Tras varias semanas de total silencio sobre los ataques de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia Católica, este viernes el Vaticano aprovechó su participación en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para expresar su “preocupación” por la persecución que sufre la Iglesia. La Santa Sede externó su deseo de colaborar en un eventual diálogo que permita encontrar “caminos de entendimiento basados en el respeto y confianza”.
“La Santa Sede no puede dejar de manifestar su preocupación, mientras asegura su deseo de colaborar siempre con quienes apuestan por el diálogo como instrumento indispensable de la democracia y garante de una civilización más humana y fraterna”, manifestó monseñor Juan Antonio Cruz, observador permanente de la Santa Sede en la OEA.
La declaración del Vaticano se da nueve días después de que la Policía Nacional cercara la residencia donde se encuentra confinado monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, junto a otros diez laicos.
El pasado cinco de agosto de 2022 la Policía de Ortega-Murillo abrió un proceso investigativo en contra de Álvarez, supuestamente por “intentar organizar grupos violentos y ejecutar actos de odio en contra de la población”, después que el cuatro del mismo mes el líder religioso decidió salir de su Palacio Episcopal para encarar a los oficiales que lo asediaban.
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“En tal sentido, la Santa Sede hace un llamado para que las partes puedan encontrar caminos de entendimiento basados en el respeto y confianza recíproca buscando el bien común y la paz”, señaló por su parte el representante de la Santa Sede. A la fecha el papa Francisco no se ha pronunciado sobre la situación que vive la Iglesia en Nicaragua.
Y mientras un fuerte despliegue policial mantiene sitiado a monseñor Álvarez en su residencia, sin permitirle el ingreso de víveres o medicamentos, por otro lado, monseñor Sócrates René Sándigo, obispo de la Diócesis de León, celebró este viernes la inauguración de un paso peatonal en la basílica de esa ciudad, acompañado del alcalde Róger Gurdián.
OEA aprueba resolución
El Consejo Permanente de la OEA aprobó este viernes 12 agosto una resolución en la que condena enérgicamente los ataques ejecutados por la dictadura Ortega-Murillo contra la Iglesia Católica, organizaciones no gubernamentales, así como la demanda de la liberación de los presos políticos y el respeto al ejercicio del periodismo independiente, azotado por el régimen sandinista.
La resolución, que fue promovida el ocho de agosto por Antigua y Barbuda, con el apoyo de las delegaciones permanentes de Canadá, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Perú, Estados Unidos y Uruguay, fue aprobada con 27 votos a favor, uno en contra, cuatro abstenciones y dos ausentes. Honduras, El Salvador, Bolivia y México fueron las delegaciones que se abstuvieron de votar.
Los países ausentes en esta sesión fueron Colombia y Nicaragua, este último anunció en noviembre de 2021 su renuncia como miembro del organismo, bajo el argumento de que la OEA en reiteradas ocasiones ha realizado acciones injerencistas en los asuntos internos de Nicaragua.
En abril de este año, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, comunicó a la Secretaría General de la OEA que el régimen había decidido “cancelar y cerrar” sus oficinas en Nicaragua. El 28 de abril se declararon las instalaciones como “de utilidad pública” para que fueran utilizadas por el Instituto de Cultura (INC) para construir el “Museo de la Infamia”. De esta forma quedaron oficialmente confiscadas las instalaciones, ubicadas en Las Sierritas de Santo Domingo en Managua.
En la resolución aprobada este viernes el Consejo Permanente se mostró “profundamente preocupado” porque, a pesar de todas las exhortaciones al régimen de Nicaragua para que cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos, “el ambiente de opresión se ha agravado con un número creciente de arrestos y detenciones arbitrarias, el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, la toma autocrática de las alcaldías de cinco municipio, la intensificación de la represión de periodistas y la libertad de los medios de comunicación, ataques a monjas y sacerdote”.
Asimismo, la resolución del Consejo detalla que el organismo se encuentra preocupado porque el régimen sandinista ha hecho caso omiso a los esfuerzos realizados por el secretario general Luis Almagro, para que permita que un grupo de alto nivel llegue a Nicaragua con el fin de “examinar la posibilidad de ayudar al gobierno a restablecer el respeto, y la defensa de la democracia y los derechos humanos de conformidad con las cartas de la OEA”.
Al respecto, la delegación de Antigua y Barbuda declaró que el Consejo mantiene abierta la “oferta” para que la Administración de Ortega establezca un diálogo para restablecer la democracia en el país, asimismo recordó que, aunque Nicaragua haya decidido retirarse de la OEA, “en este momento todavía es miembro de la organización, sujeto a los deberes y responsabilidades de nuestra carta”.
“En este momento de gran opresión y represión en Nicaragua sigue renovando nuestra oferta de trabajar con el Gobierno de Nicaragua para restablecer las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos… no hemos cerrado ninguna puerta, ni quemado ningún puente, la vela sigue encendida en la ventana, la vía hacia el diálogo sigue abierta”, dijo la representación de Antigua y Barbuda.
Situación en Nicaragua
Durante la sesión virtual, la comisionada Julissa Mantilla Falcón, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puso en relieve la persecución que vive la Iglesia Católica tras el cerco policial que impuso la dictadura contra monseñor Rolando Álvarez en la Curia Episcopal de Matagalpa, donde se encuentra junto a otros laicos desde hace nueve días.
La comisionada también puso en perspectiva la situación de los más de 190 presos políticos que hoy sufren torturas en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote, muchos de ellos beneficiados con medidas cautelares otorgadas por el organismo.
“Las personas detenidas están imposibilitadas de tener contacto con sus hijos menores de edad, recibir su correspondencia e incluso una fotografía, igualmente se mantiene el ensañamiento en contra de mujeres líderes como Dora María Téllez, Tamara Dávila y otras detenidas que se encuentran en completo aislamiento y tratos inhumanos”, señaló Mantilla.
La comisionada también remarcó que desde el 2018, pero con mayor intensidad este año, la CIDH ha observado el cierre y confiscación arbitraria de los bienes de más de mil organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacó la cancelación de universidades, asociaciones médicas, de apoyo a la nivel y adolescencia y escuelas vinculadas a la Iglesia Católica.
“Dichos cierres afectan directamente a la población y al ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales”, alertó.
Además, condenó el hostigamiento y asedio contra el periodismo independiente que ha recrudecido en los meses tras el cierre de varias radios católicas, medios de comunicación departamentales y el exilio forzado de la redacción completa del diario La Prensa, cuyas instalaciones fueron tomadas por la dictadura Ortega-Murillo el 13 de agosto de 2021.
“Este sería un hecho sin precedentes en la historia del diario más antiguo de Nicaragua”, dijo la comisionada, quien añadió que este cierre habría derivado el acceso a fuentes periodísticas por el temor generalizado de la población a expresarse.