I. Dos colombianos y un senegalés
Todas las mañanas, después de desayunar, los colombianos y el senegalés suelen sentarse en el inmenso lobby de un viejo hotel de San José, sobre todo a pensar, a rumiar su nueva realidad, conectados por videollamada con sus familiares. Jonathan Ochoa y Santiago salen constantemente del hotel a explorar la capital tica, donde cada tarde llueve casi de manera programática, como un capricho tropical. Ambos son bogotanos y dicen que el senegalés —que lleva puestos unos audífonos tan grandes que le muerden ambos lados del rostro— ha salido muy poco del hotel desde que llegó deportado de Estados Unidos. De muchas maneras, Costa Rica le resulta marciana a este africano: nadie habla wólof ni francés, y tampoco entiende los códigos ni las rutinas de esta nación centroamericana que desde 2025 recibe, como “tercer país”, a deportados por la administración de Donald Trump.
Ochoa y Santiago poseen personalidades totalmente opuestas. El primero tiene 38 años, es un dicharachero nato, enfermero de profesión y no teme que la historia de su deportación se publique. El segundo tiene 43 años, es tímido, habla bajito, es ingeniero aeronáutico y pide anonimato para contar la suya. Viajó junto a su esposa y ambos cargan todavía con el miedo de la travesía. A Santiago se le nota en las lágrimas que no puede contener cuando recuerda que durante unos 20 días, él y su esposa estuvieron secuestrados por coyotes en Ciudad Juárez, en la frontera entre México y Estados Unidos. Como si todavía temiera que quienes los retuvieron y maltrataron pudieran encontrarlos también aquí, en San José.
“Mi sueño no es el sueño americano. En mi país lo tenía todo”, describe Santiago a DIVERGENTES para este reportaje que forma parte del The Deportation Project, una investigación internacional coordinada por Forbidden Stories. En Colombia tenía una empresa de asesorías para proyectos de telecomunicaciones y tendido de redes. No le iba mal. A finales de abril de 2026, en la comunidad donde vivía, comenzó a denunciar lo que, según su relato, ocurría con varias propiedades rurales: algunos de sus vecinos, dueños de esas parcelas, habían desaparecido y los terrenos eran divididos y vendidos para urbanizarlos. Santiago asegura que acudió a las autoridades, pero pocas horas después unos hombres llegaron hasta su casa para amenazarlo de muerte.
Le dieron tres días para abandonar su vivienda. Temiendo que pudieran perseguirlo también en otros lugares de Colombia, decidió marcharse junto a su esposa. Compraron un boleto de avión a Cancún, una de las rutas utilizadas por colombianos que buscan llegar a Estados Unidos. Luego siguieron hasta Ciudad Juárez, donde un taxista les ofreció ayuda para cruzar la frontera y terminó poniéndolos en manos de una red de traficantes de personas. Santiago y su esposa, que padece una condición cardíaca, pasarían allí unos veinte días secuestrados.
Después de que los coyotes les vaciaron las cuentas y les robaron casi todo, Santiago y su esposa aprovecharon una redada de las autoridades mexicanas para escapar de la casa donde los tenían. Caminaron durante unas seis horas por un canal de aguas negras, escondiéndose de todo lo que pasaba porque ya no sabían quiénes eran “los buenos” ni quiénes “los malos”. “Ya no me importaba nada”, recuerda Santiago al hablar de esos días, cuando a su esposa se le acabaron los medicamentos para mantener a raya el corazón. Cerca de las cuatro de la madrugada, ella se desmayó en sus brazos y Santiago pidió ayuda a una patrulla fronteriza estadounidense.
Ya en Estados Unidos, la desesperación cambió de forma. Santiago cuenta que pidió ver a un juez porque temía que lo devolvieran a Colombia. Una madrugada, mientras otro detenido celebraba entre duchas que regresaría a su país, él se quebró. “Ese día peleé con Dios”, precisa. Y recuerda haberle preguntado: “Dios, ¿y yo qué te he hecho? Yo no he sido malo, yo soy un buen tipo. Yo te creo, señor. ¿Por qué me haces esto?”. Poco después, dice, los encadenaron de manos y pies y los deportaron a un país que sólo habían oído mencionar en las guías turísticas. Costa Rica.
