Desterrados denuncian cobros bancarios de propiedades confiscadas y vigilancia de la PGR

Un grupo de nicaragüenses manifestaron que la medida del régimen Ortega-Murillo de declararlos apátridas es parte de los “crímenes de lesa humanidad” cometidos en contra de aquellos que piensan diferente

Una representación de los 94 nicaragüenses desterrados por el régimen. Foto DIVERGENTES

“Somos y seguiremos siendo nicaragüenses”. Fue la proclama que realizó un grupo de los nicaragüenses desnaturalizados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En un comunicado público, 45 de los 94 desterrados, denunciaron este nuevo “zarpazo” a sus derechos esenciales, y señalaron que esta acción represiva “desnuda la naturaleza criminal de una dictadura sin límites”. Los desnacionalizados sentenciaron que agotarán todas las instancias legales internacionales para denunciar las violaciones a sus derechos humanos.

Los 45 nicaragüenses se dirigieron a los connacionales, a los gobiernos del mundo, a Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar “la brutal agresión” del régimen Ortega-Murillo en contra de ellos y todos los ciudadanos de Nicaragua.

“Por pensar distinto y reclamar justicia, democracia y libertad, la dictadura nos despojó de nuestra nacionalidad, mediante una resolución ilegal y violatoria de nuestros derechos humanos, de la legislación nacional y de convenios internacionales. La nacionalidad es un derecho inalienable y nadie nos lo puede arrebatar”, proclamaron.

El 15 de febrero la dictadura Ortega-Murillo, a través de una resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), despojó de su nacionalidad a 94 nicaragüenses acusados por el Ministerio Público de ser “traidores a la patria”. El 9 del mismo mes, ya habían sido desnaturalizados y desterrados a Estados Unidos 222 presos políticos.

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La denuncia escrita, en la que firman figuras como la escritora Gioconda Belli, la exguerrillera Mónica Baltodano y el periodista Carlos Fernando Chamorro, plantea que esta “barbarie sin precedentes” busca “aplastarlos” civil, económica y moralmente, al eliminar sus nombres de los registros públicos de Nicaragua, confiscar sus patrimonios o declararlos “prófugos de la justicia”, entre otros, “todo con el fin de impedirnos seguir en la lucha por la democracia”.

Cobro de propiedades y vigilancia

Desterrados denuncian cobros bancarios de propiedades confiscadas y vigilancia de la PGR
Una representación de los 94 nicaragüenses desterrados por el régimen. Foto DIVERGENTES

El economista y analista político, Enrique Sáenz, uno de los 94 desterrados, denunció que, en su caso particular, el banco le continúa cobrando las cuotas de una propiedad, pese a que esta fue oficialmente confiscada por la Procuraduría General de la República (PGR), institución que el pasado primero de marzo citó a las personas que, se encuentren ocupando dichos inmuebles, se presenten a las oficinas a “formalizar” su estatus ocupacional.

“Precisamente nosotros le planteamos al banco, porque empezó a cobrar la cuota, que defina cuál es la situación con la PGR, porque nosotros no podemos seguirle pagando al banco por una propiedad que el Estado alega que le pertenece”, planteó Sáenz.

El economista afirmó que la persona que lo atendió en la entidad bancaria le respondió que hasta la fecha no ha recibido ninguna notificación de la PGR sobre esta decisión de confiscar la propiedad. “¿Quién va a pagar la deuda si ellos (el Estado) se quedan con la propiedad? ¿le van a pagar la deuda al banco? Es un tema en litigio en estos momentos”, cuestionó el ciudadano.

Por su parte, Mónica Baltodano, una excompañera de lucha de Ortega y que también fue despojada de su nacionalidad, señaló que en el grupo de los 94 desterrados hay casos en los que la PGR está haciendo visitas en las propiedades, tomando fotografías de los bienes y haciendo medidas de las mismas. Muchas de estas actualmente están siendo ocupadas por familiares de los apátridas.

“Obviamente que estas acciones pretenden aterrorizar a los ocupantes que están en los inmuebles, ya sean familias, porque hay muchos de los 94 que cuyas familias todavía están en Nicaragua ocupando esos bienes inmuebles, y aterrorizar a quienes rentan esas propiedades”, denunció la comandante guerrillera sandinista.

Baltodano añadió que con el anuncio oficial que realizó la PGR de las confiscaciones, la dictadura nicaragüense busca cómo adoptar algunas “medidas y cuidados”, porque está consciente de que estos son “actos ilegales, inconstitucionales y aberrantes”, en contra de un grupo de ciudadanos.

En tanto, el comandante guerrillero sandinista, Luis Carrión, agregó que las propiedades de la mayoría de los 94 desterrados, fueron “inmovilizadas” en el Registro de la Propiedad, con el objetivo de que no se puedan transferir a otras personas. “Esa acción de convocar a los que están ocupando los bienes tiene la intención de cobrarles a ellos un alquiler. Este proceso de confiscación se está yendo paso a paso, pero se está produciendo”, sentenció.

El grupo de desterrados manifestó que este “zarpazo” a sus derechos esenciales “desnuda la naturaleza criminal de una dictadura sin límites en lo ético, legal y político, que ha impuesto un régimen de terror que permea todos los estratos de la sociedad nicaragüense”.

Crímenes de lesa humanidad 

Desterrados denuncian cobros bancarios de propiedades confiscadas y vigilancia de la PGR
Daniel Ortega junto a la vicepresidenta designada, Rosario Murillo. Tomada de Presidencia

La declaración pública también cataloga el despojo de la nacionalidad como parte de los crímenes de “lesa humanidad” que el régimen Ortega-Murillo ha cometido desde el 2018, cuando estalló la brutal represión contra las protestas cívicas de los ciudadanos. 

“Llamamos a todos los gobiernos democráticos, en especial a los de Latinoamérica, a rechazar estos actos ilegales e inhumanos… Su solidaridad nos alienta y debilita a la dictadura. Por favor, mantengan su apoyo y rechazo al régimen orteguista, y acompáñennos en la defensa de nuestros derechos y el establecimiento de la democracia”, manifestaron.

Por último, el grupo agradeció a los gobiernos que han repudiado estas últimas acciones de la dictadura, y los que han ofrecido la nacionalidad a los 317 desterrados.

Este anuncio llega un día después de que el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren, por sus siglas en inglés), del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), concluyó en un informe que Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como funcionarios de agencias y estructuras del régimen “han cometido y siguen cometiendo graves y sistemáticas violaciones y abusos a los derechos humanos” y crímenes de lesa humanidad contra sectores de la población nicaragüense.

La publicación hace un recuento de todas las acciones represivas que investigaron los expertos a lo largo de un año, desde la constitución del Grupo, cuya información podría abrir en un futuro investigaciones de tipo penal, ya sea desde la jurisdicción universal o la justicia de los países.


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