Todo era parte de un show. Desde los operadores políticos del régimen orteguista, hasta los en ese entonces aliados del sector privado, entonaban en coro el himno de promesas faraónicas que acompañaban al proyecto de construcción del gran canal interoceánico, adjudicado directamente por el dictador Daniel Ortega a un oscuro empresario chino llamado Wang Jing.
Desde la creación de un aeropuerto internacional de categoría 4E, la generación de 200 mil empleos directos, duplicar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la construcción de dos puertos, uno de los cuales estaría en Brito, son solo algunas de las grandes promesas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre las bondades para el país del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua (GCIN), que como globos, se perdieron en el cielo sin rastro alguno.
Tras más de una década de la aprobación de la Ley 800 y Ley 840 —leyes que sentaron el régimen jurídico para la creación del GCIN—, del proyecto solo quedó un desangre anual en el Presupuesto General de la República para financiar una entidad fantasma y la sangre de campesinos e indígenas que protestaron en defensa de sus tierras.
Finalmente, el fracaso quedó demostrado tras la reciente reforma a la Ley 800 y la derogación de la Ley 840 ocurridas el pasado 8 de mayo de 2024, con la cual se despojó de la concesión del proyecto la empresa Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKND Group).
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La construcción del GCIN iba más allá de la megaobra que partiría en dos al país para permitir el paso de buques de última generación, de acuerdo con las propuestas anunciadas por los medios oficialistas, en el especial por Telémaco Talavera, quien antes de huir de Nicaragua en 2018, fungía como vocero de la Comisión Nacional del GCIN.
La concesión del GCIN comprendía siete subproyectos que incluían una central hidroeléctrica y un complejo turístico, que como el resto de obras vinculadas, “resolverían las dificultades que vivía la población”, de acuerdo al discurso oficial. Sin embargo, después de 12 años de la aprobación de estas leyes, ninguna de estas promesas se cumplieron.
Las bondades del Gran Canal: empleos infinitos y el fin de la pobreza
Protesta realizada en 2017 por campesinos de Nueva Guinea, en la comunidad de La Fonseca. Se trata de la marcha número 91 que tuvieron inicio desde 2014 en oposición al proyecto del GCIN. Divergentes | EFE.
La primera promesa del GCIN era la construcción misma del canal, que iba a generar 50 000 empleos solo en la fase de construcción, 3700 empleos para la operación del mismo y 12 700 plazas fijas para el año 2050, según el Libro Blanco sobre el Proyecto del GCIN.
Además, en las zonas aledañas a la salida del canal, entre Rivas y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), habría una zona libre de comercio, manufactura, finanzas y transporte, que crearía 113 000 puestos de trabajo y más de 3000 centros turísticos. Esto significaría al menos 200 000 empleos en general vinculados a la obra,
“Las estimaciones indican que el impacto económico del Canal contribuiría a reducir la pobreza general en un 11.2 puntos porcentuales y la pobreza extrema a la mitad”, señalaba la propuesta del régimen.
Aunque no se encuentra dentro del Libro Blanco, otros voceros del régimen como el fallecido Paul Oquist, secretario ejecutivo de la Comisión del GCIN, también aseguraron que el proyecto lograría que el 25% de la población saliera del empleo informal.
Según Telémaco Talavera, que hasta antes de 2018 también era presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU), se abrirían carreras universitarias para que los técnicos e ingenieros que laboraran en el canal, fueran nicaragüenses.
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se pronunció al respecto en 2015, cuando dicho proyecto todavía se encontraba en pleno auge. El entonces decano de la Facultad de Tecnología de la Construcción, Óscar Gutiérrez, aseguró que a medida que se fuera desarrollando la construcción del GCIN, se irían desarrollando diferentes ofertas académicas en dependencia de lo que se necesitara en ese momento.
“Prometieron empleos, prometieron que en cinco años iban a entrar los barcos, que el PIB iba a aumentar el doble, que iban a abrir carreras en las universidades. Eso tampoco sucedió”, dice una defensora de derechos humanos y activista anticanal consultada por DIVERGENTES, quien solicitó anonimato para resguardar su seguridad.