El aterrizaje en San José calmó mucho a Santiago. Desde un inicio, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Gobierno tico les ofrecieron un “trato muy distinto” al que habían recibido en Estados Unidos, donde él y su esposa pasaron ocho días detenidos en un centro en El Paso y estuvieron separados los primeros tres. Al bajar del avión de deportación les quitaron las esposas, les entregaron un documento que decía “Bienvenidos a Costa Rica” y los trasladaron al hotel, donde Santiago se reencontró con algo que no veía desde que salió de Colombia: una cama hecha.
En el hotel conoció a Jonathan Ochoa, el enfermero, quien también huyó de Colombia empujado por el mismo mal con el que esa sociedad lleva décadas lidiando y que, pese a los esfuerzos por contenerlo, todavía persiste de manera soterrada en la ruralidad: la violencia.
Ochoa trabajaba como enfermero del Estado en un centro de salud rural. Después de un combate atendió a un comandante paramilitar herido de bala. Poco después llegaron miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a reclamarle por haberlo atendido. “Acá todo el que llegue a este centro de salud será atendido”, les respondió. Le dieron doce horas para abandonar el país y en 2022 huyó con su esposa hacia Estados Unidos.
En Estados Unidos vivió casi tres años. Trabajaba manejando una grúa y tenía permiso de trabajo, número de Seguro Social y licencia de conducir. Nada de eso sirvió. Fue detenido el 20 de noviembre de 2025 por los oficiales de ICE, es decir el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. El 9 de diciembre recibió una orden de deportación y permaneció detenido hasta el 6 de marzo de 2026, cuando fue enviado a Colombia. Su esposa, embarazada y con sus tres hijos en Alabama, entró en una crisis emocional, según relata Ochoa. Por eso decidió intentar regresar a Estados Unidos de forma irregular. salió de Colombia el 15 de mayo, atravesó México y el 4 de junio fue detenido nuevamente cuando intentaba cruzar la frontera. Esta vez pasó 12 días detenido antes de ser deportado a Costa Rica.
Tanto Santiago como Ochoa llegaron a Costa Rica después de que San José suscribiera con Washington, el 23 de marzo de 2026, un acuerdo de “tercer país”, como parte de la política migratoria restrictiva impulsada por el presidente Donald Trump. El mecanismo permite a Estados Unidos proponer cada semana el traslado de hasta 25 personas deportadas de terceras nacionalidades, aunque Costa Rica conserva la potestad de aceptar o rechazar cada caso.
Entre el 11 de abril y el 3 de septiembre de 2026, Costa Rica recibió 20 vuelos procedentes de Estados Unidos con 424 personas deportadas de terceros países, según cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería. Los vuelos han llegado casi semanalmente, aunque con cantidades variables. Desde 12 hasta el máximo de 25 personas previsto en el acuerdo. China encabeza la lista con 84 personas deportadas, seguida de México con 68, Colombia con 52 y Brasil con 44.
De los 424 deportados, 187 —el 44%— permanecían en Costa Rica al 3 de septiembre. Otros 35 estaban en proceso de retorno y 202 ya habían salido del país. Entre quienes permanecían había 58 chinos, 33 mexicanos, 13 vietnamitas, diez brasileños y nueve colombianos. También seguían en el país los tres senegaleses enviados bajo el acuerdo y el único nicaragüense deportado por Estados Unidos a Costa Rica.
