La salida abrupta de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no sorprendió a los nicaragüenses, especialmente después de que el régimen rechazara el último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren, por sus siglas en inglés). Con esta decisión, el Gobierno de Ortega-Murillo profundiza su aislamiento internacional y evita la supervisión en materia de derechos humanos, laborales y migratorios.
Aunque la medida era previsible, sus repercusiones van más allá de lo simbólico. Si bien el Gobierno minimiza el impacto, la desvinculación de estos organismos trae serias consecuencias para la protección de la ciudadanía. A continuación, explicamos sus efectos.
Ariela Peralta Distefano, abogada y miembro del Ghren, explica que aunque Nicaragua no es miembro del Consejo de Derechos Humanos, “las puertas siempre están abiertas y los Estados concernidos” pueden interactuar con este organismo. Sin embargo, tras la presentación del informe que señala la participación del Ejército de Nicaragua en crímenes de lesa humanidad, se esperaba una respuesta oficial con observaciones, lo cual no ocurrió.
Peralta enfatiza que, con esta decisión, el régimen profundiza su aislamiento internacional al cerrar espacios de diálogo y cooperación con organismos de monitoreo y entidades multilaterales.
Nicaragua sigue obligada a cumplir tratados de derechos humanos
Según Peralta, a pesar de la falta de monitoreo y espacios de diálogo entre Estados, Nicaragua sigue obligada a cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos. Explica que el país ha firmado y ratificado tratados en esta área, por lo que sus obligaciones continúan vigentes. Esto significa que mantiene responsabilidad internacional ante violaciones de derechos humanos y sigue sujeto a estas normativas.
“Nicaragua, como país soberano, puede tomar sus propias decisiones a nivel internacional… Nicaragua ya ha denunciado a la Organización de Estados Americanos, aunque los tratados a nivel interamericano siguen vigentes. No contesta la Comisión Interamericana ni a la Corte Interamericana”, señala Peralta. Agrega que, desde la creación del Ghren, han enviado 16 notas al Estado nicaragüense, sin recibir respuesta.
El abogado Juan Diego Barberena explica que la salida de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos implica la pérdida del monitoreo y seguimiento de la situación de derechos humanos en el país, así como la imposibilidad de exigir el cumplimiento de los instrumentos internacionales. Aunque Nicaragua ya no tendrá interlocución con el Consejo, Barberena coincide con la miembro del Ghren en que sigue obligada a respetar los tratados internacionales, pese a su retiro del sistema universal de protección de derechos humanos.
Para Barberena, esta decisión responde a una estrategia del régimen Ortega-Murillo. Considera que, ante las reiteradas acusaciones del Ghren sobre crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, el Gobierno no presentó un argumento válido para justificar su salida.
El abogado advierte que esta medida abre la puerta a nuevas formas de violación de derechos humanos, facilitadas por reformas constitucionales y leyes que seguirán aprobándose. En este contexto, destaca la importancia de renovar el mandato del Ghren para continuar con la vigilancia sobre Nicaragua.
Además, a pesar del retiro del Consejo de Derechos Humanos, los nicaragüenses pueden seguir denunciando violaciones de derechos humanos ante organismos internacionales. Existen mecanismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el sistema de Naciones Unidas, donde las denuncias pueden presentarse para que sean documentadas y analizadas.
Retiro de Nicaragua de la OIM: un golpe a la cooperación y a la protección de migrantes
El pasado 27 de febrero, Nicaragua decidió retirarse de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). A través de una misiva enviada a Amy Pope, directora general de este organismo, el Gobierno rechazó el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2024, calificándolo de “falso, malintencionado e irresponsable”.
Esta decisión refuerza las críticas de organismos internacionales y nacionales sobre la gestión de la migración en el país. Mientras la represión gubernamental ha provocado un éxodo masivo de nicaragüenses, el Gobierno, a la vez, ha facilitado el ingreso de extranjeros a través de vuelos chárter, obteniendo beneficios económicos de la migración, pese a afirmar que combate la migración ilegal con “firmeza”.
