Un día después que el Grupo de Expertos de Naciones Unidas publicó un informe que por primera vez presenta pruebas que implican al Ejército de Nicaragua en la comisión de crímenes de lesa humanidad, el régimen matrimonial de Daniel Ortega y Rosario Murillo respondieron encolerizados y anunciaron el retiro del país del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La cólera se debe a que los militares son uno de los principales sostenes de la pareja presidencial y estos señalamientos abren una vía directa al banquillo de la justicia universal a una cúpula castrense que siempre ha jurado que no se involucró en la represión política desatada desde 2018.
Lejos de creer que el Ejército de Nicaragua no tuvo que ver en la represión sostenida contra toda voz considerada disidente –incluido los mismos sandinistas–, el abogado Reed Brody y miembro del Grupo de Expertos es categórico al señalar la colusión del alto mando militar en los crímenes de abril: “El Jefe del Estado Mayor leyó la orden presidencial informando que, debido a que se estaba organizando un ‘golpe de Estado’, los oficiales presentes iban a ser asignados por la unidad de personal y cuadros a diferentes unidades para aniquilar a los líderes de estas manifestaciones”, dice, en referencia a una reunión que los militares sostuvieron el 20 de abril de 2018.
En esta entrevista con DIVERGENTES, Brody, conocido como el ‘cazadictadores’, expone cómo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consolidado un Estado autoritario en Nicaragua, eliminando cualquier vestigio de independencia institucional y estableciendo una maquinaria de represión que alcanza a toda la sociedad. Además, detalla la existencia de una red de inteligencia omnipresente que controla a la población dentro y fuera del país.
Brody advierte que los altos mandos militares podrían enfrentar cargos por crímenes de lesa humanidad y subraya que la comunidad internacional sigue de cerca las acciones del régimen.
¿Cuáles son los principales hallazgos de este nuevo informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas que lo diferencian de los anteriores sobre la represión Ortega-Murillo en Nicaragua?
Este informe es el resultado de varios años de investigación. La conclusión principal es que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha transformado Nicaragua en un Estado autoritario, donde no existen instituciones independientes. Las voces disidentes son silenciadas y la población, tanto dentro como fuera del país, enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas. Sin embargo, lo novedoso de este informe es el hallazgo de que, en el último año, el Estado y el Frente Sandinista prácticamente se han fusionado en una maquinaria de represión con impacto dentro y fuera del país. También hemos demostrado que existe una extensa red de inteligencia que supervisa a toda la población.
¿Hasta qué punto esta red de inteligencia penetra en la población? ¿Afecta solo a personas con vinculación opositora o también a sandinistas y ciudadanos comunes?
Es una combinación de entidades oficiales de inteligencia, como la Dirección de Inteligencia del Ejército. Pero, además, en cada entidad estatal y paraestatal hay personas que desempeñan estas labores. También están los secretarios políticos del Frente Sandinista, quienes transmiten información. Es decir, esta red abarca todos los sectores de la vida política y social del país, incluyendo grupos armados progubernamentales, la Policía, Telcor (Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos), entre otras instituciones. Todo esto ha sido unificado. En nuestro informe mostramos gráficos que evidencian la cadena de mando: desde la Policía Nacional y el Ministerio del Interior hasta el Ministerio de Salud, que también participa en este esquema. Toda la información se canaliza a través del Centro de Información e Inteligencia Policial, el Comité Nacional de Información, la Unidad de Análisis Financiero y las estructuras del propio Frente Sandinista, que operan en los barrios y en las Unidades de Victoria.
Hay antecedentes publicados, por ejemplo, de que el régimen está recibiendo apoyo de Rusia para hacer espionaje y vigilancia política. Por ejemplo, Confidencial reveló el funcionamiento de una base de espionaje con radiogoniometría y software SORM-3 en Managua, mientras que otras fuentes nos sugieren que están usando software de inteligencia artificial de reconocimiento facial con la gente que anduvo en las protestas para no dejarla ingresar al país. ¿Ustedes han logrado averiguar algo sobre el apoyo ruso para el espionaje político en las pesquisas de sus informes?
