La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desterrado este miércoles 18 de octubre a doce sacerdotes que mantenía como presos políticos, después de anunciar que alcanzaron “acuerdos” con el Vaticano. Sin embargo, entre los religiosos no se encuentra el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión.
“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, luego de sostener fructíferas conversaciones con la Santa Sede, informa a nuestro Pueblo que se logró un Acuerdo para el desplazamiento hacia el Vaticano de los 12 Sacerdotes que, por distintas causas fueron procesados, y que han viajado hacia Roma, Italia, esta tarde”, reza el comunicado difundido por el régimen.
Los sacerdotes que fueron enviados a Roma este miércoles son Manuel Salvador García Rodríguez, José Leonardo Urbina Rodríguez, Jaime Iván Montesinos Sauceda, Fernando Israel Zamora Silva, Osman José Amador Guillén, Julio Ricardo Norori Jiménez, Cristóbal Reynaldo Gadea Velásquez, Álvaro José Toledo Amador, José Iván Centeno Tercero, Pastor Eugenio Rodríguez Benavidez, Yessner Cipriano Pineda Meneses, Ramón Angulo Reyes.
“Serán recibidos en Roma, según coordinaciones, por Personal de la Secretaría de Estado de la Santa Sede”, detalla el comunicado. “El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, no ha agotado recursos para asegurar y defender la Paz que tanto atesoramos las Familias nicaragüenses, y este Acuerdo logrado con la intercesión de Altas Autoridades de la Iglesia Católica en Nicaragua y en el Vaticano, representa la Voluntad y el Compromiso permanentes de encontrar soluciones, en reconocimiento y aliento de tanta Fé y Esperanza que anima siempre a los Creyentes nicaragüenses, que somos la mayoría”.
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13 sacerdotes encarcelado por el régimen
En total, son 13 los sacerdotes que actualmente han sido apresados por el régimen Ortega-Murillo. Tres de ellos han sido condenados, incluido el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Según la IV entrega del informe “Nicaragua ¿una Iglesia perseguida?”, en los primeros ocho meses de este año (entre enero y agosto de 2023) se registran 205 ataques contra la Iglesia católica, la cifra más alta de los últimos cinco años, desde que se inició esta sistematización de datos a raíz de la crisis política de 2018.
El año pasado, ya había sido catalogado por la autora de este estudio, la abogada Martha Patricia Molina, como un “año nefasto para la Iglesia” por los 171 ataques registrados. Sin embargo, 2023 es un “año más funesto” que los anteriores.
En total, desde la crisis de 2018, cuando comenzaron las hostilidades contra la Iglesia, se registran 667 agresiones. En este registro, se contabilizan 214 agresiones contra religiosos (Nuncio apostólico, obispos, sacerdotes, religiosas, diáconos, seminaristas), estos fueron atacados, amenazados de muerte, difamados, intimidados e impedidos de realizar su actividad pastoral.
Los ataques dirigidos hacia templos fueron 117, entre lo que se registra vigilancia permanente, daños a lo interno de los mismos, disparos con armas de fuego y morteros, cobros exorbitantes y cortes injustificables de servicios básicos; incendios, saqueos, suspensión de misas, confiscaciones e inmovilización de cuentas bancarias. “El impacto económico causado por estos ataques es incalculable”, cita el informe.
El documento de más de 300 páginas sistematiza otras agresiones como el impedimento de actividades religiosas benéficas, educativas y pastorales; cierres de medios de comunicación católicos; pintas y mensajes de odios, robos y profanaciones, represiones a laicos y prohibición de procesiones y actividades campales.
De las ocho Diócesis que existen en Nicaragua, la de Managua sufrió 242 ataques, el mayor número registrado desde el inicio del Estado policial de facto en 2018.
La Diócesis con más ataques es la de Matagalpa, con 144 hostilidades sufridas. El obispo de esta Diócesis, Rolando Álvarez, se encuentra en prisión desde el año pasado, fue condenado a 26 años de cárcel, y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo desnacionalizó.
Entre el 1 y 9 de octubre pasado, la dictadura intensificó la represión en contra de la Iglesia católica, capturando a seis sacerdotes más. Los religiosos fueron trasladados a las instalaciones del Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima, en Managua, donde permanecían en “casa por cárcel”.