La Procuraduría General de la República (PGR), controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, oficializó la confiscación de las propiedades de las 94 personas opositoras despojadas de su nacionalidad a través de un comunicado publicado este primero de marzo. Al mismo tiempo, la institución llama a las personas que se encuentren ocupando dichos inmuebles, “mediante arriendo usufructo u otras similares”, se presenten a las oficinas a “formalizar” su estatus ocupacional.
La PGR informó en un comunicado que la notificación es con base a las “resoluciones judiciales” emitidas el pasado 15 de febrero por los jueces del Tribunal de Apelaciones de Managua, en las que se ordenó el despojo de la nacionalidad a 94 nicaragüenses y el decomiso de sus bienes.
A estos nicaragüenses desterrados, entre ellos periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y opositores, la dictadura los declaró “traidores a la patria” los inhabilitó a ejercer cargos de elección popular y les quitó sus derechos ciudadanos de manera perpetua. Hasta ahora, el régimen sólo ha ocupado el condominio Amazonia, ubicado en Reparto San Juan, en Managua.
El pasado 17 de febrero se conoció que la Intendencia de la Propiedad entregó notificaciones a 16 viviendas del condominio Amazonia, donde vivía la periodista Sofía Montenegro y Azahálea Solís —quienes salieron de Nicaragua— para revisar sus casos por supuesta “ocupación de las viviendas”.
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A pesar de que sólo la periodista y Solís fueron acusadas y desterradas, la dictadura procedió a confiscar todos los apartamentos dentro del pequeño complejo residencial. Para ello argumentó que los documentos de compraventas que tenían los propietarios quedaban anulados porque eran “irregulares”, y por lo tanto pasaba a su propietario anterior, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA).
Esta redacción también conoció que les informaron a los dueños de los 16 apartamentos que si quieren seguir viviendo en ellos deben pagar un canon de arrendamiento de 500 dólares al Estado. Los dueños de las propiedades tienen títulos individuales de las viviendas, inscritos en el Registro de la Propiedad, y revisados por las leyes de la propiedad en los gobiernos posteriores de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños, e incluso hasta el segundo período de Daniel Ortega.
“Los terceros que se encuentran ocupando dichos inmuebles decomisados, deberán acudir a las oficinas de esta Procuraduría General de la República, para formalizar con el Estado de Nicaragua su estatus ocupacional”, orientó al respecto la PGR en el comunicado emitido este miércoles.
La institución advirtió que las resoluciones judiciales son de “ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado”, y citó el artículo 167 de la Constitución Política de Nicaragua y el artículo 12 de la Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial.
Claudio Galeno entre los afectados
Este medio también conoció que Claudio Galeno de Magalhães Linhares, quien fue el primer esposo de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, es uno de los afectados por las confiscaciones de propiedades que ejecutó el régimen sandinista en dicho condominio.
Magalhães Linhares vive en Nicaragua desde hace al menos treinta años, específicamente en el Condominio Amazonia. Tras separarse de la expresidenta brasileña, Magalhães conoció a la nicaragüense Mayra Vega, una militante sandinista histórica, quien durante los ochenta estuvo ligada a la diplomacia de la Revolución Sandinista, y actualmente es una allegada a la pareja presidencial.