Bueno, sabemos lo que hemos visto en los medios de comunicación. Pero de eso no tenemos suficiente pruebas para publicar todavía. Seguimos trabajando.
Lo que más ha sorprendido en este último informe es el hallazgo sobre la participación del Ejército de Nicaragua en la represión de las protestas de 2018. Algo que los militares han negado. Pero ustedes están diciendo que el Ejército hizo todo lo que juró que no hizo, es decir, espió, armó a los paramilitares, participó en ataques… ¿Cuál es el rol que ustedes determinan que tuvo el Ejército en el tinglado de represión, y que aún se mantiene?
Hubo una reunión clave el 20 de abril, dos días después de que estallaron las protestas. Altos mandos militares fueron informados que enfrentaban un llamado “golpe de Estado” y se leyó una orden presidencial que los instruyó a neutralizar a los manifestantes. Y a partir de ahí, el Ejército participó activamente en una estrategia coordinada. La cúpula militar tenía pleno conocimiento de que su intervención con armas letales, con la utilización de francotiradores, resultaría en la muerte de civiles. También tenemos evidencia de que instruyó a los otros cuerpos de la Policía, pero también a los paramilitares. Además, importante es señalar que como el Ejército quería negar su involucramiento en la represión, efectivos militares se vistieron de policías o de civiles para disfrazar su participación.
En esa reunión estuvo el general Bayardo Rodríguez (jefe del Estado Mayor del Ejército). Pero, ¿qué tanta participación tuvo el general Julio César Avilés? Es decir, ¿quién ordenó en la cúpula militar que los militares salieran a las calles a reprimir?
Bueno, primero un punto que los va a dejar con hambre: en el informe hablamos de cargos, no ponemos nombres, porque en este momento estamos preparando unos envíos (de documentos) para el Gobierno de Nicaragua y, en la medida de lo posible, a las personas nombradas, para que tengan la oportunidad, antes de que se publiquen los nombres, de responder. También antes del final del Consejo de Derechos Humanos. Eso por razones, digamos, de respetar un cierto proceso. No vamos a decir la presunción de inocencia, porque de todos modos, la única autoridad que puede determinar la responsabilidad penal es una jurisdicción. Y no lo somos. Pero sabemos que la publicación de nombres en un informe de Naciones Unidas tiene sus consecuencias. Entonces vamos a darles la posibilidad de responder. Sin embargo, lo que podemos decir es que la Dirección de Inteligencia del Ejército fue la unidad encargada de coordinar las operaciones de inteligencia. Se llevó a cabo un trabajo con el Comando de Operaciones Especiales y la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía. Todo bajo un mando conjunto.
Como te dije, el 20 de abril se realizó esa reunión a la que fueron convocados oficiales del Comando de Operaciones Especiales del Ejército, oficiales de Educación Patriótica, oficiales de Inteligencia y Contrainteligencia. La reunión fue presidida por el jefe del Estado Mayor y el asesor de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República. El jefe del Estado Mayor leyó la orden presidencial informando que, debido a que se estaba organizando un “golpe de Estado”, los oficiales presentes iban a ser asignados por la unidad de personal y cuadros a diferentes unidades para aniquilar a los líderes de estas manifestaciones. Y sí, aniquilar fue la palabra que usaron. Así fue la orden y los militares salieron de civil o con vestimenta de otra institución. También el personal del Ejército y de la Reserva Patriótica participaron en esa represión. Poseemos varias fuentes de todo esto, así que tenemos un umbral probatorio serio. Cinco comandos militares regionales participaron también.
