Enviada por el Ejecutivo y aprobada en tiempo récord por la Asamblea Nacional, la reforma a la Constitución Política incumplió el plazo legal de 15 días para su publicación en el diario oficial La Gaceta, lo que la hace inválida.
Con el viejo discurso de que “el Poder lo tiene el pueblo de Nicaragua”, Daniel Ortega envió la iniciativa el 19 de noviembre de 2024. Dos meses después, el 30 de enero de 2025, la Asamblea Nacional la aprobó sin objeciones en segunda legislatura. Sin embargo, su publicación en el diario oficial ocurrió hasta el 18 de febrero, fuera del plazo establecido por la ley. El resultado es claro: la reforma es non nata o nació muerta.
Y es que, el engaño no solo radica en la velocidad con que se aprobó la reforma, sino en la omisión del requisito fundamental: el plazo legal. Según el artículo 45, 125 y 128 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 141, de la reforma parcial a la Constitución, Ortega, quien es el encargado de publicar la reforma por “cualquier medio de publicación social escrito”, debía hacerlo en un máximo de 15 días tras su aprobación final.
En el caso que Ortega no la publicare, es obligación del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras “mandar a publicar las reformas a la Constitución Política, las Leyes Constitucionales y las demás leyes por cualquier medio de publicación social escrito, cuando el Presidente o Presidenta de la República no sancionare, no promulgare ni publicare las leyes en un plazo de quince días. En este caso, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional dirigirá oficio al Director o Directora de La Gaceta, Diario Oficial, para que publique la ley en la siguiente edición”. No obstante, la publicación ocurrió cuatro días después del plazo establecido.
Ese plazo venció el 14 de febrero. Aunque para la dictadura parezca un detalle menor, el desfase anula la validez de la reforma y deja en evidencia su intento de maquillar la legalidad del proceso. En un Estado democrático, esta falta impediría su entrada en vigor. Pero en Nicaragua, donde el régimen controla todas las instituciones, ni siquiera se tomaron la molestia de publicarla en tiempo y forma. ¿Qué debía hacer Ortega y por qué la reforma no tiene validez? Aquí te lo explicamos.
Reforma carece de eficacia y fuerza jurídica
Juan Diego Barberena, abogado constitucionalista, afirme que “más allá de su carácter absolutista y cercenador de los derechos fundamentales –del cual ya se ha abundado vastamente–, carece de eficacia y fuerza jurídica porque no ha sido promulgada por los Ortega-Murillo en el plazo de 15 días que señala la Constitución y la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, esto implica que ya hoy en día esta Constitución es non nata o no nacida sin ningún efecto de fuerza jurídica, es decir, sin ninguna validez legal porque no se cumplió el plazo de presentación y publicación por parte de Ortega, o en su defecto debía publicarlo el presidente de la Asamblea Nacional una vez pasados los quince días”.
La Asamblea Nacional finalizó su debate y aprobó en segunda legislatura la reforma a la Carta Magna el 30 de enero, y quedó establecido en el artículo decimoquinto de la Constitución: “La presente Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua será publicada en la Gaceta Diario Oficial, al igual que su texto íntegro con las reformas incorporadas y la respectiva renumeración de Títulos, Capítulos y Artículos. La presente Ley de la Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua entrará en vigencia una vez sea publicada en la Gaceta Diario Oficial”.
Luego de la aprobación el plazo para la sanción, promulgación, publicación o veto de las leyes es de 15 días contados a partir del día siguiente de la entrega de los autógrafos de la ley, después Ortega, en su calidad de presidente de la República mediante una nota de prensa debió publicitar la sanción, promulgación y publicación de la reforma.
“No podemos hablar de Constitución con efectos jurídicos precisamente porque, al tratarse de la reforma a la principal norma del orden jurídico del Estado, los distintos trámites en el proceso de iniciativa, discusión, aprobación y promulgación deben guardar sigilosa observancia a las formalidades y plazos, lo cual no ha pasado en ninguna de estas etapas. Es por ello, que la Constitución orteguista de 2025 debe ser considerada como el cuarto texto constitucional non nato de nuestra historia política y constitucional”, alega Barberena.
En esos 15 días, Ortega pudo ejercer su veto según el artículo 126 de la reforma a la Constitución OrMu, sin embargo, no se conoció de este, y lo que interpretan los críticos al Gobierno, es que existía una pugna entre la pareja dictatorial en el contenido reformado.
Pugna entre la pareja dictatorial y el juego de Gustavo Porras
Félix Maradiaga, politólogo y desnacionalizado político coincide con Barberena que el retraso en la publicación de la reforma como mandata las leyes nicaragüenses, no es un error administrativo, “sino una muestra de caos y la arbitrariedad con que se gobierna en el país”.
Según Maradiaga, existe el rumor de que Ortega descubrió “goles extras” que Rosario Murillo intentó pasarle, y por ello, se detuvo la publicación, pasando por una revisión interna entre la pareja presidencial.
“Como era de esperarse, la mayoría de los revisores son fichas de Murillo, por lo que, el impasse solo fue temporal. No cambió nada o casi nada, pero dejó al desnudo la informalidad y la falta absoluta de institucionalidad en el proceso”, indica el también ex candidato presidencial.
Dado que Ortega no publicó la reforma, era responsabilidad de Porras realizarla, “por no haber cumplido el Presidente de la República con la obligación que le señala el artículo 141 de la Constitución Política, el Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua manda a publicar la presente Ley … (Aquí el número y nombre de la Ley) Por tanto: Publíquese y Ejecútese”, pero este proceso se realizó cuatro días después.
“Si se publicó fuera del plazo de ley, no es jurídicamente válida. Tampoco tiene fuerza vinculante, no es aplicable y la reforma constitucional no forma parte del ordenamiento jurídico del Estado porque no se hizo dentro del plazo de la ley, lo que terminaría en un rechazo y desconocimiento de esta”, explica Barberena.
Maradiaga enfatiza que en “cualquier Estado democrático, una reforma constitucional sigue un proceso claro, público y transparente. Se discute en instancias legítimas, se aprueba conforme a la ley y se publica en tiempo y forma para su entrada en vigencia. En Nicaragua, en cambio, lo que tenemos es un teatro de lo absurdo donde Ortega y Murillo manipulan la Constitución como si fuera un panfleto partidario, ajustándola a sus intereses y a sus pugnas internas”.
Este retraso y ahora publicación de la reforma OrMu, “deja claro que Nicaragua no es un Estado de derecho, sino un feudo donde dos autócratas imponen su voluntad sin límites ni contrapesos. En una democracia real, este tipo de anomalía generaría un escándalo y la nulidad de la reforma. En Nicaragua, en cambio, es sólo otro recordatorio de que vivimos bajo un régimen donde la legalidad es solo una farsa y el poder se ejerce con la más absoluta impunidad”, finaliza Maradiaga.