Menos de 12 horas después de que el Parlamento sandinista aprobó en primera legislatura la reforma constitucional que extiende un año más el periodo presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Estados Unidos reaccionó al instar “a sus socios internacionales a dejar de mantener de inmediato relaciones normales con esta brutal dictadura”.
“La guerra de Murillo y Ortega contra la democracia amenaza la estabilidad y la prosperidad de nuestro hemisferio”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado difundido la mañana de este 2 de septiembre. “La Administración Trump mantiene su compromiso de identificar e implementar acciones para responder a las violaciones de derechos humanos de Murillo y Ortega, incluso en foros como la Organización de los Estados Americanos. Apoyamos el derecho de los nicaragüenses a decidir el futuro de su país”.
Rubio sostuvo que la Asamblea Nacional, al aprobar la enmienda constitucional, “erosionó aún más la ficción de la democracia en Nicaragua, al reescribir nuevamente la Constitución del país para afianzar su dinastía ilegítima y privar indefinidamente a los nicaragüenses de elecciones libres y justas”.
“Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían disfrutar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad hemisféricas”, sostuvo Rubio. “Estados Unidos insta a sus socios internacionales a dejar de mantener de inmediato relaciones normales con esta brutal dictadura”.
La reforma aprobada el 1 de septiembre amplía de seis a siete años los periodos “de las autoridades electas en Nicaragua”, en especial el mandato de los copresidentes Ortega-Murillo, lo que elimina en los hechos la elección presidencial prevista para noviembre de 2026 y desplaza los próximos comicios hasta 2028. La enmienda deberá ser ratificada en segunda legislatura, prevista para enero de 2027.
El cambio también eleva a rango constitucional mecanismos de exclusión política que ya operaban en la práctica contra los opositores. La reforma impide aspirar a cargos públicos, participar como candidatos o dirigir partidos a quienes el régimen considere vinculados con intentos de golpe de Estado, financiamiento extranjero, sanciones internacionales o actos contra la soberanía, además de los calificados como “traidores a la patria”. También otorga al Consejo Supremo Electoral mayores facultades para cancelar partidos y sancionar candidatos o dirigentes.
Aunque Ortega había anunciado el 19 de julio que en Nicaragua “no habrá más elecciones”, la reforma finalmente no elimina formalmente los comicios. En cambio, prolonga la permanencia de Ortega y Murillo en el poder y consolida un sistema electoral sin condiciones mínimas de competencia política, en el que el propio régimen puede determinar quién está habilitado para participar.
Rubio también mencionó expresamente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) como uno de los foros en los que Washington prevé impulsar acciones contra el régimen. La referencia ocurre mientras sigue pendiente la reunión de consulta de cancilleres sobre Nicaragua, convocada por el Consejo Permanente tras la amenaza de Ortega de acabar con las elecciones. Aunque Estados Unidos presionó para que el encuentro se realizara antes del 1a aprobación de la enmienda en Managua, los gobiernos aún no han logrado consensuar una fecha ni las medidas que podrían adoptar frente a Managua.