La familia de Mauricio Alonso Petri pasó 38 días en una búsqueda desesperada, recorriendo cárceles del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, e incluso hospitales, sin obtener respuestas. Ninguna autoridad admitía su paradero. Estaba desaparecido desde el 18 de julio, cuando, en la víspera del 46 aniversario de la revolución sandinista, un contingente policial lo secuestró junto a su esposa e hijo por ser considerados críticos de la administración. La mañana de este 25 de agosto, la angustia llegó a su fin, pero en forma del peor presentimiento: el Instituto de Medicina Legal convocó a sus familiares para reconocer su cadáver. El hombre de 64 años apareció, pero muerto.
Alonso Petri fue capturado en el marco de las redadas masivas que el régimen copresidencial desató en los departamentos de Carazo, Granada, Masaya y Rivas. El Monitoreo Azul y Blanco denunció que al menos 28 personas —entre ellas cinco núcleos familiares completos— permanecen detenidas en “condición de desaparición forzada”. Ese fue también el caso de Alonso Petri y su hijo, Mauricio Alonso Estrada, ya que su esposa fue liberada el mismo día de la captura.
Desde entonces, la mujer inició una búsqueda incesante de su esposo. Alonso Petri había tenido en el pasado vínculos con el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) en Jinotepe, aunque se retiró por “razones personales”. También mantuvo cercanía con el mayor en retiro Roberto Samcam, asesinado el pasado 19 de junio en el exilio, en San José, Costa Rica, en un operativo que fuentes ligadas al caso señalan como orquestado desde Managua por la Dirección de Inteligencia del Ejército.
Aunque padecía del corazón y estaba retirado de la vida política, Alonso Petri cayó en la redada junto a su hijo, integrante del equipo de adoración del pastor evangélico Rudy Palacios, igualmente detenido y desaparecido en Jinotepe.
DIVERGENTES confirmó la muerte de Alonso Petri con diversas fuentes policiales y de Medicina Legal. La mañana de este 25 de agosto, solo su esposa pudo entrar a reconocer el cadáver. Una fuente ligada al caso detalló: “Lo que le dijeron a la familia es que el señor se sintió mal y lo llevaron al Instituto de Medicina Legal. Que los policías se portaron buena onda y lo llevaron a atenderlo y que falleció allí, en la morgue. Pero, ¿quién cree eso? ¿Por qué no lo llevaron a un hospital a atenderlo? ¿A quién lleva a darle primeros auxilios a Medicina Legal?”.
Según la fuente consultada, a la familia no le dijeron donde mantuvieron recluido a Alonso Petri. Sin embargo, fuentes policiales sostienen que los detenidos en las redadas son encerrados en el Distrito Tres, unas celdas similares a las de El Chipote, donde organismos de derechos humanos señalan que se cometen torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes. Mientras se publica esta información, los familiares de Alonso Petri siguen a la espera de que le entreguen el cadáver.
No es el primero que muere bajo custodia
La familia ha decidido no dar declaraciones públicas por temor a represalias, especialmente porque su hijo continúa desaparecido bajo condición de desaparición forzada, según el Monitoreo Azul y Blanco. Se supo que, bajo presión de las autoridades, Alonso Petri será enterrado de manera exprés en Jinotepe.
Alonso Petri no es la primera víctima mortal bajo custodia del régimen Ortega-Murillo. Antes murieron en condiciones similares Eddy Montes, en la cárcel La Modelo; el general en retiro Hugo Torres, en El Chipote; e incluso el propio hermano de Daniel Ortega, el general en retiro Humberto Ortega Saavedra.
La directora de la Asociación Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria y vocera del Monitoreo Azul y Blanco, Claudia Pineda, denunció una nueva modalidad represiva: la captura y desaparición de núcleos familiares completos. Esta práctica, advirtió, no sólo deja a menores en el desamparo, sino que destruye las estructuras económicas al encarcelar a los proveedores.
Según Pineda, la mayoría de los capturados participaron en las protestas de abril de 2018 y estuvieron vinculados a las actividades desarrolladas alrededor del Colegio San José, en Jinotepe, Carazo, confiscado por el régimen y reabierto bajo el nombre de “Colegio Bismarck Martínez”, en honor a un simpatizante sandinista que la dictadura asegura fue asesinado en 2018.