La sanción impuesta por el Gobierno de los Estados Unidos a la Dirección General de Minas (DGM) no solo limita la capacidad del régimen sandinista para entregar concesiones a empresas mineras en Nicaragua, sino que establece un marco “regulatorio” que permite al Departamento del Tesoro identificar y sancionar a las personas o empresas “que operan o han operado en el sector aurífero de la economía nicaragüense” y “que tengan un vínculo con la dictadura Ortega-Murillo”, explicó Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río.
Si bien el Gobierno de los Estados Unidos no ha sancionado hasta ahora a una compañía o empresario del sector minero en Nicaragua, según el presidente de la Fundación del Río, esto no significa que no pueda ocurrir en el futuro.
“El Departamento del Tesoro presentó un marco regulatorio porque probablemente tiene identificado un actor importante del sector en Nicaragua. Calibre Mining, por ejemplo, ha monopolizado toda la industria y es la compañía que recibe las mayores concesiones mineras en áreas protegidas y en territorios indígenas. Su relación con el régimen es innegable”, expresó Ruiz.
Un día después de que el Gobierno estadounidense sancionara a la DGM, la empresa Calibre Mining, de capital canadiense, publicó un comunicado en su página web en el que informaron que estaban analizando el anuncio del Departamento del Tesoro respecto a las sanciones impuestas a la Dirección. También canceló tres concesiones que habían sido otorgadas en meses anteriores.
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“Calibre está revisando de manera proactiva las sanciones recientes y se ha comunicado con el Departamento del Tesoro para garantizar el pleno cumplimiento de estas disposiciones. Calibre reafirma su compromiso de seguir cumpliendo con todas las leyes y restricciones internacionales pertinentes. La Compañía proporcionará una actualización del mercado una vez que tenga información adicional, luego de conversaciones con sus asesores y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, dice el comunicado.
Ruiz consideró que el Departamento del Tesoro no sancionó a ninguna compañía o empresario porque continúan esperando un cambio de actitud respecto a su postura con la situación política de Nicaragua.
“Ya dijo Brian Nichols, el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, que quieren ver un cambio. Entonces por eso disponen de este marco que va a ser analizado por las compañías. Veremos qué tipo de acciones se tomarán en el futuro”, dijo Ruiz. “Por ahora solo se están centrando en el oro. Pero no descartaron ir a otro sector”, agregó.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó en la lista a la DGM el pasado lunes 24 de octubre, de conformidad con lo establecido en la Orden Ejecutiva 13851. También fue sancionado Lenín Cerna, jefe de Seguridad del Estado durante la primera presidencia de Ortega en las décadas de 1970 y 1980.
Según la OFAC, la DGM ha gestionado la mayoría de las operaciones de minas en Nicaragua en representación del gobierno sandinista. La información divulgada por el Tesoro reveló que esta oficina fue utilizada por el régimen Ortega-Murillo como entidad para gestionar la exportación de oro, burlando las medidas impuestas anteriormente por la administración del presidente Joe Biden a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
“Ortega y sus compinches continúan utilizando las ganancias derivadas de la producción y venta de oro para llenar sus propios bolsillos y pagar a quienes mantienen al régimen en el poder”, dijo la OFAC en el comunicado.
¿Impacto en las inversiones?
Un economista consultado por DIVERGENTES explicó que la sanción podría impactar en las inversiones y exportaciones del oro, si y sólo si, el Gobierno de Estados Unidos, a través del Tesoro, identifica y sanciona a las compañías que operan en el país y que tienen el control de este negocio.
La sanción impuesta por la OFAC prohíbe todas las transacciones por parte de personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas designadas o alcanzadas por otras medidas de bloqueo, a menos que se encuentren autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o que tengan algún otro tipo de dispensa.
“En pocas palabras, si una de las empresas que tiene el control del negocio en Nicaragua es sancionada por el Tesoro, esta no podrá tener ninguna participación comercial con los compradores originarios de Estados Unidos. Y ojo, que el mercado estadounidense no es poca cosa”, explicó el economista.
Lo dicho por el economista puede entenderse mejor si tomamos como referencia una publicación que hizo en Twitter la embajada de Estados Unidos en Nicaragua. Según esta información, el Gobierno norteamericano importa cerca del 80% del oro producido en Nicaragua.
“Es decir que si ocurriera una designación mañana a todas las empresas, estas no podrían vender su oro en Estados Unidos y esto indudablemente generaría grandes pérdidas para las compañías y el Gobierno sandinista”, expresó el economista.
El experto también recordó que el oro es uno de los principales productos de exportación en términos de valor. Solo en el 2021 totalizó 942 millones de dólares. Para este año, según las proyecciones del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se pueden alcanzar los 1.000 millones de dólares.
“La orden ejecutiva también proporciona autoridades de sanciones ampliadas que podrían usarse para prohibir nuevas inversiones estadounidenses en ciertos sectores identificados en Nicaragua, la importación de ciertos productos de origen nicaragüense a los Estados Unidos, o la exportación, desde el país norteamericano”, añadió el Tesoro.