Nicaragua atraviesa una nueva ola de detenciones, arrestos y ataques dirigidos hacia líderes opositores, activistas, empresarios y periodistas. El pitazo de la nueva escalada represiva inició con la publicación del calendario electoral, que definió junto a las reformas electorales de los Ortega-Murillo, las reglas de una contienda dominada por él en su totalidad. El régimen se ha encargado de eliminar de la boleta a todos aquellos aspirantes que podrían hacerle sombra. Bajo acusaciones de supuesto lavado de dinero y la invocación a la Ley 1055, “Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo”, una norma que tiene más tintes ideológicos que legales, se ha puesto bajo arresto a cinco precandidatos. De esta forma, se ha suprimido, al menos de momento, la salida electoral a la crisis sociopolítica que el país arrastra desde abril de 2018.
Según analistas consultados para este artículo, el régimen ha puesto en jaque al país, que tendrá que decidir entre dictadura y democracia. Las detenciones de las últimas semanas simbolizan que Ortega busca su permanencia en el poder a expensas de cualquier cosa. “No ha considerado izquierda o derecha, no ha considerado sandinistas o anti sandinistas, ricos o pobres; empresarios, sociedad civil o políticos. Todos estamos amenazados con la permanencia de él en el poder”, aseguró el politólogo y economista Enrique Sáenz.
Mientras la oposición es desgranada por una pareja presidencial en sus facetas más radicales, un sector de ésta –el único que tiene de momento personería jurídica– ha decidido ir a unas elecciones cuestionables. La Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) ha reiterado su presencia en los comicios de Ortega, programados para noviembre próximo, bajo el argumento de que la vía electoral es la única salida cívica al régimen y a la crisis sociopolítica.
No obstante, analistas y politólogos aseguraron a DIVERGENTES que es difícil hablar de una salida electoral bajo estas condiciones. Entonces, cabe preguntarse: ¿qué le queda a la oposición?
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Toda salida cívica pasa por la vía electoral, pero…
En el país gobernado por Ortega y Murillo, las detenciones están a la orden del día. Al menos 20 personas han sido arrestadas por la Policía Nacional, una buena parte de ellas bajo la figura de la Ley 1055, ley que no define penas ni medidas cautelares por los supuestos delitos de traición a la patria, pero que incluso así se han ejecutado allanamientos y detenciones invocándola.
Pese a que en el país había más de 120 presos políticos, las detenciones a estas figuras de oposición provocaron una ola de condena a nivel internacional. Del mismo modo que activó más sanciones en respuesta a la represión. De hecho, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) alertaron que el país se encamina a una dictadura consolidada, que ha eliminado a la oposición del proceso electoral.
“El mundo está observando”, reiteró Julie Chung, subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos este fin de semana, tras el arresto de Miguel Mora, precandidato del Partido Restauración Democrática (PRD).
Para Sáenz, la embestida radical de Ortega y Murillo “ha venido a concientizar” a la comunidad internacional sobre la verdadera naturaleza del régimen que, a pesar de que mantendrá su “circo electoral”, ha quedado descarnada frente a los últimos atropellos. En su momento, se planteó la hipótesis de que la escalada represiva del régimen estaba ideada para montar un fraude electoral, pero ahora se ha consolidado la versión de que el régimen va más allá que eso. “De un manotazo, acabó con cualquier resquicio de elección”, agregó.
Con los arrestos a Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, Ortega y Murillo sacaron del camino a los candidatos que le podían hacer sombra y que significaban un peligro para su gobierno. También se ha asegurado de inmovilizar a liderazgos opositores que eran reconocidos por sus acciones cívicas, como lo son las activistas Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona. Sumado a ellos, fueron detenidos los antiguos militantes sandinistas Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco y Dora María Téllez, todos disidentes del FSLN. Las detenciones al empresario Luis Rivas, gerente de Banpro; y José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), envía para muchos “un mensaje suicida” al gran capital nicaragüense, que durante una década mantuvo una luna de miel con el gobierno que se rompió tras el estallido social de 2018.
Para el politólogo Óscar René Vargas, el mensaje de estas detenciones es uno solo: “el poder o la muerte”. “Él sabe que si pierde las elecciones muere desde el punto de vista político, porque podrá ser perseguido por crímenes de lesa humanidad”.
Salida electoral, pero no condicionada por Ortega
Organismos internacionales de resolución de conflictos como Crisis Group han asegurado que esta represión es insostenible tanto para Ortega como para el país. Las presiones internacionales se aceleran, a medida que el régimen mantiene su represión, cuyos blancos son ahora periodistas. Las medidas que vayan a tomar Estados Unidos y la Unión Europea no son del todo claras, pero sí está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de la comunidad internacional, aseguran algunos analistas internacionales.
Para Sáenz, la salida a la crisis sí tiene que pasar por una vía cívica, como la electoral, pero no controlada por Ortega. “Lo que se ha cerrado es el circo electoral, pero a lo largo de la historia se ha demostrado que los procesos sociales no están subordinados a fechas”, explicó.
“El miedo es un arma poderosa en manos de la dictadura. Pero llega un momento en que ese miedo se desgasta, en que ese miedo termina por ser inefectivo. Tenemos el ejemplo de 1979, con la caída de la dictadura somocista”, reiteró.
Sáenz confía en que la permanencia del régimen en el poder no está en suelo firme, debido a que ninguna dictadura ni ninguna sociedad puede resistir a este modelo. “El punto de partida para cualquier cambio viene de la unidad de las fuerzas de oposición que quedan, sin ninguna distinción de ideología política”, agregó.
A pesar de ello, un sector de la oposición mantiene un discurso con el que se excluye a otra parte de la oposición que se le tacha de izquierda. La presidenta del partido CxL dijo recientemente en una entrevista que ninguno de los miembros del antiguo sandinismo son bienvenidos en su bloque liberal.
¿Cómo darle la vuelta al proceso controlado por Ortega?
Con la clausura de un proceso electoral democrático, a la oposición le quedan muy pocas opciones. Pedro Fonseca, politólogo internacionalista, asegura que todos los procesos electorales han fracasado en la última década de gobierno sandinista, y ninguno de estos escenarios ha significado el fin “de la lucha cívica”.
“Yo creo que este fracaso del supuesto proceso electoral, debería consistir más bien en un estimulante para la oposición y para la sociedad nicaragüense que condena al régimen y condena el autoritarismo gobernante”, manifestó.
Fonseca aseguró que aunque no exista una contienda libre, es importante documentar todas las violaciones del proceso en aras de una posible denuncia internacional con la que no se legitime la reelección de Ortega y Murillo.
“Yo creo que en esa vía es que tenemos que apuntar, desde una perspectiva estratégica geopolítica. Creo que las presiones actualmente tienen que intensificarse, pero sobre todo desde la perspectiva económica. Si podemos hacer lectura detenida, todas las presiones pintan a ser más económicas que políticas”, agregó el especialista.
Este martes, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó la iniciativa de Ley RENACER, que amplía el foco de sanciones hacia otros funcionarios y allegados al gobierno de Nicaragua, incluido el Ejército Nacional. Tras su aprobación, será enviada al pleno del Senado, donde se decidirá su aprobación. Las revisiones a la Ley incluye solicitar al presidente estadounidense, Joe Biden, revisar la participación de Nicaragua en el DR-Cafta.