El reciente zarpazo del régimen dictatorial de los Ortega-Murillo a la Universidad Centroamericana (UCA) es una de las acciones más graves del régimen en cuanto al cierre de los espacios cívicos y educativos en Nicaragua. Bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la UCA ha sido acusada de “terrorismo” por una jueza, lo que ha llevado al decomiso de sus activos materiales y financieros. Esta acción confisca efectivamente la prestigiosa institución, fundada en 1960 por la Compañía de Jesús. Como preámbulo de esta confiscación, se venían dando una serie de acciones que inmovilizaron sus propiedades, congelaron cuentas bancarias y revocaron la acreditación del Centro de Mediación.

La acusación del régimen contra la UCA ha generado preguntas sobre el futuro de la educación en el país. Si alguien creía que la dictadura aún podría tener alguna capacidad de “auto-regulación” frente a la educación privada, hoy queda más que claro que el régimen se mueve aceleradamente hacia un sistema de total control, que podría ser comparado con una tropicalización del modelo de Corea del Norte. Es casi certero que luego del zarpazo a la UCA, otras instituciones educativas nicaragüenses, correrán la misma suerte. La situación más preocupante es la de colegios y escuelas que son parte de las diversas órdenes católicas que aún operan en el país. 

Recientemente se conoció que la Fiscalía de Ana Julia Guido preparó graves acusaciones a la UCA. Este patrón de presentar casos políticos después de la publicidad del régimen genera preocupaciones sobre la equidad y transparencia de los procedimientos legales y es bien sabido que fue el mismo procedimiento utilizado contra opositores, defensores de derechos humanos y organizaciones de sociedad civil a las cuales el régimen posteriormente confiscó o inhabilitó.  

Por su parte, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús ha emitido un comunicado contundente en el que califica como “falsas e infundadas” todas y cada una de las acusaciones dirigidas hacia la Universidad Jesuita de Nicaragua, presentes en el oficio emitido por el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua el 15 de agosto de 2023. Esta acusación etiqueta a la UCA como un “centro de terrorismo” y la señala por haber transgredido el orden constitucional del país.

Como bien ha señalado la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, este tipo de acusaciones no son nuevas. Desde el año 2018, la dictadura ha llevado a cabo una serie de ataques y difamaciones contra diversas instituciones educativas y cívicas de Nicaragua. En términos cronológicos, el primer ataque tuvo lugar en junio de 2018 contra el centro de pensamiento y de investigación conocido como Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP). A esto le siguió el cierre de la personería jurídica de nueve organizaciones defensoras de derechos humanos en diciembre de 2018. Hasta la fecha, más de 3, 500 organizaciones sin fines de lucro han sido cerradas o declaradas ilegales. Sin embargo, la confiscación de la UCA es, sin duda, uno de los atropellos más graves contra las organizaciones educativas independientes del país.

La confiscación de la UCA representa una grave amenaza para la libertad académica y el pensamiento crítico en Nicaragua, que trasciende por mucho el espacio universitario y perjudica a Nicaragua. Esta acción sigue un patrón de ataque a las universidades, ya que otras 26 instituciones privadas han caído en manos del régimen Ortega-Murillo. Exestudiantes, profesores y miembros de la oposición de la UCA creen que la confiscación es una táctica en represalia por el papel de la universidad en las protestas sociales de 2018, durante las cuales proporcionó refugio a los manifestantes y criticó los abusos contra los derechos humanos.

Además, la justificación para el cierre de universidades ha sido variada, desde acusaciones de lavado de dinero hasta reclamos de ofertas académicas inconsistentes o infraestructura inadecuada. Este enfoque arbitrario no sólo pone en peligro la educación, sino que también obstaculiza el crecimiento y desarrollo intelectual en el país. La comunidad internacional no puede quedarse callada y, además de solidarizarse con la UCA, debería activar mecanismos para abogar por la preservación de la libertad académica y los derechos humanos en Nicaragua, antes que sea demasiado tarde.