La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se reunió este mes de junio en Ginebra, Suiza, durante la Conferencia Internacional del Trabajo para instar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a cumplir dos convenios fundamentales de esta organización. La OIT expuso una serie de preocupaciones, entre ellas, “el persistente clima de intimidación y acoso de las organizaciones independientes de trabajadores y empleadores” que existe en Nicaragua.
Según esta organización, los convenios que no se están cumpliendo hasta el momento son el 87: convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación; y el convenio 111: sobre la discriminación (empleo y ocupación). Según una fuente consultada por DIVERGENTES, estos son dos de los ocho convenios “fundamentales” de la OIT.
Entre los elementos de preocupación de la OIT se encuentran los arrestos y detenciones de dirigentes empleadores, así como del mayor deterioro de la situación. Además, “preocupa la ausencia de todo progreso y cooperación por parte del Gobierno desde el año pasado”, según la OIT.
Por otro lado, la Comisión de la OIT destacó que existe “un clima de violencia, inseguridad e intimidación que prevalece en el país, propicios para actos de discriminación en el empleo, basados en la opinión política”. Agregó que existen detenciones arbitrarias, denuncias por violaciones y abusos a los derechos humanos, incluida la discriminación por motivos de género.
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Por estas razones, la organización instó al régimen Ortega-Murillo a garantizar que los trabajadores y empleadores puedan constituir sus propias organizaciones y realizar sus actividades sin injerencia, incluido el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Cabe agregar que desde 2018, el régimen ha descabezado a miles de organizaciones no gubernamentales y privadas, entre ellas el Cosep, que aglutinaba a casi todo el sector privado del país.
El seis de marzo pasado, el régimen canceló la personería jurídica del Cosep y las de sus 18 cámaras empresariales que lo integraban. Además, ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias. Entre 2008 y 2018, el Cosep fue el interlocutor entre los empresarios privados y el régimen de Ortega y Murillo para hacer funcionar el modelo de “diálogo y consenso”, en el que los empresarios hicieron grandes negocios a cambio de su silencio cómplice cuando los sandinistas dilapidaron las instituciones democráticas. Sin embargo, a raíz de la crisis política de 2018 el acuerdo se resquebrajó. Los empresarios perdieron poder de decisión, pues renunciaron a 43 puestos en instituciones estatales y dejaron de incidir en leyes en la Asamblea Nacional, en las cuales fueron consultados en el 40% de las normas aprobadas en toda la década.
En 2021, antes de las elecciones presidenciales, fueron arrestados el presidente y vicepresidente del Cosep, Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente. Antes, fue encarcelado el expresidente del Cosep, José Adán Aguerri, quien estuvo durante 13 años en el cargo, hasta que renunció en 2020. Los tres expresidentes fueron desterrados el pasado nueve de febrero a Estados Unidos. También se les retiró la nacionalidad nicaragüense, y en la última semana se ordenó la confiscación de sus bienes en Nicaragua.
Por tal motivo, la OIT instó al régimen Ortega- Murillo a que “ponga fin inmediatamente a los actos de violencia, las amenazas, la persecución, la estigmatización, la intimidación u otra forma de agresión contra individuos u organizaciones en relación con el ejercicio tanto de actividades sindicales legítimas como de las actividades de organizaciones de empleadores, incluido el Cosep, y adopte medidas para garantizar que estos actos no se repitan, incluida la restitución de la nacionalidad nicaragüense a quienes hayan sido privados de ella”.
Que se deroguen leyes represivas
La OIT instó a que se ponga en libertad “inmediatamente” a todo empleador o sindicalista que pueda estar encarcelado en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones, y que el régimen Ortega-Murillo promueva “el diálogo social sin demora”, a través de una mesa de diálogo tripartito bajo el auspicio de la OIT, que esté presidida por un presidente independiente “que cuente con la confianza de todos los sectores, que respete debidamente la representatividad de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en su composición y que se reúna periódicamente”.
La OIT instó a que se derogue las leyes 1040, de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la 1050, de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, y que se limiten al “ejercicio de la libertad sindical y de la libertad de expresión”.
La Comisión de la OIT hizo un llamado a “poner fin al clima de violencia, inseguridad e intimidación en el país”. Instó a eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación, y proporcionar una protección adecuada a los trabajadores en caso de discriminación por motivos de opinión política.
La OIT urge a que no se impongan sanciones y proporcionar protección adecuada en caso de discriminación por motivos de opinión política. Sobre esto, también pide proporcionar medios de reparación, como el restablecimiento de nacionalidad y la restitución de bienes incautados, a quienes hayan sido discriminados por motivos de opinión política.
Informar sobre medidas adoptadas
El régimen deberá de proporcionar información sobre cualquier medida que adopte para eliminar esta discriminación motivos políticos. También, llamó a proporcionar detalles sobre cualquier denuncia administrativa o acción judicial presentada ante los tribunales laborales o penales en virtud de la disposiciones del Código del Trabajo o del Código Penal vinculadas con el acoso y chantaje sexual, así como sanciones impuestas en caso de que las denuncias presentadas ante el Ministerio del Trabajo sean estimadas y se identifiquen como actos de acoso sexual.
Asimismo la Comisión pidió al régimen persistir en medidas para eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y facilitar información sobre estas medidas en materia de acoso sexual, incluidas la de sensibilización y prevención. Además, la OIT hizo un llamado a adoptar medidas específicas para proteger a los pueblos indígenas y afrodescendientes contra la discriminación racial en el empleo, y comunicar la adopción de estas medidas.
Finalmente, la OIT pidió que se entreguen los resultados de las numerosas medidas adoptadas en relación con la política nacional de igualdad de oportunidades y de trato; “y sobre el tipo de violaciones detectadas en relación con la aplicación del Convenio, las medidas correctivas y las sanciones impuestas”.
La Comisión dio como plazo al régimen Ortega-Murillo hasta el primero de septiembre de este año, para que informe, en consulta con los interlocutores sociales, sobre los progresos realizados en la aplicación del Convenio.