El reciente informe sobre desapariciones forzadas en Nicaragua —elaborado por la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos IM-Defensoras, el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y Raza e Igualdad— documenta con detalle cómo la práctica sistemática de la desaparición forzada no solo violenta a las personas presas políticas, sino que además genera graves afectaciones físicas, emocionales, económicas y sociales en sus familiares, en particular en mujeres que asumen la búsqueda como una carga adicional.
El informe confirma que entre 2018 y 2025 se consolidó un patrón de represión que incluye más de 2000 detenciones arbitrarias ejecutadas por policías o parapolicías, traslados a distritos y cárceles, procesos sin defensa de confianza ni acceso a expedientes, censura mediante amenazas a las visitas y torturas durante los períodos de incomunicación, con la muerte bajo custodia como prueba del riesgo.
“La desaparición forzada es una de las expresiones más crueles de la represión política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero también es la muestra de la valentía y resistencia de las familias de los desaparecidos que no se rinden a pesar de la persecución”, expresó Claudia Pineda, directora de UDJ y vocera del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua.
El informe titulado “¿Dónde más busco?, vidas suspendidas: desapariciones forzadas y la resistencia en Nicaragua”, presentado en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas —que se conmemora cada 30 de agosto desde su creación en 2010 por la Asamblea General de la ONU—, documenta las graves afectaciones a la salud mental de las “personas buscadoras”, es decir, los familiares de desaparecidos. Entre ellas destacan la ansiedad, depresión, insomnio, estrés postraumático, duelos prolongados, aislamiento y una sobrecarga económica y de cuidados que reduce sus oportunidades educativas y laborales.
“Un ejemplo de ello es el de una esposa buscadora de edad avanzada que, ante la angustia y la incertidumbre, tuvo que recurrir a sedantes para poder conciliar el sueño. Otro caso es el de una esposa de un desaparecido que, en diciembre de 2024 y frente a la falta absoluta de respuestas, expresó entre lágrimas y con desesperación: “¿dónde más busco?, ¿qué más hago?, ¿ante quién denuncio?”.
Estas expresiones de dolor y desesperanza reflejan de manera elocuente la realidad de cientos de personas buscadoras en Nicaragua, quienes durante años han enfrentado un régimen que les niega de forma sistemática su derecho a la verdad y a la justicia”, señala el documento.
Esta investigación revela que la falta de información procesal, la ausencia de recursos efectivos y un poder judicial no protector agravan estas afectaciones y deterioran la salud mental y física de las familias de los secuestrados. De acuerdo con los hallazgos de este informe, la sobrecarga recae mayoritariamente en mujeres —madres, esposas, hijas— que, además de buscar, sostienen el hogar con menos ingresos.
“A partir del encarcelamiento de algún familiar, se observa una tendencia de incremento desproporcionada en las sobrecargas de las mujeres (…) se ven forzadas a buscar nuevas fuentes de ingreso, aumentando así sus cargas en términos tanto de trabajo remunerado como no remunerado”, indica el informe.
Un patrón que encierra a familias enteras
Desde 2018, las desapariciones forzadas se convirtieron en un mecanismo de represión de la dictadura sandinista y se agravaron desde 2023 a partir de detenciones sin notificación, traslados a distritos o cárceles, expedientes inaccesibles y procesos sin defensa de confianza. El informe refiere que los desaparecidos forzados “a veces reciben paquetes de medicinas o comida, pero nadie confirma el paradero”. Incluso se amenaza con suspender visitas para impedir que se divulgue lo que ocurre adentro. En 2024, la mayoría de detenidos por motivos políticos no logró contacto familiar hasta la excarcelación.
También detalla que durante los períodos de incomunicación —que pasaron de un máximo de 90 días a duraciones indefinidas— las víctimas sufren torturas: penetración con objetos, colgamientos, ahogamientos simulados, golpizas, estrangulamiento, posturas forzadas, privación del sueño, exposición a temperaturas extremas, acceso limitado a atención médica y restricciones severas de agua y alimentos. Para las familias, cada minuto sin noticias es una forma de tortura psicológica.
El informe registra el caso más reciente de Mauricio Alonso Petri, quien fue detenido el 17 de julio de 2025 y pasó más de un mes absolutamente incomunicado hasta que su cuerpo fue entregado a sus familiares en la morgue el 25 de agosto de este año. El informe recalca que sustraer a una persona del amparo legal “incrementa exponencialmente el riesgo de tortura, tratos crueles y, como en este caso, la pérdida de la vida”.
Golpe diferenciado: salud, edad, género y territorio
El informe establece que las desapariciones forzadas impactan con mayor dureza a personas con enfermedades crónicas o graves, adultas mayores, menores de edad, pueblos indígenas y mujeres. La falta de medicación y dietas específicas acelera el deterioro y genera peligro vital; en adultos mayores, interrumpir tratamientos esenciales produce descompensaciones severas; en comunidades indígenas, la desaparición de liderazgos daña también el tejido colectivo y la defensa territorial.
En mujeres detenidas y desaparecidas se documenta violencia sexual y misógina que conlleva desnudez forzada, sentadillas desnudas, toma de fotografías o video bajo amenaza e insultos. La omisión de atención ginecológica y exámenes preventivos incrementa riesgos de corto y largo plazo. Estas prácticas dejan secuelas físicas y psíquicas duraderas.
El informe identifica la judicialización secreta como estrategia central de control y encubrimiento tales como mantener en secreto las detenciones, ocultar expedientes y restringir abogados y comunicación impide documentar desapariciones y torturas, desarticula redes de apoyo, garantiza impunidad y reduce la visibilidad de los abusos.
De acuerdo con este estudio, las familias exigen mecanismos independientes de búsqueda, fin de la judicialización secreta, acceso a la información procesal, reconocimiento de la custodia estatal y garantías de no repetición.
Su experiencia —hecha de silencio, hostigamiento, revictimización y brechas de género— revela la insuficiencia de las instituciones para proteger, investigar y reparar. La comunidad internacional, dice el informe, debe asumir un rol activo y vigilante para forzar el cumplimiento de obligaciones y frenar la impunidad.