La Corte Suprema de Estados Unidos emitió las últimas resoluciones de su periodo 2025-2026, marcando una línea divisoria sobre los alcances del poder presidencial de Donald Trump durante su segundo mandato. La mayoría conservadora del tribunal le otorgó al mandatario victorias contundentes que le permiten aplicar duras políticas antiinmigración. Sin embargo, el mismo tribunal frenó sus intentos de sobrepasar los límites de la Constitución estadounidense, estableciendo un balance de poder que impacta directamente a la diáspora centroamericana y a las políticas de seguridad regional.
Las decisiones, que en varios casos cruzaron las líneas ideológicas de los magistrados, envían un mensaje claro: el Ejecutivo estadounidense cuenta con un amplio margen de maniobra administrativa para ejecutar expulsiones y controlar la frontera, pero carece de autoridad para reescribir unilateralmente los derechos civiles fundacionales o usurpar las facultades económicas del Congreso.
El fallo de mayor perfil y peso histórico fue la anulación de la orden ejecutiva que Trump firmó el 20 de enero de 2025, el día en que retornó al poder, con la cual buscaba negar la ciudadanía por derecho de nacimiento a hijos de padres indocumentados o con visados temporales. Una coalición de 24 fiscales generales, encabezada por Letitia James de Nueva York, presentó un escrito ante el Supremo instando a rechazar este “ataque sin precedentes”.
El máximo tribunal dictaminó que la medida del presidente carece de validez legal. La decisión reafirma que “todo niño nacido en Estados Unidos es ciudadano de Estados Unidos”, un principio establecido por la Decimocuarta Enmienda, ratificado en 1898 en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark y codificado en la ley federal.
Demócratas claman victoria
Para los líderes demócratas de los Caucus Hispano, de Asia Pacífico y Negro del Congreso, el fallo supone una clara victoria sobre Trump. En un comunicado conjunto, los congresistas Adriano Espaillat, Grace Meng e Yvette Clarke afirmaron que el intento del presidente de “redefinir quién puede ser estadounidense ha fracasado”. Por su parte, la fiscal Letitia James, celebró que esta garantía constitucional protege a millones de familias, recordando que “nuestro país fue construido por inmigrantes y nuestra fortaleza proviene de quienes llegan aquí en busca de una vida mejor”.
Si bien los derechos constitucionales dentro del territorio se mantuvieron firmes, la Corte Suprema avaló las políticas más restrictivas del Gobierno en las fronteras y en los programas de alivio migratorio temporal, afectando directamente a miles de nicaragüenses, hondureños y salvadoreños. Las decisiones se aprobaron con los votos a favor de los seis magistrados conservadores y los disensos de las tres juezas liberales.
El Supremo autorizó a la Administración republicana a poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350 000 haitianos y 6100 sirios, dejándolos expuestos a la deportación. La opinión mayoritaria concluyó que la ley de 1990 que regula el TPS impide a los jueces revisar las decisiones del Gobierno sobre estas protecciones. Este fallo sienta un precedente alarmante y pone en peligro a los aproximadamente 1.3 millones de personas de 17 países que contaban con ese estatus al regreso de Trump al poder.
Durante el litigio, los demandantes reclamaron por los comentarios despectivos de Trump, quien llegó a acusar sin base a inmigrantes haitianos de comer mascotas en Ohio, pero los jueces conservadores determinaron que “ninguna de las expresiones es abiertamente racial”. El equipo legal de los afectados advirtió que la revocación del TPS resultará en “la muerte violenta e innecesaria de miles de personas inocentes” que habían huido en busca de seguridad.
El golpe al asilo
Adicionalmente, el tribunal permitió que la Administración rechace a solicitantes de asilo en la frontera con México. La mayoría conservadora dictaminó que los migrantes que se encuentran del lado mexicano no “llegan” a territorio estadounidense por el simple hecho de “intentar, sin éxito, entrar en este país”.
Esta medida avala la reactivación de una polémica política destinada a reducir drásticamente el número de migrantes que las autoridades procesan, lo que inevitablemente agravará el embudo humano en las ciudades fronterizas mexicanas. En su disenso, la jueza liberal Sonia Sotomayor fue categórica: “Las consecuencias de la decisión de hoy son predecibles: más personas morirán”.
En el ámbito económico e institucional, la balanza de victorias y derrotas continuó oscilando. La Corte Suprema determinó que el presidente no tiene la autoridad para imponer aranceles de forma unilateral a otros países bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Este fallo impide que la Casa Blanca utilice estatutos de emergencia para eludir al Congreso, desarmando así una de las principales amenazas de Trump para extorsionar a México y a los países centroamericanos con el fin de forzarlos a aplicar sus políticas migratorias.
Por el contrario, el tribunal expandió el control de Trump sobre la burocracia federal. En el caso Trump v. Slaughter, la Corte anuló una jurisprudencia de más de 90 años y dictaminó que el presidente tiene la autoridad de despedir a voluntad a los miembros de agencias independientes. Los magistrados argumentaron que los subordinados que ejercen el poder presidencial deben estar sujetos a su remoción directa para garantizar la rendición de cuentas frente al electorado.
El freno a los aranceles unilaterales
Sin embargo, el tribunal también delineó fronteras claras en el ámbito económico exterior. En la resolución del caso Learning Resources v. Trump, los magistrados determinaron que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente norteamericano a imponer aranceles de forma unilateral a otros países bajo la justificación de una emergencia nacional. Esta decisión impide que la Casa Blanca utilice estatutos de emergencia para eludir la autoridad del Congreso en materia de impuestos comerciales, frenando una de las herramientas de presión geopolítica preferidas por la actual Administración.
El saldo final de este periodo judicial deja un panorama complejo: un Poder Ejecutivo fortalecido en su capacidad de fuego administrativa y de control fronterizo, pero contenido por las cortes cuando intenta alterar el andamiaje constitucional y las competencias arancelarias del poder legislativo. Para Centroamérica, el mensaje se traduce en una realidad implacable: el muro legal para el asilo y la permanencia temporal se ha alzado más que nunca, aunque los derechos civiles fundamentales dentro de las fronteras estadounidenses lograron resistir la embestida.
Para Centroamérica, el saldo de este periodo judicial plantea un escenario de alta vulnerabilidad operativa y un respiro estructural. Mientras la maquinaria de deportación y el bloqueo fronterizo operarán con el aval del máximo tribunal, los intentos de la Casa Blanca por alterar el tejido constitucional y demográfico a largo plazo han sido neutralizados.
Con información de EFE y CBS News