Megapuertos, centrales hidroeléctricas y ciudadelas
El régimen Ortega-Murillo también prometió la construcción del Puerto Brito en la costa del Pacífico, y el Puerto Punta Águila en la costa del Caribe. Estos puertos permitirían el paso de más de 5 100 barcos graneleros y petroleros con un soporte de 200 000 toneladas cada uno. Y adicionalmente, tendrían 13 muelles de embarcaciones de trabajo.
Esto incluyó la creación de un aeropuerto internacional de categoría 4E, que los voceros del GCIN no especificaron en dónde se construiría. Este tipo de aeropuerto es el de mayor longitud de campo y el de segunda mayor capacidad de aterrizaje para aeronaves de grandes envergaduras. Según el régimen, este aeropuerto atendería aviones Boeing 747 y 777 y Airbus 360, es decir, los más grandes del mundo.
“Un total de 565.7 kilómetros de carreteras, caminos, puentes y otras obras de apoyo. Complejos turísticos a lo largo de la ruta, algunos ubicados en las zonas donde se crearán asentamientos temporales para la construcción del proyecto y otros centros ecológicos”, continúa la propuesta del GCIN hecha por la dictadura.
La central hidroeléctrica se construiría en el río Agua Zarcas, ubicado en el RACCS, que iniciaría operaciones simultáneamente con el Gran Canal y proporcionaría energía para el funcionamiento de las esclusas.
Según las entrevistas de Talavera en canales oficialistas, esta central también brindaría energía suficiente para el riego de hasta 600 000 manzanas de tierra, destinadas a la agricultura, para garantizar una “seguridad alimentaria” a las comunidades cercanas.
Si bien no se encuentran dentro de la propuesta oficial del régimen sobre el GCIN, los voceros del GCIN señalaron en diferentes ocasiones la construcción de un lago artificial lago artificial similar al lago Gatún de Panamá, para garantizar una fuente de consumo de agua en caso que el lago Cocibolca se salinizara. También habrían fábricas de acero y cemento alrededor del canal.
En un principio, el régimen aseguró que las obras, que oficialmente iniciaron en diciembre de 2014, finalizarían en 2019, de esa manera en 2020, el GCIN ya estaría en servicio. Sin embargo, a medida que pasaron los años, las fechas fueron modificándose. En 2017, el régimen presentó nuevamente la propuesta final del GCIN, pero sin establecer fechas para el desarrollo del proyecto.
12 años de regalar millones de córdobas para el Gran Canal
Pese a la nula ejecución del proyecto del GCIN, el régimen Ortega-Murillo destinó del Presupuesto General de la República (PGR) a la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, 65 862 000 de córdobas, (2 080 159.18 dólares acorde con el tipo de cambio oficial vigente de cada año).
La utilización de este monto desembolsado por el Ministerio de Hacienda entre 2013 y 2024 es desconocida, pues el proyecto del GCIN, que prometía la construcción de ciudadelas a lo largo de las obras, ni siquiera tiene oficinas propias, señala la activista anticanal.
La fuente indica que las reuniones para discutir la obra se realizaban en las oficinas de Manuel Coronel Kautz, presidente de la Autoridad del GCIN.
De acuerdo con la Ley 800, la Autoridad del GCIN es la entidad encargada de “supervisar la conservación, mantenimiento, mejoramiento y modernización del GCIN”, pero después de 12 años de asignaciones y subvenciones del PGR, nunca ha brindado informes sobre avances al respecto. El proyecto ni siquiera tiene página web.
“Es una entidad fantasma que recibe dinero”, dice la activista. “No se sabe qué pasó con ese dinero o en qué se gastó. El Estado no ha dado cuentas sobre esto. También prometieron transparencia y no lo cumplieron”, expresa.
