La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, está a un paso de aprobar la creación del Consejo Presencial “que luchará” contra el crimen organizado y otros delitos conexos. Dicho Consejo que responderá directamente a la Presidencia del país, está conformado por diez titulares de diferentes instituciones estatales, de los cuales siete tienen sanciones internacionales por los delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
La iniciativa fue presentada el 23 de mayo y consultada nuevamente el pasado miércoles 29 de mayo. La Ley de Creación del Consejo Presidencial de Coordinación, Cooperación e Intercambio de Información para la Prevención, Enfrentamiento y Judicialización de los Delitos de Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Delitos Conexos, fue propuesta por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional.
Esta ley tendría por objeto crear el Consejo Presidencial, cuyas funciones serían identificar y evaluar los riesgos nacionales relacionados a estos delitos, así como coordinar la elaboración de políticas públicas y estrategias.
“De esta manera se fortalece la lucha contra estos delitos y se contribuye a mejorar aún más la Seguridad Ciudadana, protegiendo los logros alcanzados del pueblo nicaragüense”, justifica la iniciativa.
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El Consejo Presidencial estaría conformado por los titulares de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Poder Judicial, Procuraduría General de La República (PGR), Banco Central de Nicaragua (BCN), Ministerio Público (MP), Ministerio del Interior (Mint), Policía Nacional (PN), Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), Dirección General de Ingresos (DGI) y Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA).
Sin embargo, siete de los diez directores, presidentes y ministros de estas instituciones, tienen sanciones económicas, restricciones de visas y acusaciones de corrupción, violación a los derechos humanos y complicidad de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen Ortega-Murillo desde 2018. Estos son los funcionarios y funcionarias que “combatirán” el crimen organizado en Nicaragua.
Entre los actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica
El primero en la lista es el militar en retiro, Denis Membreño Rivas, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quien ostenta el cargo desde 2012. Debido a que fue Mayor General del Ejército de Nicaragua antes de su incorporación a la UAF, su asignación como director de esta institución despertó críticas desde el inicio de su nombramiento.
El 19 de julio de 2023 fue integrado a la Lista Engel, de actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica, creada por el Departamento de Estado de Estados Unidos desde 2021.
De acuerdo con el Departamento de Estado, Membreño es señalado de “corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales”.
También fue acusado de “socavar procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia, utilizando su cargo para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex-presos políticos, sin base legal alguna”.
El Poder Judicial sigue sin cabeza
El segundo integrante del Consejo es el titular del Poder Judicial, es decir, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Actualmente la CSJ vive una “gran purga”, en la cual fue destituido el último “presidente en funciones”, Marvin Ramiro Aguilar García. Pese a que la destitución se supo en febrero de este año, la dictadura no ha brindado ninguna información pública sobre quién está dirigiendo este poder del Estado.
Marvin Aguilar sustituyó a Alba Luz Ramos, luego que ésta fuera retirada del cargo en octubre del año pasado. Antes de fungir como “presidente en funciones”, era vicepresidente de la CSJ y Secretario Político Nacional del FSLN en el sistema de justicia nacional.
Fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) y por el Gobierno canadiense entre 2020 y 2021, debido a la persecución y judicialización que llevó a cabo contra personas opositoras al régimen.
La persecutora política, Wendy Morales
Wendy Carolina Morales Urbina, presidenta de la Procuraduría General de la República (PGR), ostenta el cargo desde el año 2019 y será la tercera integrante del Consejo.
La funcionaria orteguista es señalada de ser responsable de la persecución contra opositores del régimen, y llevar a cabo la confiscación de sus bienes. También ha puesto en marcha la incautación de las propiedades de las organizaciones civiles despojadas de su personería jurídica, medios de comunicación independientes y sedes diplomáticas.
Junto con Membreño, fue añadida en 2023 a la Lista Engel por ser “una figura clave en la persecución injusta del régimen nicaragüense contra presos políticos y la sociedad civil en el país”.
La OFAC indicó que “Morales Urbina se apersonó en su calidad oficial en varios edificios privados, entregó escrituras a nuevos propietarios y declaró que, a partir de entonces, las propiedades se destinaban al uso público”.
Presidente del BCN en la lista del Consejo
Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, es el cuarto integrante del Consejo Presidencial contra el crimen organizado. Reyes es presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) desde 2014 y es acusado por la OFAC de complicidad con el régimen Ortega-Murillo.
Según la instancia, Reyes es responsable de la denominada Ley de Protección a Consumidores y Usuarios “que podría obligar a las instituciones financieras nicaragüenses a hacer negocios con personas designadas en Nicaragua a riesgo de facilitar transacciones sancionables”.
De acuerdo con la OFAC, dicha ley contribuye “a la desestabilización de la economía nicaragüense”. También fue sancionado por el Gobierno canadiense en 2021.
