El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prepara una reforma a la Ley de Autonomía Universitaria de las Instituciones de Educación Superior, en la que la Universidad Centroamericana (UCA) desaparece de la lista de las universidades privadas que conforman el Consejo Nacional de Universidades (CNU). Además, se despoja a los centros de educación superior de la autonomía que gozaban. Los perfiles, planes de estudio, programas académicos y toda la administración universitaria tendrán que pasar por el CNU. Una medida que contraría el espíritu de la Ley de Autonomía Universitaria, que otorga completa libertad a los centros superiores.
La reforma reafirma el control del Frente Sandinista en los centros de estudios universitarios y aniquila la capacidad de autogobernarse que contaban las instituciones. En su artículo 12, la iniciativa agrega que “las Instituciones de Educación Superior someterán a la aprobación del CNU los perfiles y planes de estudio de las carreras o programas académicos de pregrado, grado y posgrado”. La anterior norma no exigía esto. En el artículo 8 de la Ley se establece que las universidades gozarán de completa autonomía, y esto incluye “elaborar y aprobar sus propios planes de estudio e investigación”.
En el artículo 47 también se estipula que los directores de los institutos y centros académicos y de investigación de las universidades miembros del CNU “serán nombrados por el CNU a propuesta del rector”. La anterior legislación estipulaba que sólo debían ser electos por el rector. De igual forma, se establece que el CNU “aprobará las normas y reglamentos que regulen la vida académica, administrativa, financiera y orgánica de los institutos y centros académicos y de investigación de las universidades miembros del CNU”. Es decir, todo pasará por la aprobación de este órgano rector cuya independencia es cuestionada debido a su acercamiento al régimen.
No se menciona a la Universidad Centroamericana
Una de las principales reformas estriba en el artículo 56, en el que se agregan los nuevos nombres de los centros confiscados por la dictadura y se deja a discrecionalidad el apartado de universidades privadas. En el punto tres se eliminaron los nombres de las instituciones. La Ley vigente sí incorpora a la UCA como parte del CNU, y por consiguiente, se beneficiaría del presupuesto constitucional del seis por ciento.
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La propuesta fue presentada este martes por el diputado sandinista Gustavo Porras. De inmediato, la iniciativa fue transmitida a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para su “análisis”, y se espera que sea “discutida” el jueves en el pleno de un Parlamento dominado por los sandinistas.
Anteriormente, eran miembros la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Bluefields Indian and Caribbean University (BICU) y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN). La Upoli fue confiscada por el régimen y cancelada su personería jurídica. Tras la cancelación se designaron nuevas autoridades y su nombre fue modificado. No se sabe si la única universidad “designada por el CNU” en la iniciativa sea la BICU o URACCAN, pues tampoco se hace referencia a ella. En este apartado se establece como parte del CNU “una universidad privada designada por el CNU”, sin revelar cuál es.
La discrecionalidad de la reforma ha provocado que se levanten las alarmas y se tema el golpe final hacia la UCA, que en los últimos años ha sufrido la asfixia económica con la reducción progresiva del presupuesto. El régimen destinó un millón de córdobas este año, lo que ha provocado que la UCA reduzca el porcentaje de las becas brindadas a sus estudiantes.
Nuevas atribuciones
La iniciativa establece nuevas atribuciones al CNU. El Consejo tiene ahora la potestad de cancelar la autorización de apertura de nuevas universidades “a aquellas que en el plazo de seis meses no obtengan la personalidad jurídica por la instancia correspondiente de conformidad con las leyes de la materia”.
Además, el CNU podrá “requerir a las instituciones de educación superior la información necesaria para su mejor desempeño y el de la Educación Superior”. Junto al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) se podrá intervenir y supervisar la gestión de las universidades.
Una de las últimas disposiciones de la norma es la derogación del artículo artículo 14, el que estipulaba que “los centros de Educación Técnica Superior se organizarán y gobernarán según lo que señalen sus leyes constitutivas, estatutos y reglamentos”.