A casi un año del inicio del Plan Nacional Estratégico para la Prevención, Atención, Investigación, Persecución y Sanción del Delito de Trata de Personas 2023-2027, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa sin garantizar refugios para víctimas de trata de personas.
La creación de refugios para víctimas de tráfico son uno de los estándares mínimos para la eliminación de este delito, según la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos; y es una de las obligaciones del Estado nicaragüense, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 896, Ley contra la Trata de Personas.
De acuerdo con la ley, el Estado de Nicaragua debe de garantizar “alojamiento seguro y adecuado a las víctimas”; y en ningún caso se les debe alojar en celdas preventivas, establecimientos penitenciarios, centros de retención de migrantes irregulares e instalaciones policiales o administrativas.
En el caso de los menores de edad, “el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, debe de garantizar que las víctimas del delito de trata de personas, una vez que sean puestos bajo su atención, reciban las condiciones que les garanticen sus necesidades básicas y derechos humanos y asegurar que sean ingresados a un centro de protección con el perfil de atención de las víctimas”, señala el artículo.
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Régimen incumple con sus propias leyes contra la trata
Sin embargo, el Informe sobre la Trata de Personas 2023 de la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas, reveló que Nicaragua no cuenta con refugios para víctimas, ni centros de protección, pese a que la ley que lo exige fue creada desde 2015.
Esto convierte a Nicaragua en uno de los tres países de toda la región que hizo esfuerzos insignificantes para abordar la trata de personas. Los otros dos países son Cuba y Venezuela.
Régimen ubica a las víctimas con sus familias ante falta de refugio
Además de no contar con refugios, el régimen Ortega-Murillo tampoco asignó fondos para servicios especializados para atender a las víctimas, tampoco a las organizaciones de la sociedad civil y los esfuerzos para su identificación fueron inadecuados, cita el informe.
“El Gobierno no hizo provisiones para refugios especializados o servicios de protección para víctimas de trata y, en ausencia de servicios amueblados por el Gobierno, no cooperó con la sociedad civil para financiar o remitir a las víctimas para que las apoyaran”, señala.
En el caso que las instituciones públicas dieran algún servicio de protección, la capacidad para servicios a largo plazo era mínima, la protección estatal no era extendida y las organizaciones civiles tenían una capacidad limitada para dar alguna atención.
Ante la falta de refugios, la política no oficial del régimen Ortega-Murillo es ubicar a las víctimas con miembros de la familia, de acuerdo con la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas. Esto pone a las víctimas en riesgo de revictimización porque los familiares pueden ser cómplices de la explotación.
Esto se agrava con los menores de edad. El Ministerio de la Familia tiene la responsabilidad de derivar a los niños y niñas víctimas de trata a centros de protección especiales, según la Ley 896; pero en la práctica la institución también los devuelve con sus familias, a pesar del riesgo de que vuelvan a verse atrapados en las redes de trata.
Por otro lado, los hombres, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual son especialmente vulnerables ante la ausencia de refugios, ya que son los que menos cuentan con opciones adecuadas de resguardo.
Mujeres, menores y migrantes, los grupos más vulnerables
El Departamento de Estado de EE. UU. advierte que en los últimos cinco años los traficantes de personas explotan a víctimas nacionales y extranjeras en Nicaragua, así como también explotan a nicaragüenses en el extranjero. Es decir, hay víctimas de tráfico dentro y fuera del país.
Las principales víctimas son mujeres, menores de edad y personas migrantes. “Los traficantes someten a mujeres y niños nicaragüenses a tráfico sexual dentro del país y en otros países de América Central, México, España y los Estados Unidos”, indica el informe sobre trata. Y miembros de la familia son frecuentemente cómplices de este delito.
Los últimos datos oficiales fueron brindados por la magistrada orteguista y presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, en una entrevista en el Canal 8, parte de la propaganda mediática de la dictadura, realizada el 29 de marzo de 2022.
En el programa, Ramos dijo que en 2021 se identificaron siete casos de trata de personas: seis de explotación sexual y uno de adopción regular. “Es poco, es bajo eso”, aseguró.
Mientras que de 2022 todavía no hay información oficial. Sin embargo, el informe del Departamento de Estado de EE. UU. expone que medios de comunicación nicaragüenses informaron sobre dos casos en ese año que involucraron a cinco presuntos traficantes.
“En un caso, una investigación oficial llevó a la detención de dos presuntos traficantes y a la identificación de cuatro víctimas de trata de niños”, afirma Ramos. En otro caso una mujer fue acusada de explotar a sus hijos en el tráfico sexual y fue condenada a 19 años de cárcel; y en otro, el régimen deportó sin cargos a un presunto traficante extranjero que participaba en actos sexuales comerciales con los niños.