La Fiscal General entre las funcionarias más sancionadas
La titular del Ministerio Público (MP), Ana Julia Guido Ochoa, es la Fiscal General desde 2014 y quinta integrante del Consejo. Guido es una de las figuras claves de los enjuiciamientos masivos realizados por el MP desde 2018, en compañía de otras instituciones de justicia, contra personas opositoras.
El Gobierno francés la acusó en 2021 de haber creado “una unidad especializada que fabrica acusaciones contra personas manifestantes” y que realiza procedimientos jurídicos contra ellas.
“También es responsable de prohibir que el principal candidato de la oposición en las elecciones generales ejerza funciones públicas. Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, represión contra la sociedad civil y la oposición democrática y ataques contra la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua”, señala el Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia.
La incautadora de universidades y organizaciones sociales
María Amelia Coronel Kinloch, la llamada “ministra de las confiscaciones”, es la máxima autoridad del Ministerio del Interior y la persona a cargo de las más de 3000 cancelaciones de personerías jurídicas a organizaciones sociales e instituciones de educación superior.
La sexta integrante del Consejo también es responsable de la creación de normativas represivas contra la población y de la liberación de miles de presos comunes bajo el pretexto de mantenerlos bajo el régimen de convivencia familiar.
Aunque funge como ministra desde 2017, forma parte de la red familiar de nepotismo que mantiene el régimen Ortega-Murillo desde mucho antes, reveló una investigación de DIVERGENTES.
Coronel Kinloch fue la funcionaria que presentó la acusación contra la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) en 2021, por los supuestos delitos de lavado de dinero y activos. A pesar que su participación en la violación de derechos de la ciudadanía ha sido activa, no ha sido sancionada internacionalmente.
Señalado del asesinato de manifestantes, perseguirá el crimen organizado
El fundador de la Policía Nacional (PN) y Director General de dicha institución, Francisco Díaz Madriz, es el séptimo integrante del Consejo Presidencial.
Después de toda una vida consagrada a la Policía desde 1979, consiguió el cargo de director el 24 de agosto de 2018, cuatro meses después que Aminta Granera fuese removida del cargo por orden Daniel Ortega y Rosario Murillo y en medio por la brutal represión que estaba cometiendo la institución contra las personas manifestantes en las marchas antigubernamentales.
Díaz ha sido señalado de ser corresponsable del asesinato de más de 350 personas en las manifestaciones de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hacer uso excesivo de la fuerza, realizar las detenciones contra personas opositoras, así como de aplicar torturas contra estas.
Tiene una larga lista de sanciones y restricciones impuestas por varios países de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Solo en estos seis años como director, recoge nueve de estas penalizaciones en su contra.
El Superintendente de Bancos no se salva
El Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, Luis Ángel Montenegro Espinoza, funge el cargo desde mayo de 2019 y es el octavo integrante del Consejo.
Tras su nombramiento, fue señalado de haber ocupado este puesto sin cumplir con el procedimiento que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, Ley 606. Antes de esto, trabajaba como presidente de la Contraloría de la República desde 2014, en el que se le acusó de no haber cumplido sus funciones como establece la ley.
De acuerdo con el Gobierno canadiense, el cual lo sancionó, “es responsable de la persecución de los actores financieros que se resistían a las políticas del régimen de Ortega, así como de hacer cumplir el control del régimen sobre el sector financiero. Fue nombrado para ese cargo directamente por Daniel Ortega, como recompensa por su lealtad”.
“En su anterior cargo de Contralor General de la República se aseguró de que las actividades financieras corruptas de Ortega no fueran auditadas y contribuyó igualmente al control del régimen por parte de Ortega. Por tanto, es responsable de socavar el Estado de Derecho en Nicaragua, así como de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática”, continuó. Su lista de sanciones también incluye restricciones de países de la Unión Europea y Estados Unidos.
La DGI y la DGA entre los leales del régimen, pese a su bajo perfil
Eddy Medrano Soto, titular de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), se ha esforzado por mantener un perfil bajo de su cargo desde su nombramiento en 2007.
El noveno integrante del Consejo, fue el responsable de las retenciones de papel, tinta y otras materias primas a El Diario La Prensa y Hoy, entre 2019 y 2022. Los extintos medios El Nuevo Diario y Metro también sufrieron retenciones por parte de la DGA.
Pese a las múltiples denuncias de El Diario La Prensa y de fallos a favor de este medio por parte del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo para que se entregara el papel retenido, Medrano no permitió la entrega y extendió la retención hasta más de 70 semanas, según denuncias del medio.
El capitán en retiro de la PN, Martín Gustavo Rivas Ruiz, es el actual Director General de la Dirección General de Ingresos (DGI). Al igual que Medrano, ha tenido un perfil bajo desde que asumió el cargo en 2011.
Sin embargo, una reciente investigación de la Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), reveló que el empresariado nicaragüense denunció la existencia de extorsiones por parte del régimen Ortega-Murillo ejecutadas por la DGI y la DGA.