La toma de la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Managua por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo provocó un rechazo general en los países miembros del Consejo Permanente. Incluso, aquellos que se mostraron ambiguos ya no tienen dudas de que la acción de la dictadura traspasa cualquier límite tolerable. Bolivia, México y Argentina denunciaron la acción públicamente, junto al resto de países del Consejo Permanente.
“En este caso se ha violado el derecho internacional. Nosotros rechazamos cualquier violación del derecho internacional, más si pone en riesgo la vida de las personas”, aseguró el embajador Hector Arce Zaconeta, representante de Bolivia, uno de los países que se ha mostrado neutral ante otras violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen y que han sido discutidas en otras sesiones de la OEA.
Por su parte, el embajador Ronald Sandres, representante de Antigua y Bermuda, aseguró que Nicaragua “ha roto todas sus relaciones con los Estados miembros de la OEA” debido a la acción cometida contra el inmueble que arrendaba la misión del organismo en Managua. “Deberíamos preguntarnos si mañana se va hacia otra organización, hacia otra embajada. ¿Cuál es el final de esto? No tiene final”, agregó el diplomático.
La representante de México, Luz Elena Baños, aseguró que “observamos con preocupación la posible tendencia de interpretar aleatoriamente los principios fundamentales del derecho internacional lo que erosiona y debilita al sistema interamericano”. En diversas ocasiones, México y Argentina se han abstenido a votar a favor de resoluciones que condenan y aíslan al régimen. Más bien se han mostrado cautos a revelar su postura hacia la situación de Nicaragua. La postura empezó a cambiar desde que la dictadura reafirmó su poder a través de unos comicios sin transparencia el pasado siete de noviembre.
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No hay precedente en la historia de la OEA
El secretario general, Luis Almagro, aseguró al inicio de la sesión que esta acción “no tiene precedentes ni en los tiempos de las peores dictaduras de la región, incluidas las que había vivido Nicaragua”. Para Almagro, lo sucedido en Managua podría representar el inicio “a los mayores atropellos contra cualquier organización internacional o contra cualquier sede diplomática”.
Durante la sesión del Consejo Permanente no fue votada ninguna resolución o medida contra el país, pero sí quedó en evidencia el rechazo de casi todas las misiones que conforman al organismo interamericano. “El régimen de Daniel Ortega ha ignorado los procesos de diálogo de esta organización. Sigue haciendo caso omiso de los valores de esta organización. Ha demostrado que no está abierto a ningún tipo”, aseguró el embajador Hugh Adsett, representante de Canadá.
La sesión de la OEA fue realizada un día después de que el régimen declaró como un bien de utilidad pública las instalaciones que el organismo alquilaba en Managua. Este martes, la vicepresidenta Rosario Murillo, segundo al mando en el país, aseguró que las instalaciones serían gestionadas por el Instituto de Cultura, para que se estableciera un “museo de la infamia”.
Murillo dio el anuncio durante su intervención diaria al mediodía: “La Procuraduría General de la República informa que el bien inmueble que ocupaba las oficinas de la deplorable OEA, la despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al Estado de Nicaragua”.
El inmueble que alquilaba la OEA recibe protección por parte de la Convención de Viena, tratado que ratificó Nicaragua en 1975. El artículo 22 de la Convención establece que los locales de la misión son inviolables, “los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”. Además, los Estados suscritos tienen “la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad”.
Con ello, el régimen también violó los acuerdos a los que todos los Estados miembros de la OEA están sometidos, como los que estipula el actual artículo 133 de la Carta Constitutiva, suscrita el 30 de abril de 1948 en la Novena Conferencia Internacional Americana. “La Organización de los Estados Americanos gozará en el territorio de cada uno de sus Miembros de la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos”, menciona la Carta Constitutiva del organismo.