Por su parte, Francisca Ramírez, líder del Movimiento Campesino y activista anticanal, señala que nunca hubo un inicio de la obra en las zonas que iban a ser afectadas por la ruta del canal en todo este tiempo, pese a que el régimen aseguró que la construcción inició en diciembre de 2014.
“Vimos que se robaban los recursos del Estado mientras a nosotros nos quitaban nuestros derechos. El único movimiento que vimos en nuestras zonas era la militarización y la represión cada vez que protestamos en contra del canal, hasta que fuimos expulsados en medio de la la crisis sociopolítica”, indica Ramírez.
Comunidades campesinas e indígenas viven en represión
Estas promesas incumplidas fueron la justificación del régimen Ortega-Murillo para reprimir violentamente a la población campesina que protestó contra el proyecto del GCIN, y para vender inconstitucionalmente la concesión del canal al empresario chino —recientemente declarado en bancarrota— Wang Jing, dueño de la empresa HKND Group.
“Lo único que nos trajo el proyecto del canal fue daños y perjuicios”, asegura Ramírez. De las más de 100 marchas pacíficas realizadas en contra del GCIN durante al menos cuatro años, la mayoría de ellas fueron reprimidas violentamente por la Policía Nacional y personas fanáticas del régimen.
Ramírez indica que durante las manifestaciones se registró el fallecimiento de varios manifestantes, personas heridas que quedaron con secuelas permanentes y cientos de campesinos detenidos temporalmente.
“Hubo gente que quedó con secuelas por la represión, personas que se quedaron sin sus ojos por las balas de goma, personas que perdieron sus órganos por balas de plomo. Nunca los indemnizaron, ni investigaron estos hechos. Nunca hubo una reparación. Hubo más de 70 campesinos detenidos en El Tule y fueron trasladados a El Chipote en Managua”, relata.
Además, la represión incluyó una persecución y criminalización contra líderes y activistas campesinos que fueron asediados y amenazados por personas allegadas al régimen. Comunidades enteras que se oponían al proyecto como El Tule, fueron excluidas de proyectos de desarrollo realizados por el Estado y a los líderes anticanal les fueron negados servicios en las instituciones estatales como en los centros de salud.
“Tuvimos represión todo el tiempo. No teníamos derecho a presentar proyectos de desarrollo económico. Nos cerraron los créditos de los bancos. Negaron los derechos en los servicios públicos como en salud. Nos amenazaban cuando hacían vacunaciones y entraban con un convoy de gente armada. Vivíamos en militarización”, cuenta Ramírez.
La activista anticanal consultada por DIVERGENTES asegura que la población vivió con mucha inseguridad a partir de la aprobación de las leyes que daban vía libre al GCIN.
“Los niños le preguntaban a los padres ‘¿dónde nos vamos a ir si viene el canal?’. Ni los padres, ni los profesores podían contestar porque nadie sabía. Solo sabían que venía un proyecto poderoso que los iba a desplazar. A lo mucho, les iban a dar un poco de dinero a las familias desplazadas, pero muchos campesinos e indígenas no tenían legalizadas sus parcelas y a ellos no les iban a dar nada”, manifiesta.
Reformas a leyes canaleras en Nicaragua no generan confianza
La reforma a la Ley 800 y la derogación de la Ley 840 que quitó la concesión a HKND Group no genera alivio entre la población campesina e indígena aún, señala la activista. De acuerdo con ella, la reforma a estas leyes son preparativos para revivir el proyecto y venderlo internacionalmente al mejor postor.
“Nos causa incertidumbre porque no sabemos lo que quieren hacer con ese proyecto. Nuevamente no hay transparencia y no hay información pública al respecto”, indica.
Ramírez apunta que aunque es una alegría que la Ley 840 haya sido derogada, no es porque el régimen haya querido, sino “porque fueron estafados por Wang Jing”.
“Derogaron la Ley 840, pero dejaron la Ley 800 para venderle la concesión a cualquier inversionista”, dice. Si bien se ha demostrado el gran fracaso del régimen con el proyecto del GCIN, es una amenaza que sigue latente mientras estén en el poder.