Centroamérica enfrenta una crisis de desigualdad estructural en su sistema tributario, que en lugar de corregir las brechas económicas, las amplía a niveles chocantes. El informe “Más Recursos para más Derechos” realizado por el organismo Oxfam en Centroamérica y presentado este miércoles 26 de marzo, revela que en la región anualmente se pierden 17 465 millones de dólares por evasión y abuso fiscal, lo cual equivale al 6.05% del Producto Interno Bruto (PIB) de toda el área.
El informe destaca que si este monto se destinara para combatir la pobreza extrema de la región, se podría acabar con este flagelo en tan sólo cinco años. Uno de los principales factores que perpetúa la desigualdad en la región es la evasión y elusión fiscal. Solo la evasión corporativa representa una pérdida de 8700 millones de dólares anuales, equivalente a nueve años de salario para 50 000 maestros en escuelas públicas.
También establece que los hogares de la región deben asumir el 43% de sus gastos médicos de sus propios bolsillos, mientras que nueve de cada diez mujeres en zonas rurales,. carecen de acceso a servicios básicos de salud.
“Estamos hablando de una élite que declara solo el 12% de sus ingresos reales, mientras una familia pobre destina el 25% de sus recursos a impuestos indirectos sobre alimentos y medicinas”, explicó Gloria García-Parra, directora regional de Oxfam en América Latina y el Caribe, de acuerdo a una nota de prensa sobre el informe que divulgó el organismo.
Daisy Ávila, directora de Oxfam en Honduras, enfatizó que la falta de una recaudación progresiva afecta especialmente a las mujeres y poblaciones vulnerables. “Son recursos que podrían transformarse en hospitales y guarderías públicas para aliviar la carga que hoy recae sobre todo en las mujeres”, apuntó.
Situación de la pobreza en Centroamérica
El informe detalla que en 2023 se estimó que de cada 100 personas en la región, 51 estaban en situación de pobreza en Honduras, 56 en Guatemala, 30 en El Salvador y 22 en Costa Rica y Panamá. El informe no lo menciona, pero la falta de datos sobre Nicaragua se debe a que la organización fue expulsada del país por la represión en contra de las organizaciones civiles, y que además el régimen sandinista, mantiene una política de nula transparencia y cero acceso a reportes oficiales sobre la situación de pobreza.
Incluso, el 4 de febrero de 2025, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció el retiro de Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y ordenó el cierre inmediato de su representación en el país, como respuesta a la publicación del informe “El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2024” por parte del organismo, el cual, según el régimen, contiene “información falsa y carece de objetividad y rigor metodológico”.
El informe en realidad lo que expuso fue que Nicaragua es uno de los países con mayor población subalimentada en el mundo y se encuentra en situación de crisis alimentaria prolongada, resaltando que para 2024, el 19.6% de la población nicaragüense no se alimentaba de manera suficiente, un aumento del casi 2% de la población respecto al informe de 2023.
En términos macros, esto representa a 1.4 millones de nicaragüenses subalimentados. Se trata de un aumento de 200 000 personas en comparación con las cifras registradas hace 20 años.
El informe de Oxfam también añade además que el 1% de la población más rica de la región concentra el 28.7% de la riqueza total, mientras que el 50% más pobre, apenas accede al 4.1%. En 2020, las 17 personas más ricas de Centroamérica, acumulaban una fortuna de 21 000 millones de dólares, una cifra similar al presupuesto total que los gobiernos destinan en conjunto a educación, salud y protección social. En contraste, una persona con salario mínimo necesitaría trabajar 25 años, para igualar lo que estos activos generan en una sola hora.
Uno de los principales factores que perpetúa la desigualdad en la región es la evasión y elusión fiscal. Solo la evasión corporativa representa una pérdida de 8700 millones de dólares anuales, equivalente a nueve años de salario para 50 000 maestros en escuelas públicas. Además, los hogares de la región deben asumir el 43% de sus gastos médicos de sus propios bolsillos, mientras que nueve de cada diez mujeres en zonas rurales carecen de acceso a servicios básicos de salud.
Las propuestas de Oxfam para reducir desigualdad
El informe también incluye una propuesta de ocho medidas transformadoras, que de acuerdo a Oxfam, si estas fuesen implementadas en conjunto, podrían transformar el sistema tributario en Centroamérica y reducir las desigualdades.
- Eliminación de incentivos fiscales regresivos: La revisión de beneficios tributarios a grandes empresas permitiría recuperar 2100 millones de dólares al año.
- Impuesto a las grandes fortunas: Un tributo progresivo de entre 2.5% y 5% a patrimonios mayores a 5 millones de dólares generaría ingresos adicionales de 1625 millones de dólares anuales.
- Reducción de la evasión fiscal: Un recorte del 50% en la evasión fiscal podría generar 8,700 millones de dólares adicionales.
- Tasa mínima del 25% para multinacionales: Esta medida permitiría recaudar 1236 millones de dólares anuales, en línea con acuerdos internacionales de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
- Universalización de la educación y la salud pública con los recursos recuperados.
- Fortalecimiento de programas de protección social y combate a la pobreza.
- Implementación de sistemas de cuidados con enfoque feminista para reducir la carga del trabajo doméstico no remunerado.
- Transparencia fiscal y auditoría independiente de los beneficios fiscales otorgados a las empresas.
Urgencia de una reforma fiscal justa en Centroamérica
Oxfam destaca que la redistribución de los recursos es clave para el desarrollo sostenible de la región y la garantía de derechos básicos. “Frente a la crisis climática y la disminución de la cooperación internacional, Centroamérica necesita soluciones audaces”, enfatizó García-Parra.
Ricardo Sáenz de Tejada, director de Oxfam en Guatemala, indicó que la desigualdad no es una fatalidad, sino el resultado de decisiones políticas. “Los recursos están ahí; lo que falta es la voluntad política para redistribuirlos con equidad. La implementación de estas reformas no solo reduciría la brecha entre ricos y pobres, sino que permitiría la construcción de sociedades más justas y resilientes en la región”, reflexionó.
Oxfam es una confederación internacional de organizaciones no gubernamentales que trabajan en más de 90 países para combatir la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Su labor se enfoca en la promoción de derechos humanos, la equidad de género, el desarrollo sostenible y la incidencia política para lograr sistemas económicos y fiscales más justos.