A dos meses del 1 de febrero de 2026, Costa Rica atraviesa una paradoja electoral. Por un lado, la mayoría de la población manifiesta tener “mucho interés” en la campaña, pero, por otro, casi la mitad del electorado no sabe por quién votar. La fotografía del momento, capturada por la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), revela un escenario inédito de bloqueo para la oposición y de consolidación para el oficialismo.
El dato más ruidoso es el 45% de indecisos. Esta cifra supera a cualquier candidato individual y convierte a la incertidumbre en la fuerza política más grande del país. Mientras tanto, Laura Fernández, la candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), se afianza con un 30% de la intención de voto, capitalizando la popularidad del Gobierno actual y la fragmentación de sus rivales políticos, ninguno de los cuales logra superar el margen de error o romper el techo del 10%.
Para entender por qué la democracia más estable de Centroamérica camina hacia las urnas con tal nivel de incertidumbre, es necesario diseccionar qué compone esa indecisión y por qué la oposición tradicional, encabezada por el Partido Liberación Nacional (PLN), no logra conectar con la ciudadanía.
¿Falta de interés o de claridad?
Es común interpretar la indecisión como simple apatía, pero los datos del CIEP sugieren un fenómeno más complejo. Si bien el 45% de los probables votantes no tiene candidato , un 56.5% de la población asegura tener “mucho interés” en la campaña electoral. Entonces, ¿por qué no deciden?
La respuesta no está en el desinterés, sino en la desconexión informativa. Al consultar a las personas que se mantienen indecisas, la razón principal, citada por un 39%, es que “les falta información para decidir”. Un segundo grupo, el 28.7%, afirma que “no ha tenido tiempo para informarse”. Solo un 16.3% indica explícitamente que “ninguna candidatura le convence”.
Esto dibuja un perfil de votante que no ha renunciado al sistema, sino que se siente desarmado para navegar entre las 20 opciones presidenciales ofertados en el proceso electoral de Costa Rica. La campaña electoral se percibe “fría” en la calle y en los hogares: el 53.2% de las personas reporta que “nunca” (23.9%) o “rara vez” (29.3%) conversa sobre política en su casa.
El estudio de panel del CIEP, que entrevistó a las mismas personas en octubre y noviembre, detectó una volatilidad significativa. Un 12.8% de los votantes cambió su preferencia en solo un mes. De estos votantes “migrantes”, un 37.7% pasó de tener candidato a engrosar las filas de los indecisos. La principal razón para caer en la indecisión fue, nuevamente, la necesidad de más información (33.7%) o la sensación de que su voto “no va a cambiar nada” (20.2%).
La barrera de la oposición y el rechazo al PLN
Mientras la indecisión reina, el oficialismo navega con ventaja. Laura Fernández (PPSO) capta el 30% de la intención de voto, triplicando a su competidor más cercano. La oposición, fragmentada y estancada, no logra convertirse en una alternativa viable para ese gran bolsón de indecisos.
El segundo lugar en las encuestas lo ocupa Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), con un escaso 8%. Le siguen Ariel Robles del Frente Amplio (5%) y Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana (4%). El resto de la oferta electoral se diluye en márgenes inferiores al 2%.
El problema del PLN y de Ramos no es solo la falta de apoyo, sino un “techo” de rechazo muy bajo. Según el CIEP, Ramos es la figura que genera más resistencia: un 30.9% del total de la población asegura que “nunca votaría” por él. Este rechazo se dispara al 40.2% entre quienes ya tienen el voto decidido.
Las razones de este rechazo son estructurales y afectan a los partidos tradicionales. El 23.8% de quienes rechazan a un candidato lo hacen porque “no les gusta su partido político” y un 23.0% por “desconfianza en la candidatura”. El PLN, como agrupación histórica, carga con el mayor peso de esta resistencia, seguido por el Frente Amplio (8.4% de rechazo general).
En contraste, Laura Fernández, aunque es la candidata oficialista, enfrenta un rechazo menor (1.7% en la población general), lo que le permite crecer con menos resistencia que sus rivales tradicionales. Sin embargo, entre los votantes decididos, su rechazo sube al 17.5%, evidenciando la polarización entre quienes apoyan al gobierno y quienes se oponen a él.
El factor seguridad: La prioridad desconectada
Esta dinámica electoral ocurre en un contexto país marcado por la preocupación. Para el 42.4% de la ciudadanía, la seguridad ciudadana debe ser el tema prioritario que aborden los candidatos. Esta cifra triplica a la segunda preocupación, que es el empleo y la economía (13.3%).
La crisis de inseguridad, evidenciada por el aumento de homicidios y la presencia de crimen organizado, domina la realidad, pero no necesariamente el debate electoral profundo. A pesar de la urgencia, la campaña no ha logrado articular propuestas que sacudan la aguja de la decisión. La ciudadanía exige respuestas claras sobre seguridad, corrupción (7.5%) y educación (7.0%), pero la “frialdad” de la campaña sugiere que los mensajes no están llegando o no son creíbles.En este vacío, el oficialismo se beneficia de la inercia.
Sin una oposición capaz de capitalizar el descontento o proponer una ruta alternativa convincente, y con casi la mitad del electorado esperando “más información” que no llega, el escenario actual apunta a una primera ronda donde la minoría organizada (el 30% oficialista) lleva la delantera frente a una mayoría desmovilizada y confundida.