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Costa Rica ante el bicentenario: Los problemas opacan al “oasis”

Yadriela Cabello tomó un bus de madrugada hacia Panamá el dos de septiembre de 2021 después de 602 días de haber llegado a Costa Rica porque dos primos le habían dicho que este país era, en efecto, el mejor refugio posible donde vivir con la tranquilidad y las oportunidades que se habían borrado en su natal Venezuela. Se marchó sola, pero en el camino a la estación discutió con uno de ellos, que le reprochaba que se marchara y no aprovechara las ventajas del país costarricense cuyo mayor indicador de buena vida se resume así: todavía llegan millares de migrantes de Venezuela, El Salvador y sobre todo Nicaragua, y apenas hay costarricenses que abandonan su pequeño país.

“Solo te recuerdo que pudiste haber conseguido lo mismo que nosotros”, le escribió José Andrés, el primo mayor, gerente en una empresa de logística en San José, a donde llegó en 2008. Aquí se casó con una costarricense con quien vive en un condominio con piscina y crían a dos niños que asisten a su escuela privada bilingüe. “Estoy muy feliz por ti, pero yo llegué muy tarde a Costa Rica y no hallé lo que me contabas”, le respondió como diciendo desde su experiencia lo que numerosos estudios han señalado en años recientes: el modelo de bienestar ‘tico’ flaquea ante el crecimiento de la desigualdad, el agotamiento de los beneficios sociales, los problemas de convivencia interna, la penetración del crimen organizado y una economía que ya venía enferma antes del shock de la pandemia. 

La celebración del Bicentenario, ahora que se cumplen 200 años desde la Independencia, es más una reflexión que una fiesta. La incertidumbre política y el aumento de la intolerancia política somete a presión a un sistema institucional vigente y que ha sido un factor de la estabilidad por la que se reconoce a Costa Rica. La confianza en la democracia también parece resistir las tentaciones autoritarias que abundan en el barrio centroamericano, pero la reconfiguración en las esferas de poder no ofrece garantías y los estudiosos no paran de señalar advertencias. Los indicios de corrupción y, más aún, la disfuncionalidad del Estado para atender las demandas cada vez más diversas de la población repercuten en el ánimo popular y por eso no hay ambiente para bailes este 15 de septiembre, pandemia aparte.

Pobreza y desempleo

Esos desajustes no se quedan en las esferas lejanas del poder. El país aloja una crisis de calidad y alcance como nunca antes en su bien reputado sistema educativo. La pobreza estuvo estancada en 20% y saltó a 26% con el efecto pandémico en 2020. El desempleo llevaba años por encima de 10% y se duplicó en ese mismo año. La economía va bien según para quién, pues hay sectores internos frenados que solo miran crecer con potencia a otros conectados con la tecnología o negocios sofisticados orientados hacia el exterior, donde más bien faltan trabajadores formados. Yadriela se cansó de buscar trabajo, pero es maestra básica, no habla inglés y solo logró empleos ocasionales y mal pagados haciendo limpieza en oficinas vacías por el teletrabajo, hasta que le dijeron que no la necesitaban. Entonces desistió de buscar opciones en el país “paraíso”, como dice que le refirieron a este territorio que 200 años atrás era la provincia más pobre y marginada de la Capitanía General de Guatemala.

“Creo que pude haber aguantado más si no hubiera sido por la pandemia, pero nunca logré entrar bien. Mi primo sí porque llegó antes y tenía un técnico en cosas de computación. Le dieron una mano y acá se hizo profesional. El país da oportunidades a los que tienen algunas ventajas, sea una extranjera o una tica. Es lo que he visto”, explicaba Yadriela un día antes de marcharse a probar en Panamá. Su reflexión empírica es más o menos la que señalan los estudios: el Estado ha reducido su capacidad de emparejar el terreno de acceso a la riqueza para una parte creciente de la población en el lado desfavorecido de una brecha que también crece. Hasta antes de la pandemia el 10% de la población con más recursos recibe 22 veces los ingresos que capta el 10% más pobre, señaló en 2020 el informe Estado de la Nación; el promedio es nueve veces entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que Costa Rica se incorporó en este 2021.

El informe anual Estado de la Nación, un compendio de investigaciones académicas sobre la situación del país, muestra esa evolución de problemas. Los han conceptualizado en las portadas de sus distintas ediciones con imágenes de un endeble castillo de naipes, con dos mujeres de distinta generación que se miran a los ojos, un niño sentado en una hamaca soñando su futuro, un cable a punto de reventarse y una caja de cartón rotulado con el sello ‘frágil’, porque es delicado. La última, la del 2020, que contenía parte de los efectos dolorosos de la pandemia, muestra una pequeña luz dentro de la silueta oscura de una mujer que mira al horizonte, explicada así: “la sociedad posee herramientas para atender esta coyuntura: puede buscar dentro de su propia experiencia y en sus logros históricos, modos para iluminar posibles caminos. Con urgencia, pero entendiendo que dentro de la tormenta existen bases sólidas para encontrar lo que se debe hacer, en favor de las mayorías”. 

