue forzada a dar esa confesión.
El abogado Gonzalo Carrión, un veterano en la defensa de los derechos humanos en Nicaragua y desde hace años exiliado en Costa Rica, encuentra una serie de interrogantes en torno a la presentación de Tercero, una comunicadora muy activa en redes sociales con el “Rincón de Fabi”, un espacio en el que promovía la lectura de libros.
El jurista del Colectivo Nicaragua Nunca Más sostiene que lo ocurrido con Tercero es “una puesta en escena” que el régimen ha repetido desde 2018, cuando comenzaron a circular videos forzados grabados incluso desde las celdas. Carrión se refiere a las primeras confesiones forzadas de Santiago Fajardo y la estudiante Valeska Alemán, coaccionados para culpar a otros opositores de las barricadas levantadas por los ciudadanos durante las protestas sociales.
“El montaje de Fabiola queda en evidencia por un hecho simple y contundente: han pasado quince meses desde su detención arbitraria y su desaparición forzada. Es ridículo”, valora.
“Quince meses sin saber nada de ella y ahora aparece diciendo que no estaba desaparecida. Incluso, desde la misma lógica del régimen resulta insostenible. Particularmente Rosario Murillo que no deja pasar ni una mosca. Todos los días habla, todos los días desmiente algo. Pero aquí pasan quince meses… y vienen a desmentir hasta ahora. Es obvio: quedan en evidencia con esta farsa”.
Una práctica de regímenes totalitarios
Carrión cataloga lo de Tercero como una “confesión forzada”, en este caso específico encaminada a desacreditar las denuncias por la desaparición de ella. Sin embargo, se trata de una vieja práctica usada por regímenes totalitarios. En la Unión Soviética de Stalin, los juicios públicos se montaban con confesiones obtenidas mediante tortura y presión psicológica. En la China de Mao se impusieron las “autocríticas” públicas para humillar y quebrar a los acusados.
En años recientes, Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela han difundido por televisión declaraciones fabricadas para justificar detenciones arbitrarias o para crear enemigos internos, en el caso de los Ortega-Murillo “traidores a la patria”. La fórmula es siempre la misma, según defensores de derechos humanos: una persona debilitada, un guión impuesto y un aparato mediático que convierte la coacción en herramienta política.
Otro de los episodios más claros en Nicaragua de las confesiones forzadas, fue el de la familia Reyes Alonso en la ciudad de León. En 2019, el entonces comisionado policial de esa ciudad, Fidel Domínguez, allanó la vivienda de estos opositores y esposó a tres de sus miembros. Sin pudor, los obligaron a grabar un video pidiendo perdón y a “comprometerse a respetar la paz, las leyes y a la policía”. “Con la paz no se juega”, les obligaba a decir un oficial y las víctimas tenían que repetirlo.
Las confesiones forzadas suelen obtenerse mediante una combinación de torturas físicas, presiones psicológicas y manipulación emocional. Según la literatura de violaciones a los derechos humanos, los métodos más comunes para conseguirlas incluyen golpizas, privación del sueño, interrogatorios prolongados, aislamiento absoluto y amenazas contra familiares. También se utiliza la coacción ideológica: los interrogadores apelan al “deber revolucionario”, a la culpa política o a la “autocrítica” para empujar al detenido a repetir el guión impuesto.
“En muchos casos, la persona es grabada después de largas sesiones de desgaste físico y mental, cuando ya se encuentra exhausta y dispuesta a decir lo que se le ordena. Una vez obtenida la declaración, el régimen la edita, la presenta como espontánea y la difunde en sus propios medios para convertir la coacción en un acto público de obediencia”, explica un funcionario allegado a Naciones Unidas, quien por temas diplomáticos pide anonimato.
Prohibidas internacionalmente
Las confesiones obtenidas bajo coacción están prohibidas por el derecho internacional. La Convención contra la Tortura de Naciones Unidas establece que ninguna declaración obtenida mediante tortura puede usarse como prueba en un proceso, pero eso es algo usual en la dictadura copresidencial. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege “el derecho a no autoincriminarse y prohíbe toda forma de trato cruel, inhumano o degradante”.
Por su parte, las Convenciones de Ginebra impiden la coerción física o psicológica para obtener información de personas detenidas. Y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional considera que la tortura y la privación arbitraria de libertad, cuando son sistemáticas o generalizadas, pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Nicaragua, sin embargo, no forma parte del Estatuto de Roma.
En conjunto, estas normas dejan claro que cualquier confesión arrancada por presión, manipulación o amenaza carece de validez y representa una violación grave de los derechos humanos. No obstante, en el caso de Tercero, tiene un fin propagandístico y de “lavado de cara político” por parte de los Ortega-Murillo: la decisión de mostrar a la comunicadora social ocurre en la víspera de que Donald Trump decida sobre la permanencia de Nicaragua en el tratado de libre comercio DR-Cafta.
“Si realmente fuera cierto que Tercero nunca fue privada de libertad”, agrega Gonzalo Carrión, “lo razonable habría sido que su propia mamá hablara libremente, sin presión ni coacción, como corresponde a un acto realmente libre. Pero no ocurrió: la presentación se hizo exclusivamente en medios de propaganda. Si fuera mentira que estuvo desaparecida, ¿por qué no hacer una conferencia donde los periodistas independientes puedan preguntar?”, cuestiona. “Obviamente no lo permiten. Es una completa desfachatez”.
Para Carrión, el rostro de Tercero lo dice todo. “Cuando algo es verdad, no necesita todo ese armazón mediático”, explica. Si realmente estuviera en libertad, señala, ella, que es periodista, habría podido publicar algo desde el primer día…. Si nunca estuvo sometida a ninguna privación, ¿cómo se explica que no la dejaran publicar una nota aclaratoria desde hace quince meses?”.