Los fiscales del Ministerio Público de Nicaragua tienen una nueva misión: interrogar a los periodistas independientes sobre las fuentes de información que consultan para elaborar sus trabajos periodísticos, y recordarles que “mentir” y “desinformar” son delitos que están penados por la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, mejor conocida como “Ley Mordaza”. Esta ley fue aprobada en octubre de 2020 como parte de un tridente de normativas punitivas que ya son usadas contra opositores nicaragüenses. “Es un plan de amedrentamiento”, dice Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien no descarta que apliquen esta ley en contra de hombres y mujeres de prensa.
En los últimos tres interrogatorios que realizó el Ministerio Público a los periodistas Wilfredo Miranda, corresponsal de El País y Univisión; Eduardo Enríquez, jefe de información de La Prensa, y Fabián Medina, editor de ese medio de comunicación, los fiscales dedicaron buena parte del tiempo para presionarlos y coaccionarlos. Algunos elevaron el tono de su voz y tacharon a los periodistas de mentirosos.
“La fiscal insistió bastante en preguntar lo que yo hacía, quiénes eran mis fuentes. Me dijo que si yo sabía que la opinión que doy en mi columna es un delito porque no lo estoy demostrando. Hay un intento de convertir el ejercicio del periodismo en un delito”, denunció Medina.
Desde el 25 de mayo más de veinte periodistas han llegado a la Fiscalía para responder por el vínculo que tenían con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) y Cristiana Chamorro, quien permanece en arresto domiciliario y es investigada por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica por “inconsistencias en los registros financieros” de la organización que presidía.
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En ninguna declaración del Ministerio Público quedó reflejada esta parte del interrogatorio. Enríquez afirmó que se sorprendió cuando el fiscal le mencionó la Ley de Ciberdelitos y les acusó de publicar noticias falsas.
“Fui claro en decir que eso no tenía ningún sentido, que era totalmente falso. El fiscal me dijo que leía el periódico y que más bien desinformábamos. Le pregunté si tenía algún ejemplo y me respondió que no”, expuso Enríquez, quien aclaró que “llama la atención que hagan referencia a algo que no tiene nada que ver con lo que ellos están investigando”.
Para Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, la estrategia del régimen es subir el tono de la represión a los periodistas y esto se manifiesta claramente en los interrogatorios que los fiscales realizaron a Enríquez, Medina y Miranda, porque mientras a los periodistas les han preguntado únicamente por su relación con la Fundación, a estos últimos les mencionan la Ley de Ciberdelitos, los cuestionan por lo que escriben en sus artículos o columnas de opinión, y les insisten en que hacen noticias falsas y mienten.
Represión vengativa
“Es un subterfugio el que están usando. Porque en el citatorio dicen que los llaman a una entrevista relacionada con el caso contra Cristiana Chamorro. Pero luego les preguntan lo que ellos han denunciado. La escala represiva contra el periodismo está subiendo de tono, pero también está subiendo la persecución a la libertad de expresión”, aseguró Núñez.
En la entrevista con Miranda, la fiscal que estaba a cargo del interrogatorio primero le preguntó sobre su relación con la Fundación. En todo momento observó su celular y de súbito dijo que haría un receso. A su regreso a la sala tomó su teléfono, abrió el buscador y filtró el nombre del periodista.
“Yo no acostumbro a hacer esto”, dijo la fiscal, quien comenzó a criticar a Miranda por los artículos que ha escrito en Divergentes y El País. “¿Te consta a vos que la Policía se llevó la chequera de doña Violeta?”, preguntó la fiscal en referencia a un relato sobre el allanamiento de la precandidata presidencial Chamorro. “Vos viste al policía llevársela”, remarcó la fiscal. “Me baso en el relato de mi fuente”, repitió el también corresponsal de Univisión.
Lo que siguió fue una escena propia de un interrogatorio del policía malo a una víctima. La fiscal elevó el tono de voz, se burló de lo que escribió Miranda, y le dijo varias veces que era un mentiroso y faltaba a la Ley de Ciberdelitos.
