Las agresiones contra mujeres defensoras de derechos humanos aumentaron a 1879 casos en septiembre de 2023, según el Sistema de Registro y Documentación de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH).
Hasta ahora, septiembre ha sido el mes más violento para las defensoras de derechos en el país centroamericano, con 337 agresiones documentadas. Esto representa un aumento del 100 % respecto al mes anterior, advierte la RNDDH.
De acuerdo con la organización, el incremento de la violencia contra las defensoras está relacionado con un aumento de los ataques racistas a activistas indígenas y negras, así como ataques discriminatorios contra aquellas que luchan por los derechos de la diversidad sexual.
Las defensoras que resguardan el derecho a la tierra y el territorio son las principales víctimas de los ataques, representando el 78 % de los casos registrados. En su mayoría, estas defensoras pertenecen a grupos indígenas, principalmente garífuna y a movimientos campesinos.
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Le siguen las defensoras de los derechos de la población LGBTIQ+, con el 7 % de los ataques; derechos de los pueblos indígenas con otro 7 %; y aquellas que luchan por el derecho a la verdad, justicia y reparación, con el 5 % de los casos.
“Este aumento está vinculado al alza de ataques contra la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH); las amenazas de muerte a grupos campesinos del departamento de Cortés y Colón; el aumento de agresiones en contra de la comunidad LGBTIQ+; y el registro de un femicidio y un transfemicidio”, señala el informe de la RNDDH.
“Estas expresiones de la violencia, dan cuenta de las prácticas racistas producto de una política de despojo en contra de las comunidades indígenas y garífunas, impulsadas por el Estado, quien figura como el principal perpetrador con un 38 %, a través de la Policía Nacional y las autoridades públicas”.
Otras defensoras víctimas de agresión también luchan por los derechos sexuales y reproductivos, y el derecho a defender el medioambiente y bienes naturales.
Policía hondureña es el mayor agresor
Entre las principales formas de violencia contra las defensoras están el hostigamiento, amenazas, violencia psicológica y desplazamiento forzado, pero también se reportan intentos de asesinato, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia física, detenciones arbitrarias, vigilancia, monitoreo y acecho.
La Policía es el mayor grupo perpetrador de estas agresiones, con el 22 % de los casos, también se suman terratenientes con el 16 % y las autoridades públicas con otro 16 %. En cuarto lugar se encuentran personas desconocidas, seguido de agentes de seguridad privada, entre otros.
La RNDDH señala que es preocupante que las fuerzas públicas ejerzan violencia contra las defensoras, porque aumenta el riesgo de impunidad y disminuye las posibilidades de recibir protección estatal, interponer denuncias ante las instituciones y acceder a la justicia; especialmente cuando se trata de delitos contra la vida.
El 51 % de los ataques ocurrieron en el departamento de Colón, donde se encuentra la organización garífuna OFRANEH, después continúa La Paz, con el 16 %. Las otras zonas del país donde se reportaron ataques son Islas de la Bahía, Cortés, Francisco Morazán, Comayagua y Olancho.
Violencia letal golpea a defensoras
Los delitos contra la vida son ejercidos principalmente contra las defensoras que resguardan el derecho a la tierra y a los territorios; así como las defensoras negras e indígenas.
Aunque la RNDDH solo documenta las agresiones contra defensoras mujeres por las desigualdades de género que enfrentan, la organización denunció en mayo de este año el asesinato del defensor de territorios, Martín Morales Martínez, quien también era miembro de la OFRANEH.
Este defensor garífuna pertenecía a la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de la Sentencia de Triunfo de la Cruz; y hacía cumplir una sentencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la reparación del derecho a la tierra ancestral del pueblo garífuna.
A esto se suma la quema de la Casa de Salud Ancestral de la OFRANEH en ese mismo período, desalojos violentos de las comunidades y la criminalización contra líderes activistas.
Todo esto ocurre en un contexto de expropiación de la tierra indígena, que es vendida por el Estado hondureño a empresas privadas para la realización de proyectos extractivos, forestales, mineros y turísticos que atentan contra las comunidades y los territorios, denuncian las organizaciones.