Nicaragua sin registros oficiales sobre trata
La información que hay sobre el tráfico de personas en Nicaragua es dispersa, es mayormente documentada por medios de comunicación y casi nunca cuenta con estadísticas oficiales porque no hay datos públicos al respecto.
En Nicaragua, el ente encargado de recoger esta información es la Coalición Nacional contra la Trata de Personas, un conglomerado de 25 instituciones públicas que deben hacer cumplir la Ley 896 y es coordinado por el Ministerio de Gobernación.
A su vez, este conglomerado forma parte de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Corett), una red que integra miembros de Centroamérica, México y República Dominicana. Pese a que DIVERGENTES solicitó una entrevista con la Corett, al cierre de esta nota, la entidad no respondió.
Por su parte, el Departamento de Estado de EE. UU. identificó a 115 324 personas víctimas de trata en el mundo durante el 2022.
Servicio Jesuita para Migrantes está “en el aire” desde la confiscación de la UCA
La confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) y la cancelación de la personería jurídica de la Compañía de Jesús supuso la pérdida del Servicio Jesuita para Migrantes (SJM), cuyas oficinas quedaban en el campus de la universidad. Esta era la única organización social que quedaba en el país que se dedicaba a la defensa de los derechos de las personas migrantes.
El cierre de este espacio significa el desamparo de toda una población nicaragüense migrante, que entre 2018 y el primer semestre de 2023 ascendía a más de 605 043 personas, según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Esto representa el 9 % de la población total.
Carlos Guadamuz, abogado y defensor del Colectivo, el SJM tenía un rol muy importante para la asistencia a nicaragüenses víctimas de tráfico de personas y era la única organización que todavía trabajaba este tema desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018.
“Esto deja en desamparo a cientos de miles de nicaragüenses que nos encontramos en Costa Rica, la región centroamericana o México, donde el servicio jesuita tiene presencia y brinda importantes servicios de protección para personas víctimas de estos delitos, ya que estos países suelen ser de tránsito para el tráfico de personas”, explica Guadamuz.
El SJM también brindaba asesorías para emisión de documentos, trámites de residencia, refugio y asilo, y servía de enlace para las otras sedes de la región.
El impedimento de la labor de organizaciones civiles que se dedican a combatir el tráfico de personas violenta la Ley 896, aunque el régimen Ortega-Murillo siempre se jacta de su cumplimiento. El SJM no es el primer caso.
El artículo 8 de la Ley 896 indica que la integración de la Coalición Nacional contra la Trata de Personas debe estar constituida por una persona representante de la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos no Gubernamentales que trabajan con la Niñez y Adolescencia (Codeni). Sin embargo, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de esta organización el 20 de abril de 2022.
No obstante, desde mucho antes de 2022 el régimen Ortega-Murillo impedía la participación de la Codeni en las actividades relacionadas a la Coalición Nacional contra la Trata de Personas.
Un “plan nacional” contra la trata sin resultados
En marzo del 2022 la magistrada Ramos, presentó el Plan Nacional Estratégico para la Prevención, Atención, Investigación, Persecución y Sanción del Delito Contra la Trata de Personas 2023-2027.
Según Ramos, con este plan, Nicaragua “continúa a la vanguardia de la lucha contra este delito transnacional”. No obstante, ninguna de las acciones del plan contempla específicamente la creación de refugios y centros de protección.
El plan solo señala escuetamente en su tercera acción “atender y dar seguimiento especializado a las víctimas de trata de personas, garantizando sus derechos y medidas de protección establecidas en la Ley 896”, que hasta ahora dicha ley no se ha cumplido.
Además, no incluye las recomendaciones brindadas por la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas. Entre las recomendaciones está asociarse con las organizaciones civiles proporcionar a las víctimas servicios de atención y reintegración a corto y largo plazo e incluirlas en las reuniones de la Coalición Nacional contra la Trata de Personas.
También aumentar los fondos para la protección de las víctimas, financiar el fondo para la trata y proporcionar servicios especializados para las víctimas de la trata; y modificar a ley contra la trata de personas de 2015 para incluir una definición de trata de personas compatible con el derecho internacional.
Por otro lado, en lo que va del 2023 no se han cumplido las acciones establecidas en el plan. Según este, la Coalición Nacional debe brindar informes trimestrales que permitan evaluar su implementación; pero a diez meses de 2023, no hay informes públicos al respecto.
El plan también incluye fortalecer el “Registro Nacional único de información sobre trata de personas”, cuya creación está contemplada por la Ley 896. No obstante, no existe evidencia pública de que dicho registro existe.