Núñez considera que esta nueva forma de represión en contra de la prensa independiente es vengativa y se está cobrando de acuerdo al aporte que ha entregado cada periodista a través de sus reportajes e investigaciones. En la medida de la contundencia de sus publicaciones que han servido para desenmascarar a la dictadura, así se ensaña el régimen contra ellos, opinó la presidenta del Cenidh.
Miranda es autor del reportaje “Disparaban con precisión a matar”, un artículo periodístico que fue premiado con el premio “Rey de España”, y que fue fundamental para los informes de derechos humanos que en ese momento informaban sobre la represión gubernamental. La investigación encontró un patrón de heridas letales en cabeza, cuello y tórax de asesinados y heridos durante las protestas de 2018.
Un arma contra el periodismo independiente
La Ley de Ciberdelitos fue aprobada en octubre de 2020 y forma parte del tridente de leyes punitivas que el régimen Ortega Murillo sacó de su bolsillo para “legalizar” sus estrategias represivas en contra de todos los que se oponen a su dictadura.
Uno de los puntos más controvertidos de la Ley de Ciberdelitos, es que el gobierno se arroga la facultad de decidir qué es una noticia falsa en internet o en redes sociales, dando paso a multas hasta penas de cárcel que oscilan entre uno a seis años. Otro artículo polémico, el 39, dice que el régimen podrá obligar a los proveedores de servicios de Internet en Nicaragua a “recolectar, extraer o grabar los datos relativos a un usuario, así como el tráfico de datos en tiempo real, a través de la aplicación de medidas tecnológicas”.
La normativa para la ley, publicada en el diario oficial La Gaceta, el 26 de enero de 2021, va más allá y refuerza la disposición que los operadores de telecomunicaciones en Nicaragua, tanto de telefonía e Internet, están obligados a preservar por un año los datos de los usuarios.
Si bien la ley no tiene ese carácter tecnológico de persecución que la gente fantasiosamente le asigna, creyendo que la van a ocupar como una forma de intervenir y de hackear, en realidad es una muy buena herramienta para la Fiscalía, la policía y las autoridades de solicitar medios tecnológicos al convertirse cualquier expresión en estos medios sociales en un delito.
“Empezaron con la persecución en contra de Cristiana Chamorro. Después aplicaron la Ley 1055 (Ley de Defensa de los Derechos del pueblo) a un grupo de opositores. Y ahora ocurren estas presiones en contra de los periodistas. Es como un anuncio de que van a aplicar la ley y eso no me extrañaría”, afirmó Núñez, quien instó al periodismo independiente a seguir haciendo su trabajo, no paralizarse ni bajar el tono.
Cristopher Mendoza, miembro de la comisión ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), coincide con Núñez sobre el incremento de la represión contra los periodistas independientes y considera que el objetivo del régimen es callar la voz de hombres y mujeres de prensa cuyo trabajo ha sido fundamental para desnudar las violaciones de derechos humanos de la dictadura orteguista.
“El periodismo solo ha evidenciado lo que ha hecho el régimen. Intentan silenciarnos a partir de generar terror. Lo que no saben es que la participación del periodismo nicaragüense ha sido histórica y ha denunciado cada una de las violaciones y fechorías de Daniel Ortega”, indicó Mendoza.
El representante de PCIN recordó que el periodismo ha corrido riesgos siempre. Recordó el asesinato de Ángel Gahona, quien murió cuando realizaba una cobertura a las protestas ciudadanas en Bluefields. También el encarcelamiento de Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau de 100% Noticias.
“Ahora suben la parada y claramente nos están tratando de amenazar. Es una escalada en contra del periodismo. Lo intenta desprestigiar ante la sociedad nicaragüense y también tratan de criminalizar este quehacer que es parte de un derecho humano”, finalizó Mendoza.
La Unión Europea a través de un comunicado condenó las acciones del régimen contra los partidos de oposición, los medios de comunicación, los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil, incluida la detención y el arresto sistemáticos de posibles candidatos presidenciales y líderes de la oposición.