Las agresiones son ejecutadas por grupos terratenientes, pero en complicidad de autoridades estatales que no investigan las denuncias de intentos de asesinatos, los ataques físicos y la venta ilegal de las tierras.
“La violencia sistemática contra el pueblo garífuna continúa manifestándose en la violencia con motivos racistas enfocada en el exterminio de los pueblos de sus territorios ancestrales, los cuales son continuamente invadidos por terceros y desplazados por empresarios”, explica un reporte de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
“La campaña de odio, desprecio y estigma contra el pueblo garífuna se manifiesta en todas sus formas, han expoliado sus bienes naturales, sustraído su conocimiento ancestral y sus habitantes han sido víctimas de persecución, criminalización, judicialización, encarcelamiento, desaparición forzada y asesinatos”, agrega.
Las promesas vacías de Castro
Pese a que Xiomara Castro asumió el poder en 2022 con un discurso que apoyaba abiertamente los derechos de las mujeres, la violencia contra las defensoras de derechos no ha cambiado, mucho menos la situación de las defensoras indígenas.
“Hace años esta comunidad ha sido atacada de todas las maneras posibles para que la lucha por el legítimo derecho ancestral a la tierra sea abandonada por su gente”, cita el informe de la RNDDH .
“Señalamos que la indolencia del gobierno ante las demandas y sentencias ganadas por el pueblo garífuna es responsable de que en sus territorios permanezcan la impunidad y el crimen”, añade.
Silencio gubernamental sobre violencia estatal
Hasta ahora, Castro nunca se ha pronunciado por la violencia estatal que enfrentan las comunidades garífunas.
Solo en una ocasión, Castro expresó en redes sociales su desconocimiento por el desalojo que vive esta población por parte de la Policía Nacional y el Ejército de Honduras. Sin embargo, las defensoras refutaron esta declaración, ya que como presidenta, es la comandante de estas dos fuerzas armadas.
A casi dos años de ser la primera presidenta mujer de Honduras, sus promesas por respetar los derechos de la población siguen pendientes. En diciembre del 2022 estableció un régimen de excepción parcial para combatir a grupos delincuenciales, siguiendo el modelo autoritario de Nayib Bukele en El Salvador.
La IM-Defensoras indican que la mayoría de las agresiones ocurrieron en el marco del Régimen de Excepción; y que el ejercicio de la defensa de derechos civiles está más criminalizado que nunca.
Según el Gobierno de Castro, el régimen de Estado de excepción parcial terminaría el pasado 3 de octubre, después de extenderlo muchos meses más de lo anunciado. En la práctica, el régimen continúa.
Asesinatos de defensoras en México, Honduras, El Salvador y Nicaragua
Las agresiones y asesinatos contra defensoras de derechos humanos han aumentado en los últimos años en los países de Mesoamérica, advierte la IM-Defensoras. En el primer semestre de este año se reportaron 2217 agresiones contra defensoras de Centroamérica y México, y el asesinato de tres defensoras mujeres y un defensor hombre.
“Los Estados siguen siendo nuestros principales agresores, siendo responsables de seis de cada diez agresiones registradas”, exponen.
Mientras que en 2022, la IM-Defensoras documentaron el asesinato de 20 defensoras. Aunque la mayoría ocurrieron en México, se reportaron asesinatos en Honduras, El Salvador y Nicaragua. En ese mismo año también se reportaron al menos 4803 agresiones.
El caso de Nicaragua, se refiere al femicidio de la defensora nicaragüense, Britney Olivas. Una joven locutora de 17 años que fue asesinada por su novio, Justo Pastor Ortiz, el 10 de marzo de 2022. De acuerdo con la IM-Defensoras, Olivas trabajaba por la libertad de prensa en una organización juvenil.
En años anteriores la IM-Defensoras registró el asesinato de 45 defensoras entre 2016 y 2021, de estas 21 de las víctimas defendían el derecho a la tierra y 24 defendían los derechos de las personas LGBTIQ+, especialmente de la población trans.