“Hay un repunte de dengue muy preocupante”, confía un médico que pidió reserva de su identidad a DIVERGENTES. Nicaragua atraviesa una de las mayores olas de la enfermedad, según distintas fuentes sanitarias, pero el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo niega. Los informes del Ministerio de Salud (Minsa) muestran descensos semanales mínimos, mientras en hospitales y centros sanitarios el número de pacientes sigue creciendo, principalmente en zonas rurales del país.
Médicos consultados, que pidieron el anonimato por temor a represalias, señalan que las cifras oficiales del orteguismo no reflejan la magnitud del brote y alertan de un subregistro que la dictadura intenta encubrir bajo una apariencia de control. Esto derivado de las fuertes lluvias que azotaron el país en los últimos meses, lo que disparó los casos de dengue provocados por el mosquito Aedes aegypti. Se desconoce con certeza la magnitud del brote.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que hasta el 28 de septiembre de 2025, la región de las Américas acumulaba 3 931 323 casos sospechosos de dengue, una cifra que representa una disminución del 68% en comparación con el mismo periodo de 2024 y del 10% respecto al promedio de los últimos cinco años.
Aun así, los casos reportados en la última semana de septiembre aumentaron un 26% en Guatemala, 25% en México y Costa Rica, y 11% en Honduras en comparación al promedio de sus cuatro semanas epidemiológicas previas. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, según el Minsa, los contagios han disminuido.
En Nicaragua, los datos del Ministerio de Salud, recogidos por DIVERGENTES, muestran que la transmisión del dengue en 2025 siguió un patrón claramente estacional. Tras un inicio de año relativamente alto —con 266 casos confirmados en la semana del 8 de febrero y 228 en la del 1 de marzo—, los contagios bajaron y se estabilizaron entre mediados de marzo y finales de mayo, en niveles de entre 150 y 175 diagnósticos semanales.
A partir de junio la curva comenzó a subir de manera sostenida: las cifras prácticamente se duplicaron en siete semanas, pasando de 174 el 7 de junio a 342 en la última semana de julio. El pico epidémico llegó en agosto, el mes más crítico, con entre 336 y 395 personas enfermas cada semana, y un máximo de 395 casos en la semana del 16 de agosto.
Minsa proclama disminución
Desde septiembre se observa una disminución gradual —295 casos a inicios de ese mes frente a 253 en la semana del 18 de octubre—, lo que indica que la ola principal ya está en fase de descenso, aunque la transmisión sigue por encima del mínimo registrado a finales de mayo.
Los especialistas de atención primaria, sin embargo, señalan que el brote se mantiene activo desde finales de septiembre, lo que coincide con los incrementos reportados en Honduras.
La última vez que el Minsa reportó datos epidemiológicos del dengue a la OPS fue en enero de 2025, cuando informó de 5702 casos sospechosos, de los cuales 916 fueron confirmados en los laboratorios. Para febrero, Nicaragua figuraba entre los seis países de la región con mayor número de contagios, por detrás de Brasil y Colombia.
Ese mismo mes, la OPS emitió una alerta instando a los países a prepararse ante un posible aumento de casos y a garantizar el diagnóstico temprano y la atención oportuna de pacientes con dengue y otros arbovirus, con el fin de prevenir cuadros graves y muertes asociadas. En el caso de Nicaragua, sin embargo, las autoridades del régimen sandinista optaron por restringir la información.
Las consecuencias sanitarias del ocultamiento de datos
El epidemiólogo nicaragüense Álvaro Ramírez, exdirector de Epidemiología del Minsa, advierte que el dengue es un problema serio en todo el continente americano, y en el caso de Nicaragua se agrava por la falta de datos. “La importancia de los datos es para organizar la respuesta comunitaria, pero en Nicaragua la gente tiene desconfianza incluso de los visitadores del Minsa que llegan a abatizar a los hogares”, explica.
La falta de datos confiables sobre el dengue es un síntoma constante de la estrategia de control narrativo del régimen Ortega-Murillo sobre la situación de salud del país. Desde la pandemia de la Covid-19, el Minsa redujó progresivamente el acceso público a la información epidemiológica, una práctica que se ha extendido a enfermedades endémicas como el dengue, comparte Ramírez.
En 2021 una investigación de DIVERGENTES reveló que las autoridades sanitarias alteraron los certificados de defunción, registrando a muchas víctimas de Covid-19 como fallecidas por neumonía u otras causas respiratorias, lo que redujo artificialmente el número de muertes por coronavirus. Cinco años después, esta opacidad persiste en temas importantes vinculados con la salud pública.
Los médicos consultados coinciden en que podría existir un subregistro de casos, especialmente en zonas rurales, donde los servicios de salud no comunican los diagnósticos. “Los hospitales están recibiendo decenas de pacientes con cuadros febriles compatibles con dengue”, explicó uno de los especialistas del centro del país.
El subregistro no solo impide dimensionar la magnitud real del casos de dengue, sino que sirve para mantener la apariencia de normalidad como ocurre también con la neumonía. Al no reportar cifras a la OPS, el Gobierno evita comparaciones con los países vecinos, donde los aumentos de casos sí se reconocen oficialmente, como demuestra el informe más reciente del organismo panamericano, publicado en octubre.
Boletines sanitarios vacíos de información
El Minsa continúa publicando boletines semanales, pero el contenido de esos informes es cada vez más escueto: no incluyen desagregaciones por departamento, rangos de edad ni tasas de incidencia acumulada, información importante para la vigilancia epidemiológica.
Esa reducción deliberada de la información no es nueva. Desde la pandemia de 2020, el Minsa eliminó detalles técnicos de sus boletines, limitándolos a cifras generales y frases triunfalistas sobre “la restitución del derecho a la salud”. Esta práctica, según especialistas, desvirtúa la función de vigilancia epidemiológica más en la estación lluviosa y convierte los informes en instrumentos propagandísticos.
El Minsa reportó en septiembre de 2025 la disminución de casos de dengue en Nicaragua, “gracias a las acciones desarrolladas casa a casa por sus brigadas médicas”. Aunque el régimen atribuye la supuesta disminución del dengue a dichas jornadas, el descenso observado desde septiembre responde más al comportamiento natural del virus y del mosquito Aedes aegypti, que tiende a reducirse con el fin del periodo lluvioso.
Los médicos consultados insisten en que las fumigaciones son esporádicas, las campañas de limpieza insuficientes y la vigilancia comunitaria prácticamente inexistente. “Las brigadas se organizan solo cuando hay presión del brote, pero no existe un trabajo sostenido”, explica un galeno de la región norte de Nicaragua. En la práctica, las acciones oficiales sirven más para alimentar el falso relato del régimen sobre una política de salud efectiva.
De ahí que se critique al Minsa por no tener un sistema de vigilancia sanitaria que permita mejorar la capacidad de detección temprana y respuesta ante brotes de dengue y otras enfermedades, explica el epidemiólogo Ramírez.
La OPS recomendó desde febrero de 2025 que los países reforzaran la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico temprano y la comunicación con las comunidades para evitar una nueva ola de dengue, pero en Nicaragua, las acciones han ido en sentido contrario.
El Minsa se rehúsa a publicar datos que permitan a los nicaragüenses conocer las zonas más afectadas y orientar los esfuerzos de control. Tampoco hay evidencia de una estrategia permanente de vigilancia o participación comunitaria, pilares que la OPS y expertos consideran esenciales para reducir la transmisión. “La mejor intervención del dengue es la participación comunitaria”, resalta Ramírez.