El oficio judicial girado en contra de la Universidad Centroamericana (UCA) este 15 de agosto, a través del cual la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusa de “terrorismo” y ordena incautar todos los bienes de la institución jesuita, ha sido abierto bajo el asunto penal 000062-ORM4-2023-PN. DIVERGENTES ha tenido acceso al legajo judicial y su contenido evidencia una serie de acusaciones de carácter político en contra del recinto y sus directores: el régimen los considera “traidores” del “pueblo de Nicaragua” que “han atentado de forma continua contra la independencia, la paz, soberanía nacional y autodeterminación”.
Tal como informó DIVERGENTES, una jueza notificó sobre la acusación penal a las autoridades de la universidad jesuita este 15 de agosto. El comunicado emitido por la UCA, en el que rechazan estas alegaciones al considerarlas “infundadas”, detalla que el oficio fue girado a las 5:29 de la tarde del martes por el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, a cargo de la jueza Gloria María Saavedra Corrales.
El oficio judicial asegura que la “UCA funcionó como un centro de terrorismo, aprovechándose de las condiciones creadas con mentiras, para elevar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados y encapuchados que emplearon métodos terroristas, destruyeron universidades públicas, edificios públicos y privados, cometiendo actividades delincuenciales con armas de fuego, municiones letales, morteros, bombas molotov y objetos contundentes, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas al país y traicionando la confianza del pueblo nicaragüense que los acogió en nuestro país para que funcionaran como institución de educación superior”.
Ese recuento hace alusión a las masivas protestas sociales de 2018 contra el régimen Ortega-Murillo. El descontento popular, que desembocó en una rebelión cívica de carácter nacional y que tambaleó a la pareja presidencial, se incubó en la UCA a partir del incendio de la Reserva de Indio Maíz. Los estudiantes del recinto salieron a las calles y fueron atacados por las turbas sandinistas. Luego, con la imposición de las reformas al seguro social, los universitarios de la alma mater jesuita también se lanzaron a las calles el 18 de abril.
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Al igual que miles, fueron reprimidos con brutal violencia por policías y paramilitares que dispararon a matar. Uno de los episodios más brutales ocurrió el 30 de mayo de 2018: el padre José Idiáquez, rector de la UCA en ese momento, abrió las puertas del campus para refugiar a más de 5, 000 personas durante el ataque a la marcha del Día de las Madres, una de las más grandes manifestaciones, en la que casi un millón de personas se solidarizaron con las madres y familiares de los asesinados en abril de ese año.
De la UCA también surgieron algunos de los principales liderazgos de las protestas sociales de 2018, como Lesther Alemán y Madelaine Caracas, quienes increparon a los Ortega-Murillo durante el fallido diálogo nacional, un proceso usado por el régimen para ganar tiempo y armar grupos paramilitares. A pesar de que organismos de derechos humanos han catalogado lo ocurrido en Nicaragua a partir de 2018 como una “masacre” y hasta “crímenes de lesa humanidad”, el gobierno sandinista intenta imponer su misma narrativa: que fueron víctimas de un “intento de golpe de Estado”. En ese sentido, el oficio judicial insiste que la UCA y sus directivos “son y continúan siendo traidores al pueblo nicaragüense. Estos incidentes de violencia dejaron secuelas de luto y dolor en las familias nicaragüenses”.
Arremeten contra directivos
La jueza Gloria María Saavedra Corrales, quien tiene un largo historial condenando a los presos políticos que fueron desterrados en febrero pasado, basa sus alegaciones invocando los artículos uno, dos y tres de la Constitución Política de Nicaragua. Dice el oficio judicial: “La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, son derechos irrenunciables del pueblo y fundamento de la nación nicaragüense… cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo”.
Y continúa la justicia orteguista: “El artículo 2 señala que: ‘La soberanía nacional reside en el pueblo… y lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos… sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse esa representación’. El artículo 3 establece: ‘la lucha por la paz y por el establecimiento de un orden internacional justo son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense’. Al respecto, la UCA ha sido dirigida hasta el día de hoy, por grupos de personas que han transgredido el orden constitucional”.
Aunque no se conoce el número exacto de directivos imputados por la dictadura todavía, algunos de ellos abandonaron Nicaragua –tras ser notificados– para preservar su libertad, según fuentes allegadas al recinto. El oficio de la jueza Saavedra Corrales es enérgico contra ellos… alega “que los principales directivos de la UCA han atentado de forma continua contra la independencia, la paz, soberanía nacional y autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando a la desestabilización del país, lesionando los intereses supremos de la nación”.
“Transgredieron el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las Instituciones de la Educación Superior, al violentar la paz, la soberanía, independencia y autodeterminación, cometiendo delitos contra la integridad nacional entre otros, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado, perjudicando la unidad del país, de la familia y la comunidad”, endilga el régimen.
Provincial jesuita cierra filas con la UCA
La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús emitió un comunicado rechazando las acusaciones elucubradas por Ortega y Murillo. “Son totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones en contra de la Universidad Jesuita de Nicaragua (…) La confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema: La verdad los hará libres”, plantean.
Tras la confirmación de la acusación contra la UCA la mañana de este miércoles, la consternación y el miedo a una eventual ocupación policial generó la evacuación de los trabajadores universitarios y estudiantes que se estaban matriculando para el siguiente curso lectivo que empezaría este lunes 21 de agosto. Sin embargo, el futuro de más de 5, 000 alumnos y 546 docentes queda “suspendido” por esta medida represiva.
La provincial jesuita resaltó que esta nueva agresión en contra de la UCA no es un hecho aislado: “forma parte de una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales de la sociedad civil que están generando un clima de violencia e inseguridad y agudizando la crisis sociopolítica del país”.
Los jesuitas insisten que a partir de abril de 2018, como consecuencia de su postura en defensa de la vida de las personas que estaban siendo reprimidas por fuerzas estatales y parapoliciales, la UCA ha venido siendo objeto de constante asedio, acoso y hostigamiento de parte de las instituciones gubernamentales, expresados en mecanismos como la no extensión de certificaciones necesarias para su funcionamiento de parte del Ministerio de Gobernación, Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU); este último, excluyéndola de las universidades miembros de este órgano beneficiarias del 6 % destinado a la educación superior.
La provincial ha hecho tres pedidos a la pareja presidencial: “Que sea inmediatamente revertida y corregida la drástica, inesperada e injusta medida adoptada por el órgano judicial. Cese la creciente agresión gubernamental en contra de la Universidad y sus integrantes y que se busque una solución racional en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo y la defensa de la libertad de cátedra”.