El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene una grave persecución contra la Iglesia Católica cuyos efectos aumentan cada trimestre. Así lo detalló la investigadora Martha Molina Montenegro, autora del estudio “Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?”, en el que sistematiza todas las agresiones ocurridas contra feligreses y líderes religiosos desde el inicio del estallido social de 2018.
En el primer trimestre de 2023 se han registrado 90 agresiones contra la Iglesia, más de la mitad de las contabilizadas en todo el 2022 (161, según la sistematización realizada por Molina). Los gráficos muestran una agudización de la persecución, comparados con el primer trimestre de años anteriores. En total, Molina ha contabilizado 529 ataques desde que inició el estudio de los casos.
La tercera versión del informe fue presentado este miércoles, y analiza un nuevo patrón ejecutado por la dictadura que pretende silenciar a las voces dentro del clero y la feligresía católica. “Esta Semana Santa, varios de los laicos y miembros de parroquias que yo conozco me informaban de hostilidades que estaban ocurriendo en ese tiempo de Cuaresma, pero les daba miedo enviar información por el asedio y la persecución”, detalló la experta.
Molina expuso que en la Semana Mayor, una de las conmemoraciones más importantes para los creyentes católicos, se prohibieron 3,176 procesiones en 397 parroquias. Los mandatarios sandinistas ordenaron que no salieran los viacrucis a las calles y confinaron a los creyentes dentro del perímetro de sus templos. Fue una medida inédita en la historia de Nicaragua.
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“Para el año 2023 la Administración Pública Ortega-Murillo (sic) prohibió todas las procesiones de Semana Santa, vulnerando una vez más el artículo 29 de la Constitución Política de Nicaragua que establece que: ‘Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos’”, destaca el estudio.
Confiscación de bienes y cerco a la Iglesia
Otro de los patrones que destaca el estudio es la confiscación de propiedades que pertenecían a la Iglesia. Molina informó que hasta entonces han sido confiscados siete edificios y 32 religiosas de diversas congregaciones fueron expulsadas del país. La publicación remarca que un total de 13 medios de comunicación han sido clausurados, diez oenegés fueron obligadas al cierre por los impedimentos legales y técnicos ocasionados por las autoridades del Ministerio de Gobernación de Nicaragua. También, otros seis proyectos sociales fueron cerrados.
La represión contra religiosos ha aumentado en el primer trimestre de 2023. Un total de 16 personas que laboran en torno a la Iglesia han sido obligadas a exiliarse. También han sido expulsados tres sacerdotes. Ocho religiosos fueron desterrados (cinco sacerdotes, un diácono y dos seminaristas).
Entre las agresiones se incluyen patrones como vigilancia permanente con el objetivo de acosar, desprestigios, difamaciones, amenazas de muerte, intentos de homicidio, golpes, criminalización, procesos penales, destierros, expulsiones, prohibiciones de entradas y salidas al territorio nacional.
“Hay más agresiones y hostilidades con respecto a los informes anteriores. En los primeros años de la crisis observamos que el tipo de agresión contra la Iglesia Católica estaba encaminada más a lo que eran los ataques a los templos, profanaciones y robos. Posteriormente el tipo de agresión dejó de ser estas profanaciones y empezó a atacar a los religiosos, a difamarlos, a perseguirlos y amenazarlos de muerte”, remarcó la especialista.
Desde el 2018 hasta el primer trimestre de 2023 se registró que la principal tipología de agresiones fue la represión a religiosos. El informe documentó 193 casos hasta la fecha. En un segundo lugar se perfilan las agresiones y profanaciones a templos. Incluso, los laicos han sido blancos de ataques por parte del régimen con 79 casos reportados.
El caso más emblemático lo encarna monseñor Rolando Álvarez, quien permanece encarcelado en el Sistema Penitenciario Nacional “La Modelo” tras negarse a abordar un avión a Washington junto a otros 222 presos políticos. Álvarez fue sentenciado por los delitos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas y desacato a las autoridades. En total, la dictadura le impuso una pena de 26 años de cárcel.
El régimen de Ortega también ha impedido el retorno e ingreso de sacerdotes al territorio nacional. El informe detalla que a diez religiosos se les ha impedido la entrada a Nicaragua, tres han sido expulsados y a uno de ellos se le negó la salida del país.