El pulso en Washington por la reforma migratoria. Trump abre las puertas con condiciones y los demócratas apuntan al lucro de ICE 

El enfrentamiento va más allá de la retórica política. Se trata de una disputa estructural sobre cómo Estados Unidos gestiona a su población migrante. Legisladores demócratas denuncian que la maquinaria de deportaciones se sostiene sobre la opacidad y la falta de supervisión, mientras el Ejecutivo deja claro que “no habrá amnistía”

Una activista muestra fotografías durante una conferencia de prensa sobre las soluciones migratorias tras los resultados de las elecciones de medio mandato este miércoles, en Washington (Estados Unidos). EFE/Lenin Nolly

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A partir de enero 2027, Washington se convertirá en el epicentro de un choque de poderes frontal entre demócratas y republicanos en materia migratoria. El mandatario estadounidense, Donald Trump, expresó su disposición a valorar un ajuste legislativo en materia migratoria dentro de EE. UU., aunque recalcó que cualquier pacto debe mantener un carácter severo y excluyente de amnistías. 

Por otro lado, el Partido Demócrata —respaldado por su nueva mayoría en las cámaras legislativas— prepara una ofensiva sin precedentes para fiscalizar y desmantelar el modelo de negocio que sostiene a los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Trump reiteró que no suavizará sus acciones de expulsión masiva. “No habrá amnistía”, aseveró ante la prensa en la sede presidencial, sosteniendo que sus decisiones siguen inalterables y respaldando el rigor impartido durante su gestión, luego de mostrarse dispuesto a conversar con sus adversarios sobre la gestión migratoria.

Esta opción de debate cobra fuerza mientras trascienden acercamientos para pactar con la bancada demócrata, si bien la Casa Blanca carece aún de un proyecto oficial presentado. 

Preparando recomendación…

El enfrentamiento va más allá de la retórica partidista. Se trata de una disputa estructural sobre cómo Estados Unidos gestiona a su población migrante. Mientras las empresas contratistas privadas reportan ingresos récord bajo el paraguas de las políticas ejecutivas, legisladores demócratas denuncian que la maquinaria de deportaciones se sostiene sobre la opacidad, la falta de supervisión y una persecución desproporcionada que ha fracturado a miles de familias de la diáspora latina. 

Las esperanzas demócratas 

Donald Trump camina con la cabeza inclinada mientras se ajusta una gorra blanca, vestido con traje azul y corbata roja, en Washington.
Donald Trump, durante un acto previo a las elecciones de medio término en Washington, Estados Unidos, el 2 de noviembre de 2026. Foto: Jim Lo Scalzo | EFE/EPA.

La reciente designación de Stephen Miller como jefe de gabinete de la Casa Blanca ha marcado el tono de lo que será la agenda del Poder Ejecutivo. Conocido como el principal arquitecto de las políticas migratorias más restrictivas del presidente Trump, su nombramiento ha sido interpretado por sus opositores como una declaración de guerra contra los migrantes. 

El medio de noticias especializado Politico reportó que en los días previos a las elecciones de mitad de mandato, el representante Henry Cuellar (demócrata por Texas) confiaba en que una victoria demócrata podría abrir la puerta a una reforma migratoria.

Cuellar se mostró tan optimista que contactó con el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, David Venturella, y con el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, para tantear áreas de “punto en común”, según declaró en una entrevista.

Cuellar es uno de los varios demócratas moderados que buscan llegar a un acuerdo con la Casa Blanca, especialmente en lo que respecta a controlar a los agentes del ICE y crear vías legales para que algunos inmigrantes obtengan la ciudadanía. 

No les desanima el nombramiento del intransigente en materia de inmigración, Stephen Miller, como jefe de gabinete del presidente Donald Trump, y ven con optimismo la reciente admisión del presidente estadounidense de que su política de deportaciones era “demasiado dura”.

Varios de estos demócratas ya han llamado a Trump y al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para expresar su disposición a trabajar juntos. Cuellar dijo que se puso en contacto con Venturella y Scott después de las elecciones para intentar programar reuniones.

“Si el presidente, como presidente de los Estados Unidos, toma la decisión —y no el jefe de gabinete— podemos lograrlo. Estoy seguro de que encontraremos muchas diferencias, pero si nos sentamos a dialogar, sin duda podremos resolverlas”, dijo Cuellar. 

Dudas sobre Stephen Miller

reforma migratoria
Stephen Miller camina por los jardines de la Casa Blanca, junto al Secretario de Estado, Marco Rubio. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

 El representante demócrata Ro Khanna, uno de los legisladores más activos de la Cámara de Representantes y de origen indio, no tiene dudas sobre las intenciones detrás del nombramiento de Miller. 

