A cinco años de las protestas sociales de abril de 2018, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no sólo no ha garantizado justicia para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, sino que ha instaurado un continuo clima de “violencia” y “opresión”, enmarcado en una política centralizada y sistematizada de persecución contra ciudadanos opositores. Así lo denunció el Instituto Raza e Igualdad en el foro “Nicaragua: 5 años de crímenes de lesa humanidad”, realizado en Costa Rica, donde participó un grupo de exiliados nicaragüenses víctimas de la represión gubernamental.
María Luisa Gómez, abogada del organismo internacional, manifestó durante el evento que el control absoluto de los poderes del Estado ha permitido al régimen sandinista manipular todo este tiempo la ley y la justicia para proceder a la criminalización de todas las voces disidentes y mantener la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos.
“Algunos de los testimonios dan cuenta de la sistematicidad de estos ataques (de la dictadura), que tienen que ver con las ejecuciones extrajudiciales, privación arbitraria por motivos políticos, privación arbitraria de la nacionalidad y traslado y destierro forzado de nicaragüenses”, expuso Gómez.
Una de las asistentes en el foro fue la feminista Azahalea Solís, quien señaló que el nivel de represión de la dictadura alcanzado en 2018 no ha sido algo “espontáneo”, sino que se ha venido construyendo a lo largo de los años a través de pactos, persecución contra ciudadanos, fraudes electorales “y la entrega de Nicaragua a través de la Ley 840”.
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“Es decir, en el 2018 no fue la primera vez que ocurrieron asesinatos por razones políticas o presos políticos. Esto se fue construyendo paso a paso. El desmantelamiento de todas las instituciones que tenemos hoy fue un proceso muy paciente para llegar a la situación en la cual estamos”, planteó la opositora, quien es parte del grupo de nicaragüenses desnacionalizados por el régimen.
Solís indicó que el gran reto que ahora tiene la oposición nicaragüense es saber cómo va a reconstruir el país una vez se restablezca la democracia. “La reconstrucción debe ser completa e integral. No es una reconstrucción como la creíamos en el 2018 o 2019, es mucho más profunda y va a afectar muchas más áreas”, añadió.
Hace cinco años comenzaron en el país una serie de manifestaciones en las que miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del régimen Ortega-Murillo tras responder con la fuerza letal a los reclamos de la población.
Según Raza e Igualdad, desde 2018 hasta la fecha han sido asesinadas al menos 355 personas, más de dos mil manifestantes han resultado heridos y al menos 1,614 personas han sido privadas de libertad por motivos políticos, 36 de las cuales aún permanecen bajo custodia estatal.
Además, hay más de 250 mil exiliados, 316 personas arbitrariamente despojadas de la nacionalidad y sus derechos ciudadanos, 222 personas desterradas de su país, 185 periodistas exiliados y al menos 3,321 organizaciones de la sociedad civil cuya personalidad jurídica fue arbitrariamente cancelada.
Persecución a campesinos
Doña Francisca ‘Chica’ Ramírez, una de las lideresas anticanal más críticas de la dictadura, manifestó que, si bien el 2018 fue un año que marcó a Nicaragua por la brutal represión gubernamental, el sector campesino ha sido víctima del sistema desde años anteriores, tras su lucha en contra del fallido proyecto del canal interoceánico de Ortega y el empresario chino Wang Jing.
“La represión que el mundo conoce del 2018, los campesinos ya la vivíamos anteriormente. En el 2014 tuvimos más de 14 presos en El Chipote… En el 2015 vivimos mucha violencia, tortura, tuvimos personas que fueron tiradas con balas de plomo”, resaltó la líder campesina, también desnacionalizada por el régimen.
Ramírez denunció que durante años el campesinado ha sido un sector “perseguido” y “silenciado” por el simple hecho de exigir respeto a sus propiedades, hoy confiscadas por la dictadura. “Es triste lo que estamos viviendo los nicaragüenses exiliados. Como campesinos no tenemos la necesidad de ser desplazados y tener que trabajar en tierras ajenas teniendo las nuestras en nuestro país”, lamentó.
La lideresa anticanal expuso que, ante este recrudecimiento de la represión, es necesario que la comunidad internacional se mantenga firme en la denuncia contra la dictadura. “Como campesinos les pedimos que donde puedan alzar la voz para pedir el retorno de la democracia, que lo hagan, no queremos seguir en el exilio, pero sabemos que la pareja criminal que está enferma de poder no nos deja tener paz en nuestro país”, finalizó.
Por su parte, Azucena López, representante de la Asociación Madres de Abril (AMA) y madre de Antonio Jiménez, joven asesinado en julio de 2018 en Masaya, durante la denominada “Operación limpieza”, denunció que después de cinco años sigue siendo “maltratada” por el régimen tras el reciente secuestro policial de su hermana y cuñado, quienes fueron llevados a El Chipote.
“Estoy aquí representando a más de cien madres que exigimos justicia, pero una justicia sin impunidad. AMA fue creada por madres para exigir justicia, porque nosotras seguimos siendo víctimas de la dictadura, porque nunca tuvimos justicia, el régimen nos la negó”, manifestó López.
Además del evento en San José, Raza e Igualdad realizó otro similar en Washington D.C.,en el que se trataron temas como los crímenes de lesa humanidad e impunidad o la violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes. En dicho panel participaron periodistas, excandidatos políticos, defensores de derechos humanos y estudiantes.