Menos de 48 horas después del oficio judicial girado por una jueza de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Universidad Centroamericana (UCA) que implica su confiscación de facto, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) aprobó la creación de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro que reemplazará a la institución jesuita, luego de una sesión ordinaria realizada este jueves en la Universidad Agraria de Camoapa.
Además, el CNU nombró a las nuevas autoridades del rectorado que está conformado por catedráticos aliados de la dictadura: Alejandro Enrique Genet Cruz como rector, Luz Marina Ortiz Narváez como vicerrectora y Moisés Ignacio Palacios como secretario general.
Esto sucede en medio de un “oficio” emitido el 15 de agosto por el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua que acusa a la UCA de ser “un centro de terrorismo”, de la destrucción de universidades públicas y de la comisión de actividades delincuenciales, entre otros delitos que la universidad y la Compañía Jesuita rechaza rotundamente.
El oficio también ordena el incautamiento de todos sus bienes inmuebles, aunque hasta ahora aún no existe un fallo judicial que respalde esta medida que, para diferentes abogados, se trata del delito de prevaricato. Debido a esto, la universidad cesó todas sus actividades académicas y administrativas el día de ayer.
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Máxima autoridad jesuita reclama
Ante las acusaciones penales y la extinción de la universidad, el padre Arturo Sosa Abascal, S.J., Superior General de la Compañía de Jesús, envió esta mañana una carta de solidaridad y respaldo al padre José Domingo Cuesta, S.J., de la Curia Provincial de Centroamérica. En esta, tacha de “calumnias” las imputaciones de la dictadura y señala que con ese tipo de acusaciones “han ultrajado también los derechos de tantas personas, su reputación, su vida y sus bienes”.
“Sabemos que son totalmente falsas y sin fundamento alguno, todas las acusaciones que se le hacen a la UCA. Se le ha negado además el derecho a la legítima defensa. Un juicio justo -con una justicia imparcial-, sacaría a la luz la verdad de toda la trama que el gobierno ha venido ejecutando contra la UCA, contra otras muchas obras de la Iglesia Católica y contra miles de instituciones de la Sociedad Civil”, señala en la carta la máxima autoridad jesuita.
Sosa también demandó que se corrija la medida judicial contra la UCA y el cese de la agresión gubernamental contra ella y contra sus integrantes. Mientras tanto, la universidad continuará con sus operaciones detenidas hasta que el CNU de nuevo aviso, de acuerdo con un comunicado.
Por su parte, la Compañía de Jesús señaló que la confiscación de la UCA es una medida de la dictadura por haberse opuesto a las acciones represivas de la dictadura desde 2018. “La confiscación de facto a la UCA es el precio a pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense”, señaló en su comunicado emitido este miércoles.
La Universidad Centroamericana, que tenía 63 años de existencia, era reconocida nacional e internacionalmente como una de las mejores de Nicaragua por su calidad educativa y por haber sido la primera universidad privada del istmo.
La UCA es la universidad privada número 27 confiscada por la dictadura Ortega-Murillo desde 2021 en un contexto de cooptación a la autonomía universitaria y de los espacios de la sociedad civil.