Tiempo de recuperar 

Foto: Divergentes

Ahora toca recuperar. En Costa Rica el progreso lleva mucho de añoranza. Antes todo era mejor o eso se cree. Buscan entonces las maneras de mantener algunas fortalezas, frenar los deterioros o de recuperar algunas de las ventajas que se tenían pocos años atrás. La autocalificación de los costarricenses suele ser negativa si se compara en el tiempo, pero se consuelan al compararse con los vecinos de Centroamérica en casi todas las áreas. A Costa Rica se le reconoce aún como una democracia plena y la sanidad social ha sabido responder el choque pandémico, además de que la libertad de prensa es de las más consolidadas del mundo y se sigue acreditando al país liderazgo internacional en asuntos ambientales cada vez más relevantes. También funciona el Poder Judicial con su rango de independencia y luce capaz de al menos investigar casos grandes de corrupción, como el que se destapó en junio alrededor de multimillonarios negocios de constructoras con el Estado y mantiene en la cárcel a dos poderosos empresarios.

La pregunta que se hace Ana Luisa Martínez, dueña de una pequeña tienda de comestibles al norte de San José, es cómo estas condiciones privilegiadas de Costa Rica pueden hacer que la gente le compre más para que ella pueda mantener a sus dos hijos, porque no alcanza con un bono que le da el Gobierno y el salario parcial que su marido gana como guardia de seguridad en una escuela. “Al menos tiene ese trabajito. Por dicha se metieron a robar una computadora en la escuela de mis hijos y lo contrataron a él”, dice percatándose de la ironía. Ella es nicaragüense, pero cumple 24 años de haber llegado y entiende que sus compatriotas huyan también hacia acá, como ha ocurrido de manera masiva desde la crisis social que detonó en Nicaragua en 2018. Advierte que aquí hay problemas, que es difícil conseguir empleo y que el Estado ya no ayuda como antes, pero se iría de aquí solo si fuera para traerse a las hermanas que aún viven allá. 

Ellas no viajan a Costa Rica por eso mismo, porque saben que hay poco trabajo para personas de baja cualificación y las posibilidades de recibir ayuda del Gobierno son casi nulas. El alto déficit fiscal, agravado por la baja recaudación de impuestos y el aumento del gasto durante la pandemia, asfixia al Estado y la factura la ha pagado la inversión social. 

Vista de algunas edificaciones reflejadas en los charcos provocados por las condiciones de la época lluviosa hoy en San José, Costa Rica. EFE | Jeffrey Arguedas

El gobierno de Carlos Alvarado, que llegó en mayo del 2018 con el lema ‘El gobierno del bicentenario’ y ahora poco lo utiliza, negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un ajuste fiscal que obliga a acuerdos políticos cada vez más trabajosos en una Asamblea Legislativa tomada por grupos opositores que, además, han entrado ya en la dinámica electoral por la proximidad de las elecciones presidenciales y legislativas de febrero 2022. Con esos y otros proyectos están en juego los conceptos de soberanía económica, justicia tributaria y pragmatismo político, pero “la complejidad de la situación se agrava cada día mientras esas decisiones siguen sin tomarse”, advertía el Estado de la Nación.

“Alcanzar acuerdos” es un deseo repetitivo en los debates sobre la situación del país, porque todo parece más fragmentado o fracturado. Hasta hace 20 años el país lo dominaban dos partidos que en las elecciones del 2018 solo captaron, sumados, un tercio de los votos válidos y quedaron ambos fuera de la segunda ronda. Para el proceso del 2022 se calcula participarán más de 20 partidos. Ahora hay 13 fuerzas en la Asamblea Legislativa, de solo 57 escaños. Las cámaras empresariales también se han dividido y las organizaciones sindicales rara vez actúan unidos. Varios distritos intentan separarse de su municipio para autogobernarse en lo local.

La tendencia dicta que todo el que puede vive en residenciales sin acceso público. El transporte colectivo lo utilizan casi de manera exclusiva los que no pueden tener un auto particular y la pandemia ha forzado a las personas a encerrarse en su casa más de lo acostumbrado, con sus problemas y su internet. Es común ver aún los parquecitos y las plazas de fútbol comunales cerradas con cintas amarillas. La acción en comunidad o en colectivo no pasa un buen momento, ni siquiera cuando se trata de salir a protestar a las calles. Las últimas manifestaciones masivas fueron las que convocaron unas iglesias para oponerse al matrimonio igualitario y la marcha contraria que en 2019 celebró su aprobación. El Gobierno impulsó a finales del 2020 un mecanismo multisectorial que recibió críticas por ineficaz, aunque sus defensores decían que lo importante era al menos dialogar para acercar posiciones, que en otros países ya ni eso.

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“La elevada desigualdad social que tenía el país antes del shock (de la pandemia) demuestra que, ante el impacto de la crisis, emergen las fracturas que dividen a la sociedad, y colocan a los sectores sociales que sufren pobreza, exclusión y desigualdad en situaciones de gran vulnerabilidad”(Informe Estado de la Nación 2020).

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