Los grupos opositores que tienen la mayoría de la Asamblea Legislativa en Costa Rica aprobaron este jueves la apertura de una investigación sobre supuestas relaciones entre grupos narcotraficantes y el Gobierno que preside Rodrigo Chaves, en medio de la ola de violencia por crimen organizado que vive el país centroamericano manifestada en el récord histórico de asesinatos en 2023.
Los ocho diputados oficialistas no pudieron evitar que se aprobara la moción motivada por recientes noticias sobre un señalado debilitamiento de los cuerpos policiales encargados de combatir el crimen organizado y reportes periodísticos sobre presuntas negociaciones entre autoridades y líderes del narcotráfico internacional, asuntos que también son parte de investigaciones del Ministerio Público al que el presidente Chaves critica con dureza.
Ante la caída de decomisos de cocaína en 50% en 2023 frente al promedio anual del quinquenio previo y pese a la activación de escáneres antidrogas en el principal puerto en el Caribe, la inseguridad se confirma en las encuestas como principal problema del país debido a las operaciones de bandas criminales que luchan por mercado, territorio y rutas para el trasiego de sustancias ilícitas hacia el hemisferio norte.
El presidente ha reconocido a medias la crisis, aunque responde que afecta sobre todo a delincuentes (“se matan entre ellos”), que el Ejecutivo ya hace todo lo posible y que la responsabilidad está ahora en manos de diputados para aprobar leyes más duras o en el Poder Judicial para actuar con más contundencia.
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Noticias de los últimos días sobre el traslado de la Academia de Guardacostas a una ciudad sin mar y la denuncia de un alto oficial sobre el repliegue de operaciones encendieron las sospechas sobre actuaciones del Poder Ejecutivo en este país de limitadas fuerzas policiales y carente de un ejército. A inicios de este año también se conocieron denuncias de un grupo de oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD) sobre un aparente debilitamiento de operaciones antinarcóticas, lo cual rechazó el ministro de Seguridad, Mario Zamora, alegando que sólo se trataba de un cambio en el método de trabajo.
¿Conversaciones entre el Gobierno y las mafias?
La moción aprobada también se basa en un reportaje publicado en 2023 por el periódico mexicano El Universal sobre supuestas conversaciones entre autoridades del Gobierno y redes mafiosas ligadas a los carteles de droga de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Las bancadas opositoras además mencionan otras publicaciones periodísticas internacionales que apuntan al avance del crimen organizado como una amenaza para la imagen tradicional de país tranquilo y atractivo para las inversiones o el turismo.
La tasa de homicidios alcanzó en 2023 una tasa récord de 17,2 por cada 100 000 habitantes, un dato que duplica el registro de una década atrás. En 2024 los asesinatos son 707 hasta ahora, sólo un 4% menos que el año más sangriento en la historia de la nación donde ya no son extraños los ataques armados en centros poblados a plena luz del día.
Chaves y su ministro de Seguridad, Mario Zamora, no han hecho crecer las fuerzas policiales y han centrado las acciones en los escáneres en las aduanas, en supuestos cambios estratégicos y en medidas puntuales como un decreto de esta semana para permitir a los oficiales el uso de armas automáticas. El Ejecutivo ha planteado reformas legales, pero han derivado en conflictos con los diputados que señalan errores en las propuestas, lo cual ha alimentado el enfrentamiento entre poderes y el cruce de acusaciones sobre quién está dejando el camino libre a los grupos criminales.
El último incidente en ese pulso es la decisión de todas las bancadas opositoras de abrir la investigación de tipo política, incluidas algunas que en otros momentos han apoyado al oficialismo. “A nuestros despachos han llegado prácticamente todos los cuerpos policiales a denunciar como este Gobierno les impide realizar su trabajo”, dijo en el plenario la diputada de izquierda Rocío Alfaro, del FA. “El 66% de las unidades de la Fuerza Pública están fuera de servicio. ¿Saben cuál es la inversión en nuevas patrullas? Cero”, manifestó José Pablo Sibaja, jefe de la bancada conservadora Nueva República, de base cristiana evangélica.
El vocero de la fracción más grande, la del tradicional Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, recordó que los diputados oficialistas se opusieron a un reciente aumento de casi 40 millones de dólares para inversión en seguridad y operación de la Policía Judicial.
Fuego cruzado en instituciones
El oficialismo tomó la decisión de los opositores como un insulto. “Es absolutamente falso y ofensivo decir que este es un narcogobierno. No sé cómo a los que escribieron esta moción no les da vergüenza”, respondió Pilar Cisneros, líder de los legisladores gobiernistas y referente política del presidente Chaves.
En una acalorada discusión Cisneros dijo a los opositores que después “pagarán la factura” sin dar detalles sobre esta advertencia. Rodrigo Chaves dijo este viernes que su gobierno lo toma como una ofensa para el trabajo que hace la Fuerza Pública. El ministro Zamora no contestó una petición de comentario enviada para esta publicación.
Al enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo se suma el Poder Judicial, blanco de las críticas del mandatario después de operativos judiciales por presuntos casos de corrupción en el gobierno. El fiscal general, Carlo Díaz, que ha rechazado las acusaciones de Chaves de estar actuando con “abuso de poder” y por órdenes de otros grupos políticos lanzó insinuaciones delicadas este mismo jueves ante una comisión legislativa, al señalar que la Administración de Control de Drogas (DEA, sigla en inglés) lo invitó a un seminario días atrás en Atenas, pero no a otras autoridades, en alusión a jerarcas del Poder Ejecutivo.
“Vergüenza les debería dar a los que no invitó la DEA y no voy a decir nombres”, dijo el jefe del Ministerio Público antes de hacer otra denuncia grave: la posibilidad de estar siendo vigilado por agentes de un cuerpo de seguridad adscrito a la Presidencia de la República con vehículos que habían sido decomisados al narcotráfico.