Santiago y Ochoa forman parte de ese grupo que, en vez de regresar al lugar del que huyeron, comenzó a intentar reconstruir su vida en un país del que lo único que conocían con certeza es el dicho de “pura vida”. A diferencia del senegalés, absorto cada mañana en sus audífonos en el lobby del hotel, San José les resulta menos marciano. Santiago encontró trabajo como salonero en un restaurante colombiano de la capital y Ochoa, cuando lo entrevistamos en julio de 2026, dijo que buscaba empleo como enfermero o conductor de remolque.
Ambos tienen un estatus migratorio que les permite permanecer y trabajar en Costa Rica mientras planean cómo reunirse con sus familias. Ochoa quiere traer a su esposa y sus hijos desde Alabama; Santiago, a su hija, que se quedó en Colombia. De alguna forma, los colombianos se compadecen del senegalés, que casi no habla con nadie, y entre ellos sacan sus propias conclusiones sobre lo difícil que debe resultarle regresar a Senegal y estar en un país que apenas entiende.
Por ahora, dice Santiago, se sienten “afortunados” de tener techo y comida mientras intentan empezar de nuevo. La OIM mantiene presencia cotidiana en los hoteles y gestiona la asistencia a los deportados. Cuando Santiago dice “afortunados”, lo hace con conocimiento de causa, porque ya ha escuchado hablar de quienes llegaron antes que ellos, antes de que existiera el acuerdo con Washington, y fueron enviados mucho más lejos, a Paso Canoas, junto a la frontera con Panamá, a un albergue del CATEM.
II. Un ruso con su familia en Monteverde
Minutos antes de las cinco de la tarde del 20 de febrero de 2025, un avión de Global X aterrizó en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. El vuelo de deportación, proveniente de San Diego, traía a 135 personas expulsadas, originarias de Asia, Medio Oriente, África, Rusia y Georgia. La compuerta del avión y los buses fueron dispuestos de manera que las cámaras de los periodistas no pudiesen captar a los migrantes que bajaban. Pero, al otro lado, en la puerta de la bodega de carga, el equipaje —si es que puede llamársele así a esos bultos— daba cuenta de la condición de los viajeros. Lo que abundaba eran mochilas infantiles de colores pastel, muchas estampadas con dinosaurios, elefantitos y princesas de Disney, y bolsas plásticas con escasas pertenencias.
Aquel primer vuelo formaba parte de una cooperación migratoria que el gobierno del expresidente Rodrigo Chaves había comenzado a tejer con la administración de Donald Trump pocas semanas después del regreso del republicano a la Casa Blanca. El secretario de Estado, Marco Rubio, había visitado San José a inicios de febrero de 2025, en una gira regional marcada por la migración, la seguridad y la relación de Washington con Centroamérica. Días después, Costa Rica aceptó recibir hasta 200 personas deportadas de terceros países, con los costos cubiertos por Estados Unidos, mientras se organizaba su eventual retorno a sus países de origen.
Chaves defendió públicamente la decisión con una frase “amor con amor se paga”. Presentó a Costa Rica como un “país puente” para las deportaciones impulsadas por Trump y justificó la cooperación como parte de la relación estrecha con Washington. Todo eso ocurrió antes del acuerdo de deportación firmado por ambos países en marzo de 2026, que formalizó el mecanismo y cambió la forma en que Costa Rica recibía a los deportados.
Seis días después de aquel primer vuelo, German Smirnov, su esposa y su hijo Timur, de siete años, llegaron deportados en otro avión. Como los demás migrantes enviados a Costa Rica durante esa primera etapa de 2025, fueron trasladados al Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), en Paso Canoas, junto a la frontera con Panamá. German recuerda un viaje de unas diez horas en bus. Al llegar a aquella zona selvática, húmeda y calurosa, una imagen les anunció de golpe el cambio de mundo: un niño completamente desnudo corría alrededor de los buses. Smirnov venía de un lugar frío, vestido con dos pantalones, camiseta y sudadera.
