El Departamento de Estado de Estados Unidos agregó a nueve funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, conocida como “Lista Engel”. Esta Ley bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos generalmente hace que las personas no son elegibles para visas y admisión a Estados Unidos. Nicaragua tiene 51 individuos sancionados por Estados Unidos. Además, están sancionadas siete empresas que pertenecen al círculo de Ortega y Murillo y dos instituciones del Estado: la Policía Nacional y el Ministerio Público.
La institución estadounidense informó que las sanciones se deben porque estos funcionarios “han socavado los procesos democráticos o las instituciones de Nicaragua”. Cuatro de los funcionarios ya han sido sancionados por la administración estadounidense.
Los nueve funcionarios son Cairo Melvin Amador, actual vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell, actual miembro del CSE; Brenda Isabel Rocha Chacón, actual presidenta del CSE, Karla Chavarría, jueza del distrito noveno de Managua; los diputados Wálmaro Gutiérrez, Wilfredo Navarro, Gustavo Porras, Edwin Castro y María Haydée Osuna.
En noviembre del año pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó la Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua (Renacer).
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Inicialmente la “Lista Engel” solo afectaba a funcionarios del Triángulo Norte: Honduras, Guatemala y El Salvador. Pero en este caso ha sido aplicada por primera vez a funcionarios nicaragüenses.
“Continuaremos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas por corrupción y otros ataques a la seguridad, la estabilidad y las aspiraciones democráticas de los pueblos de Centroamérica”, aseguró el Departamento de Estado.
El diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo que las sanciones de Estados Unidos para él eran “una condecoración porque estoy golpeando fuerte al imperio”.
Jueces sancionados
En el caso de los funcionarios del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell y Brenda Rocha, el departamento de Estados Unidos los señaló de “conspirar con los Ortega-Murillo por socavar las instituciones políticas de Nicaragua y subvertir las elecciones nacionales de noviembre de 2021 al descalificar a los partidos y candidatos legítimos de la oposición por motivos espurios”.
En el caso de Edwin Castro fue por “asegurar que los leales a Ortega-Murillo ganaran todos los cargos de magistrados en el CSE y asegurar la aprobación de una legislación extremadamente amplia que utilizó el régimen para excluir a los candidatos y partidos de la oposición y hostigar y encarcelar a los opositores políticos”.
A la jueza Karen Chavarría por abusar de su autoridad y “subvertir procesos legales para actuar contra opositores políticos e inhabilitar candidatos opositores a las elecciones de noviembre de 2021”.
A los diputados Wálmaro Gutiérrez, Wilfredo Navarro y Gustavo Porras por darle al régimen Ortega-Murillo “las herramientas para conducir su descarado asalto a la democracia al llenar el CSE con miembros del FSLN leales a Ortega”.
Por último, en el caso de la diputada María Haydée Osuna por “conspirar con el régimen de Ortega-Murillo para subvertir las elecciones al firmar una denuncia espuria que sirvió de pretexto para que el gobierno descalificara al último partido de oposición legítimo que quedaba y perseguir a su líder hasta el exilio”.
Ned Price, portavoz del Departamento de Estados de Estados Unidos, dijo que Estados Unidos “se opone firmemente a los ataques del régimen Ortega-Murillo a las instituciones democráticas en Nicaragua”. Este anuncio “promueve la rendición de cuentas por los abusos del régimen”.
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