El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó este martes 1 de septiembre, en primera legislatura, la reforma constitucional para sepultar la competencia política en Nicaragua y atornillar en el poder a los dictadores sandinistas Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los diputados sandinistas y sus colaboracionistas “zancudos” ratificaron de forma unánime, en una sesión con una votación a mano alzada y realizada frente a la catedral de la ciudad de León, la orden de Ortega de eliminar las elecciones en 2027.
La Comisión Especial Constitucional leyó los resultados de la consulta que realizaron a diferentes sectores del país, y luego se aprobó el documento. Por ser una reforma constitucional, se requiere que se apruebe en dos legislaturas. La primera legislatura es la actual (este 1 de septiembre), mientras que la aprobación en segunda legislatura está prevista para el 18 de enero de 2027, según informó Rosario Murillo el lunes.
De aprobarse definitivamente, la reforma consolidará un sistema político sin competencia electoral efectiva, al facultar al Estado para excluir a los opositores bajo criterios amplios y discrecionales vinculados a la supuesta defensa de la soberanía y la seguridad nacional.
El proceso de consultas de la reforma inició desde el pasado 27 de julio, una semana después de que Ortega aseguró que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”. El 28 de julio, Porras leyó una exposición de motivos de la iniciativa que establece periodos presidenciales de siete años y un blindaje jurídico para impedir que la oposición pueda disputar el poder.
En el proceso de “consultas” participaron más de 200 000 personas de forma presencial y virtual, de acuerdo con información oficial. Se realizaron reuniones con las fuerzas armadas –Ejército y Policía–, empresarios, banqueros, inversionistas, productores, emprendedores, comunicadores sandinistas, diputados del Parlacen, alcaldes, universidades, médicos, trabajadores, zonas francas, deportistas, religiosos, transportistas, entre otros.
En un país sometido a un Estado policial, ninguno de los sectores convocados expresó objeciones a la reforma promovida por los sandinistas. Las consultas estuvieron dominadas por el discurso partidario y contaron con la participación de allegados y familiares de Ortega y Murillo. En varias reuniones, sus hijos intervinieron para respaldar la reforma en representación de distintos sectores: Laureano lo hizo en nombre de los inversionistas, Daniel Edmundo, de los comunicadores; Camila, de los emprendedores; y Maurice, de los deportistas.
Reunión de cancilleres sin fecha
La aprobación de la reforma ocurre dos semanas después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) convocara a reunión de consulta de cancilleres para considerar la situación de Nicaragua. Los representantes de Estados Unidos en el organismo propusieron que esta reunión se realizara antes del 1 de septiembre, cuando se tenía previsto que el régimen aprobara la enmienda, pero los diplomáticos todavía no han logrado establecer una fecha oficial.
“La idea es considerar la situación en Nicaragua y las medidas que sean congruentes con las Cartas de la OEA, Carta Interamericana y el Derecho Internacional”, expuso Michael Kozak, representante de Estados Unidos.
Fue la primera vez, desde la crisis de 2018, que la OEA activa este mecanismo de reunión de consulta, uno de los principales instrumentos políticos del organismo.
Confidencial reportó el sábado que la OEA propuso la reunión para el jueves 17 de septiembre, dos días después de que el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos debata la situación de Nicaragua. Sin embargo, ninguna de estas fechas ha sido confirmada.
Desde que Ortega amenazó con sepultar las elecciones, Estados Unidos reaccionó con la convocatoria de una reunión de cancilleres en la OEA, la nominación de una nueva embajadora para Nicaragua y la introducción en el Congreso de un proyecto para reactivar y ampliar las sanciones contra el régimen.
Los conceptos de la reforma
Durante las consultas, no se presentó el documento formal de la reforma, pero sí se difundieron algunos conceptos que contiene, entre estps, que no podrán ser candidatos a elección popular ni ejercer cargos públicos “los golpistas”, “las y los que incurran o hayan incurrido en actos que menoscaben la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación de Nicaragua”, “los traidores a la patria” y “quienes violenten o hayan violentado los principios de la Constitución”.
En las exposiciones se insistió en que el período para los cargos de elección popular (copresidentes y alcaldes), de ratificación por la Asamblea Nacional y el nombramiento de los jefes del Ejército y de la Policía será de siete años.
Además, se le concederán atribuciones al Consejo Supremo Electoral (CSE) para no otorgar y cancelar la personalidad jurídica a partidos políticos “cuando sean constituidos con financiamiento extranjero o hayan violado la Constitución”.
Según los personeros sandinistas, el CSE podrá verificar e imponer sanciones correspondientes a todo candidato, funcionario del órgano electoral e integrante de juntas directivas de los partidos políticos “que hayan incurrido en actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional”.
Otra de las modificaciones es el cambio en la fecha de la toma de posesión: en lugar de realizarse el 10 de enero, cuando se conmemoraba el asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro, ahora se llevará a cabo el 18 de enero, en homenaje al poeta Rubén Darío.
El abogado Juan Diego Barberena calificó el proceso de consulta como “totalmente ilegal e inconstitucional”, al señalar que se realizó sobre conceptos generales de la reforma y no sobre el articulado específico de la iniciativa, como exigen la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo.