Estados Unidos sanciona a Lenín Cerna, “confidente cercano a Ortega”, y golpea el negocio minero

El presidente Biden también firmó este lunes una nueva orden ejecutiva en la que amplía la autoridad del Tesoro para responsabilizar al régimen Ortega-Murillo por sus continuos ataques a la libertad de expresión y reunión de los nicaragüenses. Es un golpe certero a las exportaciones de oro


El Gobierno de los Estados Unidos sancionó este lunes a la Dirección General de Minas (DGM) y al exsecretario del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Lenín Cerna, considerado un “confidente cercano” del dictador Daniel Ortega, en respuesta a las constantes violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura. Washington también prohibió la entrada a 500 funcionarios ligados al régimen por “socavar las instituciones democráticas” según anunció el secretario de Estado, Antony Blinken.

A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, la administración Biden, expuso que, en el caso de Cerna, estuvo involucrado en numerosos casos de asesinatos y de torturas cuando fue jefe de Seguridad del Estado en la década de 1980.

Según el Departamento del Tesoro, Cerna estuvo presuntamente involucrado en el asesinato en 1979 del coronel Pablo Emilio Salazar, jefe de la guardia presidencial del dictador nicaragüense Anastasio Somoza (1974-1979), proporcionando armas. “Una vez que asumió como jefe de la Seguridad del Estado bajo Ortega, según informes públicos, Cerna se hizo famoso y temido como torturador”, expone la OFAC en un comunicado.

La DGM, adscrita al Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua (Eniminas), institución sancionada por Washington el 17 de junio pasado, ha sido utilizada por el régimen Ortega-Murillo como entidad para gestionar la exportación de oro, burlando las medidas impuestas anteriormente contra la compañía estatal.

“Ortega y sus compinches continúan utilizando las ganancias derivadas de la producción y venta de oro para llenar sus propios bolsillos y pagar a quienes mantienen al régimen en el poder… incluso para apoyar la invasión de Ucrania lanzada por Rusia”. La sanción representa un duro golpe para la exportación de oro, uno de los principales rubros que mayores ingresos generan al país.

Datos oficiales detallan que en 2021 las exportaciones de oro de Nicaragua a Estados Unidos aumentaron un treinta por ciento, totalizando más de $744 millones. Estas representaron el 79% de todas las exportaciones de oro de Nicaragua durante el año.

“Las sanciones al oro tocan lo único que la dictadura respeta y venera más que a Dios, los dólares”, reaccionó en su cuenta de Twitter el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields.

Además, el presidente Biden firmó este lunes una nueva orden ejecutiva en la que amplía la autoridad del Tesoro para responsabilizar al régimen Ortega-Murillo por sus continuos ataques a la libertad de expresión y reunión de los nicaragüenses.

Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, una organización cuya personería jurídica fue cancelada por la Asamblea Nacional, refiere a DIVERGENTES que, aunque el régimen pretendió burlar las sanciones contra Eniminas, reformando la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, lo contundente de esta nueva medida serán las implicaciones que traerán al mercado de exportación de oro.

“El oro nicaragüense principalmente se exporta a Estados Unidos y el año pasado prácticamente representaron más de 1.063 millones de dólares, yo creo que ahí se centra el mayor impacto que podría tener a esta actividad extractiva”, señala el también defensor de los derechos ambientales.

Ruiz expone que luego de Estados Unidos, los mercados de exportación que le quedan a Nicaragua son Suiza y Arabia Saudita, aunque asegura que ninguno de los dos mencionados anteriormente representan mayor impacto positivo en el sector aurífero nicaragüense.

Impacto de las sanciones

Vista del Capitolio en Washington, D.C. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Como fruto de las sanciones del Tesoro, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueados y deben informarse a la OFAC.

También quedará bloqueada cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más en total de una o más de dichas personas. “Todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas o designadas están prohibidas, a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o estén exentas de otro modo”, apunta la orden ejecutiva firmada por Joe Biden.

“La nueva orden ejecutiva también proporciona autoridades de sanciones ampliadas que podrían usarse para prohibir nuevas inversiones estadounidenses en ciertos sectores identificados en Nicaragua, la importación de ciertos productos de origen nicaragüense a los Estados Unidos, o la exportación, desde el país norteamericano”, añade el Tesoro.

Restricción a 500 funcionarios

EFE/Jorge Torres

Estados Unidos también prohibió la entrada de 500 personas vinculadas al régimen sandinista por “socavar las instituciones democráticas” del país centroamericano, anunció el secretario de Estado, Antony Blinken.

Entre los sancionados hay miembros de las fuerzas de seguridad de Nicaragua -incluida la Policía Nacional-, funcionarios de prisiones, jueces, fiscales, trabajadores de la educación y otras personas que participan en la “represión y corrupción del régimen”, así como sus familiares, afirmó el titular de Exteriores sin detallar sus identidades.

“Ningún miembro del Gobierno de Nicaragua ni nadie que facilite los abusos del régimen debe pensar que puede viajar libremente a Estados Unidos”, añadió Blinken en un comunicado.

El bloqueo de visados para estas 500 personas se basa en una orden presidencial que “suspende la entrada a Estados Unidos a miembros del Gobierno de Nicaragua y a otras personas que se beneficien del debilitamiento de las instituciones democráticas” de Nicaragua.