Sin cumplir ninguna de las obligaciones que tiene el Estado nicaragüense con la promoción y protección de los derechos humanos, y sin responder la “Lista de cuestiones y preguntas emitida por Naciones Unidas, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo rendirá cuentas del estado de los derechos de las mujeres.
Esto será en la próxima sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que se llevará acabo entre el 16 y 21 de octubre en Ginebra, Suiza.
Entre los temas que el Estado nicaragüense debía de responder en la Lista de cuestiones y preguntas están las medidas para garantizar la igualdad de género y los derechos de las mujeres en el actual contexto político y socioeconómico.
“Sírvanse informar al Comité sobre las medidas adoptadas para hacer frente a todas las formas de violencia por razón de género contra las mujeres, en particular las que han afectado a defensoras de los derechos humanos y activistas sociales que participaban en las protestas”, solicitó la CEDAW en 2020.
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“Esto incluye la violencia física y sexual, las represalias, el acoso, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, las detenciones ilegales y arbitrarias, los malos tratos y la intimidación”, añade la solicitud.
También Nicaragua debe responder sobre el acceso a la justicia; la prevención de la violencia por motivos de género; trata y explotación de la prostitución; la situación de las defensoras de derechos humanos, nacionalidad de mujeres activistas, derechos sexuales y reproductivos, y el matrimonio y uniones tempranas; entre otros aspectos relativos a la calidad de vida de las mujeres y las niñas del país.
Sin embargo, hasta el 26 de junio de 2023, el régimen Ortega-Murillo no contestó sobre las medidas adoptadas para atender estas situaciones y reparar las problemáticas, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esto convierte a Nicaragua en uno de los tres países que no dio respuesta, de los siete países a evaluar.
Estos países son Albania, Bután, Guatemala, Malawi, Filipinas, Uruguay, Francia y Jamaica, estos dos últimos, tampoco respondieron las listas de cuestiones y preguntas.
Nicaragua ratificó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer desde 1981 y la sesión que se llevará a cabo servirá para la emisión de las observaciones finales, que hasta ahora no se han realizado para el país.
Cifra de femicidios y crímenes de odio han aumentado en los últimos años
Por su parte, la Mesa Nacional LGBTIQ+ en su informe sombra presentado a la CEDAW, señaló que Nicaragua no ha cumplido sus obligaciones como Estado y al contrario, ha violentado profundamente los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual.
El informe también indica que el régimen Ortega-Murillo ha realizado medidas que “únicamente han funcionado como un intento de mejorar la imagen del Gobierno en temas de derechos humanos a nivel internacional”, pero que en la práctica no ha supuesto una mejora real de la calidad de vida de estas poblaciones.
Asesinatos de mujeres se han incrementado
La Mesa Nacional LGBTIQ+ destaca que en los últimos tres años el número de asesinatos de mujeres y personas de la diversidad sexual ha aumentado considerablemente desde la última sesión de la CEDAW realizada en 2020, pero el Estado no ha desplegado políticas efectivas para prevenir y disminuir la violencia.
La cifra de femicidios en 2021 fue de 71, en 2022 fue de 68 y hasta finales de septiembre de 2023 fue de 60, de acuerdo con el observatorio Católicas por el Derecho a Decidir.
Mientras que entre 2021 y junio de 2023, se registraron siete crímenes de odio y/o asesinatos contra personas LGBTIQ+, además de 133 denuncias de situaciones de discriminación y violencia, según el Observatorio de violaciones de derechos humanos de personas LGBTIQ+ en Nicaragua.
“Ante este aumento de violencia hacia las mujeres en general, y específicamente las mujeres transgénero, lesbianas y bisexuales; la respuesta más concreta del Gobierno se ha centrado en la publicación de la Cartilla ‘Mujer y Derechos’ en 2022, y la Cartilla ‘El derecho a elegir y el deber a respetar / diversidad’ de 2023”, señaló la Mesa Nacional LGBTIQ+.
Sin embargo, “existen referencias de que este tipo de acciones no se sostienen en el tiempo y por ende su impacto es limitado, queda en la presentación de un discurso de corto alcance al funcionario”, agregó en el informe.
Mujeres y personas LGBTIQ+ vulnerables a detenciones y campañas de desprestigio
La Mesa Nacional LGBTIQ+ advirtió que desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018, el régimen Ortega-Murillo ha mantenido medidas represivas contra mujeres defensoras de derechos humanos y activistas de la diversidad sexual.
Solo en la actualidad la dictadura mantiene a 16 mujeres privadas de libertad por motivos políticos; entretanto, desde el 2018 a la fecha fueron apresadas al menos 30 personas abiertamente LGBTIQ+, entre las cuales se encontraron seis mujeres transgénero y al menos ocho lesbianas.
Además de los encarcelamientos arbitrarios, las campañas permanentes de desprestigio han sido otro de los ataques más frecuentes. Según la organización, el género, la orientación sexual y la identidad, han sido elementos claves para sufrir unas de estas campañas promovidas por personas alienadas al régimen o por servidores públicos.
Esto ha aumentado la vulnerabilidad frente a la violencia, persecución y ataques. “La inacción del Estado estimula la reincidencia de estos servidores públicos, lo que a su vez promueve otras formas de discriminación y un aumento de agresiones a corto, mediano y largo plazo”, indicó el informe.
Mujeres LGBTIQ+ son excluidas de la participación política
En la última sesión de la CEDAW realizada en 2020, el régimen Ortega-Murillo presentó un extenso informe en el que afirmaba que durante su gestión se ha priorizado la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, en especial los relacionados con la participación política.
La Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, Ley 648, ha sido uno de los aspectos en que la dictadura sostiene que Nicaragua hay equidad de género y por lo que ha ganado el primer puesto de Latinoamérica como el país con mayor igualdad de género, según el Foro Económico Mundial.
No obstante, en la práctica, esta política excluye deliberadamente a las mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersex. El Segundo Estudio Situacional de los Derechos de las personas LGBTIQ+ en Nicaragua realizado por la Mesa Nacional en 2021, expone que sólo el 45 % de las personas encuestadas participaron alguna vez en una estructura política.
Esta participación fue mayoritariamente en actividades como capacitaciones, marchas, distribución de propaganda o mesas electorales. Solo el 12.6 % de las personas ejercieron representación del partido político, un 11.3 % lo representó en eventos oficiales y el 8.6 % representó el partido en medios de comunicación.
“Es decir, si bien las personas LGBTIQ+ en Nicaragua participan activamente en los partidos políticos, estos no les consideran dignas de ostentar una representación pública”, expresó la Mesa Nacional LGBTIQ+.
Las evaluaciones a los países comenzaron el pasado 9 de octubre y finalizará con Nicaragua hasta el 27 de octubre.