Un funcionario de la OIM, bajo condición de anonimato, dijo a DIVERGENTES que el comunicado del régimen Ortega-Murillo es contradictorio. Explicó que el mandato de la OIM es garantizar flujos migratorios seguros, ordenados y regulares a través de diversos mecanismos, como asistencia humanitaria y acompañamiento técnico, siempre respetando la soberanía de los países.
Según el funcionario, el informe mencionado por el régimen presenta estadísticas generales sobre los flujos migratorios. Sin embargo, al retirarse de la OIM, el Gobierno ya no tomará decisiones basadas en evidencia para construir mecanismos de respuesta y “se está criminalizando un informe que debería ser una herramienta para hacer cambios importantes en materia de migración”, afirma.
Una de las principales repercusiones de esta decisión es el impacto en la cooperación internacional sobre migración. La OIM no solo acompaña inversiones en este ámbito, sino que brinda asistencia técnica para desarrollar políticas públicas y planes estratégicos. Con su salida, Nicaragua queda fuera de cualquier inversión destinada a enfrentar los desafíos migratorios, lo que afectará áreas como la migración de retorno, en tránsito y el desplazamiento interno.
El funcionario advierte que esta situación representa un grave retroceso, ya que sin el respaldo de la OIM no hay garantía de que el Estado desarrolle normativas alineadas con la protección de las personas migrantes. Además, la falta de financiamiento y asistencia técnica impactará directamente a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Agrega que aunque al Gobierno nicaragüense no le interese el impacto de esta decisión a nivel internacional ni su imagen, deja un mensaje negativo a la comunidad internacional, especialmente a países receptores de inmigrantes nicaragüenses que solicitan asilo como Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos y España. “Con esta postura, Nicaragua demuestra que la migración no es una prioridad en su agenda, lo que puede influir en la respuesta de estos países hacia los migrantes”, precisa el funcionario de la OIM.
Además, esta decisión margina a Nicaragua de los esfuerzos regionales para abordar la migración de manera conjunta. “Iniciativas como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular buscan alinear políticas entre los países y facilitar la movilidad, el acceso a servicios y la cooperación en la gestión migratoria”, dijo.
OIM es quien lidera estos foros y espacios de diálogo en los que se construyen respuestas regionales a los desafíos migratorios, amplía el funcionario. Al quedar fuera, Nicaragua no solo se aísla de estas decisiones, sino que también priva a sus ciudadanos del acceso a acuerdos y mecanismos que podrían beneficiarlos.
Por último, el funcionario de la OIM expresó su preocupación de que el Gobierno de Nicaragua busque alinear su cooperación con otras potencias para presentar su propia versión sobre la migración, en lugar de basarse en datos transparentes y verificables.
Aunque el Gobierno haya decidido retirarse de la OIM, según el capítulo dos, artículo 3 de la Constitución de este organismo, no será hasta el 31 de diciembre de 2025 que podrá hacerlo, dado que la salida se formaliza al final de un ejercicio anual.
Salida de la OIT es un impacto laboral y el aislamiento internacional
Ese mismo día, que Nicaragua envió la misiva anunciando su retiro ante la OIM, también lo hizo ante Organización Internacional del Trabajo, alegando que actúa de manera “politizada, prestándose a maniobras de desestabilización e injerencismo al conocer temas esencialmente políticos y propios de la Jurisdicción Interna de la OIT”, además los llama que carecen de objetividad basada en información sesgada atentando contra la paz del país.
Ariela Peralta Distéfano, abogada y miembro del Ghren, señala que en su último informe, el numeral 98 menciona que durante la 111ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2023, once delegados presentaron una queja basada en el artículo 26 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La denuncia acusaba a Nicaragua de incumplir los Convenios número. 87, 98, 111 y 14437, alegando violaciones contra el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y sus exdirigentes, incluyendo acoso, detenciones arbitrarias, confiscación de bienes y privación de nacionalidad.
