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César Zamora, la ‘ficha’ a la que apuesta Ortega para recomponer su alianza con el gran capital

César Zamora (blanco) posa en una foto con Daniel Ortega, Francisco 'Chico' López Centeno en El Carmen, residencia del mandatario sandinista. Cortesía.

Menos de 24 horas después de que se confirmaran las detenciones arbitrarias del presidente y del vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), César Zamora Hinojos —un empresario del sector energético y defensor del modelo político y económico del comandante Daniel Ortega—, asumió este viernes 22 de octubre el mando de la patronal empresarial más grande de Nicaragua. Un nombramiento que le serviría al régimen para intentar restaurar las relaciones con el gran capital y así “demostrar a la comunidad internacional que cuenta con el apoyo de la empresa privada”, según analistas consultados. 

La socióloga Elvira Cuadra considera que el nombramiento de Zamora es un intento del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por recomponer el modelo político con el que gobernaron hasta 2018, que consistía en una alianza pública con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el Ejército de Nicaragua. “Sin embargo, este es un modelo que ya está agotado, que no le dará ninguna legitimidad”, sostuvo Cuadra y agregó “puede darle un respiro de estabilidad durante el período de 2022 pero no lo va a recomponer”. 

César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), asumió la presidencia del Cosep porque, según los estatutos, le corresponde al quedar electo como segundo vicepresidente de la cúpula empresarial, solo por detrás de Michael Healy, presidente, y Álvaro Vargas, vicepresidente, ambos arrestados al mediodía del jueves 21 de octubre. Los líderes empresariales fueron detenidos por los supuestos delitos de “lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”. Además, por “incitar a la injerencia extranjera, gestionar bloqueos económicos, comerciales y operaciones financieras en contra del país y aplaudir imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua, de conformidad a la Ley 1055”.

Para Cuadra, estas detenciones “incomodan al sector privado”, con lo cual, de llegar a darse un diálogo con ellos, “lo que tendrían sentados serían rehenes y no aliados”. 

Tanto Healy como Vargas eran críticos del régimen de Daniel Ortega, sobre todo después de la crisis política de 2018. Ambos engrosaron la lista de 39 personalidades que han sido arrestadas y torturadas desde mayo de este año, a pocos meses de que se desarrollen las elecciones nacionales este próximo siete de noviembre, en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo se elegirán, sin competencia, para un cuarto período consecutivo. 

El analista político Óscar René Vargas considera que Ortega y Murillo echaron presos a Healy y Vargas porque “no estaban de acuerdo en participar en el diálogo que está montando el régimen”. Vargas dice que Zamora “es un incondicional de Ortega”. Para el analista, “Ortega está golpeando a todos los que pueden estar en desacuerdo con su modelo para el 2022. Aparentemente, Healy y Vargas eran un obstáculo. La diferencia con Zamora es que él se va a embarcar sin pedir nada”.

DIVERGENTES contactó a Zamora para preguntarle sobre la detención de sus colegas empresarios, el diálogo al que han llamado algunas fichas del régimen de Ortega y la legitimidad de las elecciones. Sin embargo, el ahora líder empresarial se limitó a responder que estaba con “temas internos del Cosep”, por lo cual pedía “paciencia” para poder atender nuestra solicitud la semana entrante. 

Defensor del pacto entre capitales y la dictadura

Zamora fue uno de los máximos defensores del modelo de “diálogo y consenso” que sostuvieron durante 10 años el gran capital y el régimen de Ortega y Murillo. Cortesía Presidencia.

Zamora fue uno de los máximos defensores del modelo de “diálogo y consenso” que sostuvieron durante 10 años el gran capital y el régimen de Ortega y Murillo, en el que los empresarios hicieron grandes negocios a cambio de su silencio cómplice cuando los sandinistas dilapidaron las instituciones democráticas. 

Aunque a raíz de la crisis de 2018 los empresarios perdieron poder decisión, pues renunciaron a 43 puestos en instituciones estatales y dejaron de incidir en leyes en la Asamblea Nacional, en las cuales fueron consultados en el 40 por ciento de las normas aprobadas en toda la década, los grandes beneficios económicos han continuado tres años después en sectores como los bancos, turismo y minerías, entre otros. 

Según Cuadra, el nombramiento de Zamora revela que “hay alguna anuencia o proclividad del gran capital para mantener esa relación con los Ortega Murillo”. Sin embargo, la analista considera que ese modelo “estaría basado en el temor y en el secuestro y no tiene larga vida”. 

