La Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales del Departamento de Estado de los Estados Unidos ha recomendado a los inversionistas internacionales tener “suma cautela” al momento de valorar hacer negocios en Nicaragua. En un análisis sobre el clima de inversión para 2024 difundido esta semana, el buró advierte que en el país se “mantienen suspendidos los derechos civiles garantizados por la constitución, las detenciones de presos políticos, las confiscaciones de la propiedad privada y su desprecio al Estado de derecho, creando un clima de inversiones plagado de riesgo reputacional y regulación arbitraria”.
Se trata de una larga advertencia dirigida a los inversionistas, en especial a los estadounidenses, que hace un repaso sobre el clima político y económico bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Si bien reconocen que Nicaragua mantiene variables macroeconómicas estables, alertan que casi todas las instituciones financieras internacionales han dejado de otorgar nuevos préstamos a Nicaragua y la mayoría del financiamiento externo se reducirá para 2025.
“Después de llevar a cabo un masivo fraude electoral y encarcelar a sus oponentes, el régimen Ortega-Murillo se aseguró un cuarto período presidencial consecutivo en noviembre de 2021”, contextualiza el análisis de la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales. “El régimen ha revocado el registro legal y confiscado los activos de más de 3 600 organizaciones sin fines de lucro –ONG– supuestamente por presentar un alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En febrero de 2023, poco después de expulsar a más de 200 presos políticos a los Estados Unidos, el régimen los despojó de su nacionalidad nicaragüense, los borró del registro civil, congeló sus cuentas bancarias y les confiscó de sus bienes”.
A renglón seguido, el análisis destaca la represión endurecida en contra del sector privado, en especial el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y todas sus cámaras a partir de 2023, cuyos bienes fueron confiscados.
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El Departamento de Estado recuerda a los inversionistas que las cámaras empresariales por décadas jugaron un papel clave en el sector privado de Nicaragua abogando por la comunidad empresarial y por políticas comerciales. “Las empresas ahora deben establecer contacto directamente con el gobierno autoritario de Nicaragua, con frecuencia a un mayor costo para las empresas y desde una posición negociadora más débil”, apuntan.
Leyes que causaron alarmas entre los inversionistas
El análisis asegura que un cóctel de leyes represivas, encabezadas por la Ley de Agentes Extranjeros, junto a las extorsiones en materia aduanera han causado alarma entre los inversionistas que operan en Nicaragua. Del mismo modo señalan el control sobre los espacios públicos ejercido desde inicios de 2024 por el Ministerio del Interior (Mint), específicamente en la industria de los espectáculos y shows en vivo.
“En 2020, la Asamblea Nacional aprobó seis leyes represivas que causaron alarma entre los inversionistas. Algunas de las más preocupantes son: una ley de agentes extranjeros que obliga a organizaciones e individuos a reportar todo apoyo extranjero y que impide a cualquier persona que recibe financiamiento externo ser candidato a cargos de elección popular; y una ley de protección al consumidor que podría impedir a instituciones financieras tomar decisiones independientes sobre brindar o no servicios a clientes financieros, incluyendo a las entidades sancionadas por la OFAC”, recoge el análisis. “Las autoridades impositivas, según reportes, han expropiado bienes tras imponer cobros de impuestos arbitrarios y encarcelado a personas, sin el debido proceso, hasta negociar y obtener el pago de impuestos. Las multas arbitrarias e inspecciones aduaneras perjudican a las empresas que usan o venden productos importados”.
Uno de los detalles principales que revela el análisis del Departamento de Estado es que, en respuesta a la profundización del autoritarismo del régimen Ortega-Murillo, casi todas las instituciones financieras internacionales han dejado de otorgar nuevos préstamos a Nicaragua y la mayoría del financiamiento externo se reducirá para 2025.
La profundización de la alianza entre Managua y la República Popular de China preocupa a los Estados Unidos, ya que ha originado promesas de inversión y comercio que hasta la fecha no han producido resultados significativos.
A pesar de la represión y pobreza creciente, continúa el análisis, Nicaragua sigue mostrando estabilidad en sus variables macroeconómicas, incluyendo un récord en remesas de $5 mil millones en reservas en moneda extranjera, una carga de deuda externa sostenible y un sector bancario adecuadamente capitalizado.
“Proyecciones independientes predicen que la economía de $17 mil millones de Nicaragua crecerá cerca de 3.5% en 2024. La inflación se redujo al 6% en términos interanuales en diciembre de 2023. El costo de la canasta básica alcanzó un precio récord de $540 al mes en diciembre de 2023, más del doble del salario mínimo de $240”, enumera variables la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales. “El sector formal aún se mantiene por debajo del pico de 2017 con unos 120 000 puestos de trabajo menos, y las familias nicaragüenses ahora ganan 20% menos en promedio en términos reales, en comparación a 2017. A raíz de una ola sin precedentes de cientos de miles de migrantes nicaragüenses hacia los Estados Unidos en 2022 y 2023, las remesas familiares crecieron a un nuevo récord de $4.7 mil millones en 2023 –cerca del 30% del PIB de Nicaragua— impulsando el gasto en consumo local y generando ingresos tributarios significativos”.
En ese contexto político y económico, la oficina del Departamento de Estado les dice a los inversionistas que Nicaragua aún muestra un potencial de crecimiento significativo “siempre y cuando se pueda restablecer la confianza de los inversionistas mediante el fortalecimiento de las instituciones y del Estado de derecho”.
“Sus activos (de Nicaragua) incluyen: amplios recursos naturales; un sector agrícola bien desarrollado; y acceso directo a grandes rutas marítimas. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua – representa el 30% de las importaciones de Nicaragua y es destino del 55% de sus exportaciones–”, sostienen.
Régimen busca “normalidad”
El Departamento de Estado también resalta que el régimen Ortega-Murillo busca inversión extranjera directa para proyectar normalidad y dar señales de apoyo internacional. Sostienen que, debido a que las fuentes de inversión directa tradicionales han disminuido en medio de la continua crisis política, el gobierno ha buscado cada vez más inversión de países ideológicamente compatibles como la República Popular de China, Rusia e Irán.
“Los incentivos a la inversión apuntan a empresas con enfoque exportador que requieren grandes cantidades de mano de obra no calificada o con baja calificación. Las leyes y prácticas locales generalmente no dan trato diferenciado a inversionistas extranjeros y locales. Los inversionistas extranjeros reportan retrasos significativos en la obtención de permisos de residencia, requiriendo viajes frecuentes al exterior para renovar sus visas”, sostienen.
En octubre de 2022, el Gobierno eliminó ProNicaragua —la agencia oficial de promoción de inversiones y exportaciones— para crear una nueva Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones. Estados Unidos explica a los inversionistas que esta nueva agencia está directamente bajo el control de la Presidencia Ortega-Murillo y tiene autoridad para firmar acuerdos de inversión a nombre del gobierno.
“La promoción de inversiones y exportaciones en Nicaragua está altamente politizada y dirigida por el hijo del presidente y la vicepresidenta, sancionado por la OFAC, Laureano Ortega, quien funge como Asesor Presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional”, advierte el Departamento de Estado. “Las conexiones personales con individuos cercanos al régimen son cruciales para los extranjeros que invierten en Nicaragua. Aunque las autoridades municipales y ministeriales pueden tomar decisiones relevantes para las empresas extranjeras, todas las medidas están sujetas a la aprobación de facto de la Presidencia”.