La reforma a la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas aprobada este miércoles por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende burlar las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) en junio de este año, opinó Amaru Ruiz, director de Fundación del Río. El también defensor de los derechos ambientales explicó que la modificación de la ley le permitirá a la dictadura sandinista continuar con el millonario negocio del oro en el país pero ahora bajo la tutela del Ministerio de Energías y Minas (MEM).
La fundamentación de la reforma a la Ley 387, enviada con trámite de urgencia a la Asamblea Nacional, señala que en “estos momentos” es necesario una asignación de funciones al ente rector de los recursos minerales del país (MEM) en relación a sus responsabilidades relacionadas a la organización del sector minero y muy especial de la Minería Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE).
El nuevo artículo dos de la Ley 387 expone que de ahora en adelante el Estado podrá participar del negocio a través de alianzas y asociaciones con empresas privadas, públicas o mixtas que proponga el MEM. El Ministerio también ejecutará un seguimiento y revisión de las concesiones mineras otorgadas para determinar el cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros, y faculta cancelar dichas autorizaciones en caso de incumplimientos.
“Eniminas no es funcional. Al establecer negocios con empresas transnacionales el mayor riesgo lo asumen las compañías extranjeras porque se exponen a una sanción de Estados Unidos por establecer relaciones comerciales con una entidad sancionada”, aseguró Ruiz. El director de Fundación del Río manifestó que por esta razón en la misma reforma se cancelaron dos concesiones que fueron otorgadas a Eniminas en Chontales y Chinandega.
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“Todo esto que están haciendo es un claro ejemplo de cómo el régimen está sorteando las sanciones establecidas por el Departamento del Tesoro a Eniminas”, dijo Ruiz.
Eniminas fue creada en el 2017 por el Gobierno sandinista para “consolidar su control sobre el sector minero de Nicaragua”. Una de las principales funciones de la institución era la regulación de la minería aurífera a través de la emisión de concesiones de tierras a empresas nacionales y extranjeras. Sin embargo, en junio de este año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a la compañía y al presidente de su junta directiva, Ruy López Delgado.
Según el comunicado de la OFAC, el régimen Ortega-Murillo utilizaba “los ingresos del oro para continuar oprimiendo al pueblo de Nicaragua y participando en actividades que representan una amenaza para la seguridad del hemisferio”.
Un error: legalizar la minería artesanal
La reforma aprobada por los diputados sandinistas también agregó un párrafo al artículo 84 de la Ley, para otorgar concesiones en las áreas de reserva minera, los interesados deberán suscribir alianzas, asociaciones, sociedades con empresas privadas, públicas, o mixtas o cualquier forma de participación que proponga el MEM. Según Ruiz esta tarea era realizada en conjunto con Eniminas. Sin embargo, en la modificación no aparece una referencia a la empresa sancionada.
Otra de las modificaciones que más preocupa a Ruiz es la del artículo 39 que señala que el MEM coordinará y supervisará previo acuerdo entre concesionarios o planteles de beneficio debidamente registrados, la entrega de recursos mineros provenientes de la pequeña minería y la minería artesanal a través de personas naturales o jurídicas así sean privadas, públicas o mixtas, que estén previamente autorizadas por el ente rector.
“En los casos que se requiera el MEM otorgará avales de dichos recursos minerales a ser entregados a favor de los mineros artesanales y pequeños mineros”, dice el texto de la reforma.
El director de Fundación del Río explicó que la emisión de avales del MEM a la minería artesanal y de pequeña escala legalizaría a una industria que no cuenta con los debidos parámetros ambientales y sociales, y en la que tampoco existe seguridad laboral, manejo de los desechos y prolifera el trabajo infantil.
“Esto tiene una connotación importante. Implica que los planteles industriales van a introducir dentro de su producción el material que procede de la minería artesanal que es ilegal porque vienen de fuentes no sostenibles. Según el MEM están ordenando, pero lo que va a pasar es que le van a dar legalidad a una actividad que no cumple con los estándares”, denunció Ruiz.
Asimismo la reforma supone una revisión de las concesiones mineras entregadas que dejaría en manos del MEM la decisión de otorgar los permisos a una sola empresa de forma discrecional.
“La principal compañía que está recibiendo el mayor beneficio en términos de concesiones mineras es Calibre Mining, a través de su subsidiaria Calibre Mining Nicaragua S.A., entonces, es muy probable que el oligopolio que existe en el mercado pueda transformarse en un monopolio hacia esta u otra empresa”, insistió Ruiz.
Precisamente un informe técnico presentado por Fundación del Río en el que se detalla que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido el que más concesiones ha otorgado desde 2007, reveló que Calibre Mining Nicaragua es la sociedad que tiene en su poder el 15% de todo el territorio como área concesionada para exploración y explotación. El oro es uno de los principales productos de exportación de Nicaragua.