“El nombramiento es una venganza”, explicó el congresista en declaraciones a la agencia EFE. “Trump está intentando abofetear a las comunidades minoritarias que votaron en su contra, a las comunidades asiático-americanas y latinoamericanas que votaron en su contra por la crueldad del ICE”.

Para Khanna, el Ejecutivo ha “destruido gran parte de este país” y “ha aterrorizado a muchas comunidades”. Sin embargo, subraya que las recientes elecciones de medio mandato representan una oportunidad política ineludible, habiendo sido “increíbles” para los colectivos minoritarios.

La maquinaria de ICE no opera de forma equitativa sobre todas las poblaciones indocumentadas. Las estadísticas revelan un enfoque claro que afecta directamente a la comunidad hispana.

90%  de las capturas del ICE son latinos

El pulso en Washington por la reforma migratoria. Trump abre las puertas con condiciones y los demócratas apuntan al lucro de ICE 
El congresista Demócrata Bobby Pulido habla sobre las soluciones migratorias tras los resultados de las elecciones de medio mandato durante una rueda de prensa este miércoles, en Washington (Estados Unidos). EFE/Lenin Nolly

Khanna denunció que “el 90% de los arrestos del ICE son de familias latinas, y la mayoría son hombres”. Las consecuencias sociales de esta política son devastadoras para el tejido comunitario. 

“Así que los padres han sido deportados, las familias se han separado. Necesitamos traer de vuelta a esos padres para reunir a las familias. Tengo una visión clara de lo que necesitamos hacer para defender a nuestras comunidades inmigrantes”, afirmó a EFE.

A diferencia del discurso oficial del Gobierno que vincula las detenciones con la criminalidad, los legisladores demócratas que han visitado los centros sostienen que la narrativa no coincide con la realidad de las personas encarceladas.

En una visita a principios de octubre a la prisión de Adelanto, en el alto desierto de California, el congresista Robert García se mostró sorprendido por la insistencia de los administradores en repetir la línea presidencial. “Nos dijeron que la mayoría de la gente en Adelanto tenía antecedentes penales, cuando sabemos que no es cierto”.

El lucrativo negocio carcelario 

El encarcelamiento de inmigrantes se ha transformado en una industria multimillonaria altamente rentable para corporaciones privadas. Durante los años fiscales 2025 y 2026, la agencia ICE recibió más de 45 000 millones de dólares asignados exclusivamente para la detención de inmigrantes.

Esta inyección de capital permitió una expansión sin precedentes de la red carcelaria. ICE pasó de operar 128 instalaciones en abril de 2025 a 172 en el mes de abril pasado, lo que representa un aumento del 34%. En el mismo periodo, el número de personas bajo custodia alcanzó las 67 000, un incremento del 71% en comparación con el inicio del segundo mandato de Trump. Para las empresas contratistas, la matemática es directa: más camas ocupadas se traduce en más dinero. 

Detrás de los balances financieros, existe un saldo trágico. Más de 60 personas han muerto tras los muros de los centros de detención migratoria desde que el presidente republicano regresó a la Casa Blanca para su segundo periodo. 

Solo en las instalaciones de Adelanto (California), cuatro ciudadanos mexicanos han fallecido, mientras que en Eloy (Arizona) se han reportado al menos dos muertes de migrantes desde principios de 2025.

La lista de violaciones a los derechos humanos documentadas en las más de 170 cárceles incluye negligencia médica, abuso físico, castigos excesivos, falta de alimentos, insalubridad, agua contaminada y métodos de maltrato sistemático diseñados para presionar a las personas indocumentadas a aceptar su deportación voluntaria. 

La ausencia de la supervisión del Gobierno

El problema se agrava por el desmantelamiento intencional de los mecanismos de supervisión gubernamental. Un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) reveló que dos de las cuatro entidades encargadas de inspeccionar los centros han reducido sus visitas o las han suspendido por completo.

Con la mayoría en ambas Cámaras a partir de enero 2027, los legisladores demócratas prometen usar todas las herramientas legislativas a su disposición. La estrategia pasa por utilizar comités clave para forzar auditorías y reactivar las inspecciones sorpresa. 

El desafío será enorme. La voluntad del Legislativo chocará invariablemente con un Poder Ejecutivo decidido a utilizar a la agencia ICE como su brazo ejecutor, en un debate en el que están en juego miles de millones de dólares y el destino humano de la diáspora  latinoamericana en suelo estadounidense. 

*Con información de EFE, Politico y El País


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