Para Óscar René Vargas, en el gran capital hay sectores que están a favor de un modelo sin Ortega, y otros con Ortega en el poder. “El problema no es que la alianza público-privada con el capital vaya a romperse, lo que no es sostenible es la dictadura. Lo que Ortega anda buscando es que sea sostenible con el apoyo del gran capital”, dijo Vargas y agregó: “esa es la gran discusión del gran capital”.

En julio de 2014, Zamora fue a una gira en Washington, Estados Unidos, como parte de una delegación público privada para promover el modelo político y económico de Ortega y Murillo. “Desde el sector privado apostamos por el diálogo; lo pueden cuestionar, le pueden sacar raja política, pero creemos que los resultados del diálogo están ahí”, dijo Zamora cuando regresó del viaje al que fueron el general en retiro Álvaro Baltodano; el expresidente del Cosep, José Adán Aguerri; y el excanciller Francisco Aguirre Sacasa. Estos dos últimos se encuentran encarcelados desde hace meses en la instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Nuevo Chipote, un centro señalado de practicar torturas en sus instalaciones.

Zamora, por ejemplo, presumía de la seguridad ciudadana que brindaba la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, ambas instituciones armadas señaladas de ser cómplices de Ortega y Murillo durante la represión ciudadana de 2018, cuando se cometieron crímenes de lesa humanidad. “Ese activo ciudadano (la seguridad) no lo tienen ni Guatemala, Honduras, ni El Salvador, ni muchos otros países y ese es un activo institucional que el país tiene y en esto hay un consenso pleno”.

Acusó a monseñor Báez

Después del estallido de abril de 2018, Zamora asumió un perfil bajo, sin criticar los crímenes sandinistas ni la deriva dictatorial de Ortega-Murillo. Cortesía.

En su defensa a ultranza de este modelo, César Zamora atacó a periodistas, partidos políticos y hasta obispos. En marzo de 2015, monseñor Silvio Báez criticó el amarre entre los empresarios y el régimen. “Aquí estamos construyendo una sociedad materialista, donde la riqueza, dinero y crecimiento del mercado, cuenta más que las personas. Hay poca preocupación por la población empobrecida”, dijo Báez. 

Esta declaración motivó a Zamora a acusar al religioso de intentar “destruir moralmente al sector privado para que echemos pie atrás”. Agregó que “el único interés del partido político Movimiento Renovador Sandinista es destruir al gobierno de Daniel Ortega. Es cierto, hay gente en el sector privado que solo ven por sus intereses, los hay también en la sociedad civil, entre los periodistas que solo velan por sus intereses, y también hay curas que solo están velando por su interés personal”.

Su vinculación con el régimen de Daniel Ortega lo llevó a aparecer en 2017 en una lista de nombres de funcionarios que la organización norteamericana Freedom House, que promociona la democracia, propuso para que fueran sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Esto hizo que Zamora alentara a los empresarios “ a dar la cara en Washington para defenderse”, y sostuvo que “los ataques que vienen de parte de la gente opositora hoy en Nicaragua, antes eran contra el gobierno, luego contra el sector privado y ahora han metido a la Policía y el Ejército, son ataques viscerales”. 

«Han avanzado demasiado rápido en los estudios de factibilidad del Canal Interocéanico, y lo importante es que el señor Wang Jing está decidido a hacerlo. Cuando alguien desarrolla un proyecto hay dos temas importantes: los buenos proyectos nunca mueren, y uno tiene que tener entusiasmo para hacerlos”

César Zamora tras su visita a China en 2013. Fuente: El 19 Digital.

Después del estallido de abril de 2018, Zamora asumió un perfil bajo, sin criticar los crímenes sandinistas ni la deriva dictatorial de Ortega-Murillo. Solo apareció el año pasado para criticar a algunos agremiados en el Cosep que pidieron el cambio de su excuñado José Adán Aguerri al frente de la patronal, después de 13 años en el cargo. “Hay una campaña de odio en contra del Cosep. Los enemigos del Cosep están afuera, y quieren dañar a nuestra gente. José Adán se expone por todos nosotros, y hay que cuidarlo”, dijo. 

La esposa de César Zamora es Florencia Castro-Leal, jefa de la Oficina Economista del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), uno de los pocos organismos internacionales que continúa financiando al régimen Ortega-Murillo que —debido a las sanciones internacionales que han cortado los flujos de multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)—, sus flujos se han mermado desde la crisis política de 2018. Entre los objetivos de la oficina de Castro-Leal se encuentran “asesorar la toma de decisiones institucionales de alto nivel, contribuir directamente al impacto que genera el negocio al desarrollo de la región y promover la formación de criterio en apoyo a la operatividad diaria’”. 

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