German es un hombre que está en forma. Además de haberse involucrado en procesos electorales en Rusia, donde asegura que intentó denunciar irregularidades, trabaja como entrenador personal. Considerado opositor por las autoridades de la autocracia de Vladimir Putin, en 2022 decidió marcharse de San Petersburgo para no terminar, según sus propias palabras, “en prisión o enviado a la guerra” contra Ucrania. Siguiendo la ruta de otro disidente, viajó a México y solicitó una cita mediante CBP One, el programa utilizado entonces para presentarse en un puerto de entrada estadounidense. Había conseguido una para el 2 de febrero de 2025, pero la administración Trump canceló el mecanismo y las citas pendientes el 20 de enero.
Sin esa vía, German decidió cruzar la frontera con su familia y entregarse a las autoridades estadounidenses, convencido de que podría solicitar asilo político. Según su relato, pasó cerca de un mes detenido, nunca compareció ante un juez y terminó esposado en un avión con destino a Costa Rica.
En el CATEM, German asegura que él y los demás deportados se “sentían presos”. Dice que al llegar les retiraron los pasaportes y otros documentos y que durante un tiempo no podían salir libremente del albergue. “Éramos como prisioneros”, resume. Según su versión, esa situación comenzó a cambiar después de denuncias públicas y acciones legales contra el gobierno costarricense, tras las cuales les devolvieron la documentación.
El CATEM funcionaba en una antigua fábrica de Faber-Castell, cerrada años antes y donada por la empresa alemana al Estado costarricense en 2018 con la condición de que se utilizara como albergue y centro de asistencia humanitaria para personas migrantes. Allí fueron alojados los deportados enviados por Estados Unidos en 2025. Meses después, la propia compañía cuestionaría ese uso y diría que nunca fue informada de que el inmueble terminaría funcionando, en palabras de sus representantes, como una “prisión”.
En junio de 2025, la Sala Constitucional ordenó definir el estatus migratorio de quienes aún seguían en el CATEM y ponerlos en libertad; después, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura describió aquella situación como una “privación de libertad de facto”. German permaneció unos seis meses en el CATEM. Su salida definitiva llegó después de que entrevistas y denuncias sobre la situación de los deportados comenzaran a circular y una comunidad de cuáqueros de Monteverde conociera el caso.
Los cuáqueros son un movimiento religioso nacido en Inglaterra en el siglo XVII que busca vivir el cristianismo de forma directa y sencilla. En el caso de los que habitan en Monteverde, son expats estadounidenses retirados y que, de cierta manera, fundaron este pueblo considerado uno de los más turísticos de Costa Rica, debido a su exuberante selva, a la que los viajeros vienen para cruzar puentes colgantes entre las copas de los árboles, ver cascadas y observar fauna tropical.
German cuenta que los cuáqueros ofrecieron recibir a varias familias con niños y él se trasladó allí con su esposa y Timur. Inicialmente fueron seis familias las acogidas por la comunidad, que les ayuda con alquiler, alimentación, atención de salud y clases de español mientras tratan de reconstruir su vida. Tres de esas familias terminaron intentando regresar a Estados Unidos y volvieron a ser detenidas en Texas.
German no quería más someter a su familia a otra osadía migratoria hacia Estados Unidos, así que comenzó a trabajar como entrenador personal y a aceptar otros empleos informales, pero todavía sigue sufriendo esos ataques de ansiedad, en especial cuando recuerda toda la travesía de la deportación. Agarra mi mano y la lleva a su pecho para que sienta el palpitar desbocado de su corazón. Para controlar esos episodios, dice que toma escitalopram, un medicamento que comenzó a usar después de que los ataques se volvieran más fuertes durante sus últimos meses en el CATEM.
Lo que más estresa a German es la situación económica de su familia y Timur, que ya ha empezado a recibir clases de español. El ruso se mueve en una vieja moto que compró para impartir sus clases personalizadas y busca cambiarse pronto del pequeño apartamento en el que viven, adornado en casi todas las paredes por los dibujos del niño, algunos con mensajes escritos en cirílico. Su esposa, Anastasiya, también consiguió trabajo en una cafetería de Monteverde.