“El Consejo de Administración de la OIT solicitó al Gobierno de Nicaragua que respondiera a estas acusaciones y decidió enviar una misión tripartita de alto nivel para evaluar la situación, con un informe programado para marzo de 2025”, indica el documento.
Peralta considera que este informe podría haber influido en la decisión de Nicaragua de retirarse de la OIT. A su juicio, con esta salida el Gobierno está evitando mecanismos de resolución de conflictos en el marco del multilateralismo, evadiendo responsabilidades y preocupaciones planteadas por la comunidad internacional.
Aunque Nicaragua envió la misiva a la OIT, no ha denunciado ningún convenio laboral, por lo que sigue regido por los tratados que ha ratificado. En caso de hacerlo, el país tendría un plazo de dos años a partir del aviso de intención de retiro oficial, explica el activista Amaru Ruiz, director de Fundación del Río.
Advierte que Nicaragua, al salir de la OIT, pierde el derecho a participar en sus reuniones. Sin embargo, Ruiz enfatiza que eso no significa que se detenga el proceso que sigue por el incumplimiento de cuatro convenios: de consulta tripartita; discriminación; el derecho de sindicación y negociación colectiva; y sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Procesos que se activaron mediante el mecanismo de denuncia por violaciones a los derechos laborales, que no solo protege a los trabajadores, sino también a organizaciones empleadoras y civiles.
Según Ruiz, una comisión de alto nivel tiene programada una visita a Nicaragua para evaluar el incumplimiento de los convenios internacionales que motivaron la denuncia. Sin embargo, señala que la OIT ya había solicitado información al Estado nicaragüense, pero este no respondió, ni siquiera sobre las decisiones del Consejo Tribunal. En este contexto, queda por definirse si se conformará una comisión de encuesta para llevar a cabo la visita.
Si el comité de encuesta —según el artículo 26 de la Constitución de la OIT en adelante— se conforma pero el país impide su ingreso, la comisión de encuesta igualmente elaborará un informe y tomará una decisión sobre las violaciones a los convenios internacionales. “Aunque es prematuro afirmarlo, ese informe podría servir de base para que un Estado denuncie a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por incumplimiento de normas laborales”.
Sin embargo, queda a discreción de Nicaragua si acepta la voluntad o la denuncia. Según Ruiz, si llegase una resolución de incumplimiento de convenios laborales por parte del Estado nicaragüense y se declare por parte de la OIT, eso permitirá que se bloqueen los fondos internacionales de préstamo del sector financiero.
Otra repercusión del retiro de Nicaragua de la OIT es el cierre del programa Better Work Nicaragua, que atendía a más de 40 000 trabajadores del sector textil y daba seguimiento a sus derechos en la zona franca. Su objetivo era mejorar las condiciones laborales y hacer más competitivo el sector.
Según Ruiz, el cierre de este programa, que opera en 13 países, tendrá un impacto negativo no solo en los trabajadores, sino también en el sector de zona franca, ya que su certificación garantiza la supervisión de las condiciones laborales. Además, era el último espacio de vinculación tripartita con una oficina operando en el país.
Ariela Peralta, miembro del Ghren concluye que la salida de Nicaragua del Sistema Interamericano, la Organización de Estados Americanos, el Consejo de Derechos Humanos, la OIM y la OIT representa una pérdida significativa en cuanto a los espacios de monitoreo y protección de derechos fundamentales. Estos organismos, de larga trayectoria y con una amplia membresía a nivel mundial, tienen un rol crucial en la defensa de derechos esenciales para la democracia y la equidad.
Además que protegen derechos clave para los trabajadores y empleadores, combaten la explotación laboral, el trabajo forzoso, brindan respuestas a los flujos migratorios, tanto fronterizos como internacionales y cuentan con mecanismos de monitoreo que aseguran la aplicación de estos derechos y responsabilidades a nivel global. Estas actuaciones, según Peralta, “solo dejan a Nicaragua en un estado de aislamiento internacional”, que no afecta directamente al Gobierno sino a los nicaragüenses.