La Policía de Nicaragua trasladó este fin de semana a ocho sacerdotes a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote, un centro denunciado por las torturas que se cometen contra los detenidos. Los religiosos fueron apresados entre mayo y octubre, en medio de una ola de detenciones y ataques a los miembros de la Iglesia católica que se ha incrementado este año.
En total, son 13 los sacerdotes que actualmente han sido apresados por el régimen Ortega-Murillo. Tres de ellos han sido condenados, incluido el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Según la IV entrega del informe “Nicaragua ¿una Iglesia perseguida?”, en los primeros ocho meses de este año (entre enero y agosto de 2023) se registran 205 ataques contra la Iglesia católica, la cifra más alta de los últimos cinco años, desde que se inició esta sistematización de datos a raíz de la crisis política de 2018.
El año pasado, ya había sido catalogado por la autora de este estudio, la abogada Martha Patricia Molina, como un “año nefasto para la Iglesia” por los 171 ataques registrados. Sin embargo, 2023 es un “año más funesto” que los anteriores.
214 ataques contra religiosos
En total, desde la crisis de 2018, cuando comenzaron las hostilidades contra la Iglesia, se registran 667 agresiones. En este registro, se contabilizan 214 agresiones contra religiosos (Nuncio apostólico, obispos, sacerdotes, religiosas, diáconos, seminaristas), estos fueron atacados, amenazados de muerte, difamados, intimidados e impedidos de realizar su actividad pastoral.
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Los ataques dirigidos hacia templos fueron 117, entre lo que se registra vigilancia permanente, daños a lo interno de los mismos, disparos con armas de fuego y morteros, cobros exorbitantes y cortes injustificables de servicios básicos; incendios, saqueos, suspensión de misas, confiscaciones e inmovilización de cuentas bancarias. “El impacto económico causado por estos ataques es incalculable”, cita el informe.
El documento de más de 300 páginas sistematiza otras agresiones como el impedimento de actividades religiosas benéficas, educativas y pastorales; cierres de medios de comunicación católicos; pintas y mensajes de odios, robos y profanaciones, represiones a laicos y prohibición de procesiones y actividades campales.
De las ocho Diócesis que existen en Nicaragua, la de Managua sufrió 242 ataques, el mayor número registrado desde el inicio del Estado policial de facto en 2018.
La Diócesis con más ataques es la de Matagalpa, con 144 hostilidades sufridas. El obispo de esta Diócesis, Rolando Álvarez, se encuentra en prisión desde el año pasado, fue condenado a 26 años de cárcel, y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo desnacionalizó.
Molina, autora del estudio, señala que los datos presentados sobre las agresiones a las Diócesis fueron obtenidos de la página web oficial de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN). Sin embargo, la especialista dijo tener conocimiento de que la cantidad de agresiones a las parroquias es mayor de acuerdo con visitas y observaciones de campo.
Ocho sacerdotes en El Chipote
Las capturas de los seis sacerdotes, realizadas entre el primero y el nueve de octubre, no están registradas en el estudio. Las fuentes consultadas aseguran que los religiosos fueron trasladados a las instalaciones del Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima, en Managua, donde permanecían en “casa por cárcel”.
Los sacerdotes capturados fueron Julio Ricardo Norori e Iván Centeno, ambos de Estelí; Cristóbal Gadea, de Jinotega; Álvaro Toledo y Yessner Pineda, de Ocotal, y Ramón Angulo Reyes, de El Rama. Todos ellos fueron trasladados a El Chipote, junto a los sacerdotes Pastor Eugenio Rodríguez Benavides y Osman Amador Guillén, ambos de Estelí, quienes también permanecían en el Seminario en Managua desde hace semanas.
De los sacerdotes Fernando Zamora Silva, de Siuna, y de Jaime Iván Montecinos Sauceda, de Matagalpa, no se tiene información precisa de dónde se encuentran detenidos.
Iglesia católica, “fuerza moral” frente al autoritarismo
El sacerdote jesuita, José María Tojeira, vocero de la Compañía de Jesús en Centroamérica, escribe en el prólogo del informe que la persecución a la Iglesia se desarrolla en un contexto de persecución de cualquier pensamiento crítico sobre los problemas y las necesidades del país.
“Infundir miedo, silenciar voces, dejar sin trabajo o sin propiedades, espiar, maltratar a los familiares de los opositores, desaparecer personas, es parte frecuente de la represión. Encarcelar, desterrar e incluso desnacionalizar es ya parte de la estrategia”, agrega Tojeira.
El religioso considera que luego de eliminar a los opositores, “quedaba la Iglesia católica y algunas iglesias evangélicas como la única fuerza moral institucionalizada y capaz de asentar públicamente la verdad, frente a un gobierno autoritario y represivo”.