Aunque la familia ha decidido arraigarse en Costa Rica, todavía carga con la incertidumbre migratoria. Espera que el Gobierno extienda el estatus humanitario concedido a quienes llegaron en aquellos vuelos previos al acuerdo de tercer país. German resume esa sensación con la palabra “inestabilidad”.
“Los sistemas en Rusia y en Estados Unidos funcionan igual. Reciben órdenes y hacen todo de acuerdo con esas órdenes”, lamenta German.
III. Más vuelos, Nicaragua y cuál acuerdo
Más de 3100 nicaragüenses fueron deportados de Estados Unidos durante las primeras 15 semanas de 2026, a bordo de 26 vuelos con destino a Managua. Es una cifra cinco veces mayor que la registrada en el mismo período de 2025. Human Rights First, que monitorea los vuelos de ICE, contabilizó 93 vuelos con más de 10.700 nicaragüenses expulsados durante los primeros 15 meses del segundo gobierno de Donald Trump.
El aumento comenzó poco después del regreso de Trump a la Casa Blanca. Managua empezó a recibir con mayor frecuencia y en silencio a sus nacionales deportados, una cooperación que fuentes consultadas entonces por DIVERGENTES interpretaban como parte de la cautela adoptada por el régimen Ortega-Murillo para evitar más presiones políticas de Washington.
La colaboración se ha mantenido, aunque Nicaragua no tiene un acuerdo de “tercer país” con Estados Unidos, según confirmaron a DIVERGENTES fuentes conocedoras de la relación migratoria.
Eso no ha impedido que Washington también envíe extranjeros a Nicaragua. Entre enero de 2025 y junio de 2026 fueron deportadas al país 116 personas de 16 nacionalidades, según registros del Deportation Data Project, una iniciativa académica que obtiene y analiza datos internos del gobierno estadounidense sobre la aplicación de las leyes migratorias. Entre ellos había hondureños, cubanos, ecuatorianos, guatemaltecos, colombianos, peruanos, salvadoreños, venezolanos y nigerianos.
El dictador sandinista Daniel Ortega ha criticado públicamente las deportaciones. En junio de 2025 habló del “maltrato” contra los migrantes en Estados Unidos y aseguró que los nicaragüenses tenían “las puertas abiertas” de Nicaragua. También explicó que, al aterrizar, Migración los revisaba, alimentaba y posteriormente el Ministerio del Interior los llevaba hasta sus comunidades. DIVERGENTES conoció, sin embargo, que algunos deportados también fueron sometidos posteriormente a vigilancia y visitas de autoridades sandinistas.
Al margen de los vuelos que Managua no ha dejado de recibir, tres nicaragüenses fueron enviados en agosto de 2026 a República Centroafricana, un país con el que no tenían vínculo alguno. Dos de ellos contaron que fueron subidos por la fuerza al avión en Estados Unidos, esposados de manos y pies y que solo durante el vuelo supieron su destino. En Bangui permanecían en un albergue bajo vigilancia, sin poder moverse solos y temiendo ser secuestrados. Otros 894 nicaragüenses fueron enviados a México entre enero de 2025 y junio de 2026; también hubo deportaciones a Honduras y Ecuador.
La posibilidad de ser enviados a un tercer país también pesa sobre nicaragüenses perseguidos por el régimen copresidencial. El periodista Luis Galeano, desnacionalizado por Ortega-Murillo y con una solicitud de asilo pendiente desde 2019, fue detenido por ICE en septiembre mientras trabajaba como conductor de Uber y ahora enfrenta un proceso de deportación. Organizaciones de prensa y congresistas han pedido que se considere el riesgo que enfrentaría si fuera devuelto a Nicaragua. Unos días después, ICE también detuvo a Denis Palacios, uno de los 222 presos políticos desterrados en 2023, pese a que tenía permiso de trabajo vigente y una solicitud de asilo en trámite.