Eso me conduce a mi siguiente pregunta: las pruebas, las evidencias en las que ustedes basan estas alegaciones, tomando en cuenta que hasta ahora, incluso para medios de comunicación independientes, no había sido posible probar nada de lo que ustedes averiguaron más allá de sospecha, en el sentido que el que el Ejército cuida muy bien sus pasos y es una institución bastante cerrada, recelosa. ¿Cuáles son las pruebas específicas del informe?
Tenemos varias fuentes. Hay muchas fuentes dentro del sistema, pero que por seguridad no podemos revelar.
Siempre se ha dicho que la Policía no tiene una capacidad de inteligencia tan solvente, como sí la tiene el Ejército. Es decir, una penetración casi total. En vista de eso, ¿ustedes consideran que el rol del Ejército en la represión fue central o fue un rol complementario?
Yo diría que fue central. Tengo que ser honesto: como yo no presencié los acontecimientos, es un poco difícil decir quién tuvo tal rol, pero era un rol importante el de los militares. También recordá que hubo aquella otra reunión en el parque Japonés (cuando se les bajó a la maquinaria del Frente Sandinista la orden “vamos con todo”). O sea, fue una operación conjunta de todas las fuerzas represivas. Yo no te podría decir que tal grupo fue más importante que el otro, porque también habían los paramilitares.
Ahora, ustedes hablan también en el informe que el Ejército proporcionó armas letales, de guerra a esos grupos paramilitares que mencionas. ¿Ustedes tienen alguna evidencia de cómo se coordinó y funcionó esa entrega?
Si te refieres al lado operacional, funcionamiento, pues para saber más estamos trabajando más información para otro informe.
¿Qué tipo de responsabilidad podrían enfrentar los altos mandos militares de Nicaragua que estuvieron involucrados en esta represión?
Pues para mí es claro que hay una responsabilidad penal por la comisión de crímenes de lesa humanidad, asesinatos, persecución… lo que se hizo en el 2018 fueron crímenes de lesa humanidad. Los participantes pueden ser acusados de crimen de lesa humanidad. La cúpula militar de Nicaragua puede ser acusada por crímenes de lesa humanidad. Sí, sí, sí, oh sí…
Según tu experiencia cazando dictadores y en procesos complejos como este, ¿qué paralelismo tiene esta participación del Ejército de Nicaragua a lo que hicieron, digamos, otras fuerzas armadas, como la de Argentina, en Chile o en Paraguay, por ejemplo?
Siempre es muy difícil comparar. El saldo de más de 350 muertos de Nicaragua, cuando se compara con Pinochet, con Argentina es menos… Cuando se compara con situaciones en África es mucho menos. Bueno, también es cierto que es un país más pequeño. Pero lo que hemos visto en 2018, lo que es cierto y más importante, es la intención. Y aquí fue una intención deliberada. La orden fue de neutralizar a los manifestantes. Que se utilizaron armas de alto calibre que no eran para contenerlos, eran armas para matar. Lo sabían. Eso conlleva una responsabilidad penal. Y entonces habría que ir con exactitud viendo responsabilidades si se llega a la jurisdicción internacional. Pero lo cierto es que estamos más allá del umbral necesario para hablar de una responsabilidad penal.
¿Qué mensajes crees que envía este informe a los miembros de las Fuerzas Armadas que posiblemente no están en la cúpula y que, digamos, no tuvieron una participación activa en esta represión?
Un informe como el nuestro sirve tanto para hablar del pasado y describir lo que ha sucedido, como para disuadir acciones similares. Nosotros en el informe hablamos de fases de la represión. En Nicaragua, después del 2018, no ha habido violencia masiva porque no había necesidad. Pero claro, lo que nosotros vemos es que la represión ha ido cambiando de naturaleza conforme la situación. Por ejemplo, ahora no hay quienes se atrevan a protestar. Pero el informe también sirve para decirles que estamos viendo sus acciones. Que la comunidad internacional tiene los ojos puestos en la actuación del Ejército y de los otros cuerpos represivos.