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Nayib Bukele sigue en el centro del debate público. El 18 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional que permite la cadena perpetua para delitos como homicidio, violación y terrorismo. Días antes, el mandatario arremetió contra defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones sociales tras la publicación de un informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en El Salvador, que analiza el impacto del régimen de excepción (GIPES).

A través de su cuenta en X, Bukele aseguró que “expertos y expertas de derechos humanos” están exigiendo la liberación de todos los pandilleros detenidos desde el inicio del Régimen de Excepción. Según el presidente, si se considera que el 100% de las detenciones son arbitrarias, el Estado estaría obligado automáticamente a liberar a todos los detenidos. “Nadie y menos alguien que dice ser defensor de derechos humanos, puede argumentar que es legal mantener en prisión a una persona detenida arbitrariamente”, afirmó.

También sostuvo que “calificar una detención como arbitraria es sinónimo de exigir su liberación inmediata… También afirman que el 100% de detenciones han sido ‘sin garantías mínimas y sin el debido proceso’…, lo que también obliga a su liberación inmediata”.

Sin embargo, esta afirmación es falsa. El informe del Grupo de Expertos no promueve la liberación masiva ni automática de las personas detenidas bajo el Régimen de Excepción. Lo que señala es que el “régimen de excepción ha permitido al gobierno del presidente Bukele concentrar el poder absoluto, al amparo del cual se han cometido violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, reza el informe. 

En ese sentido, el grupo recomienda al Estado salvadoreño revisar sus políticas de seguridad y ajustarlas a estándares internacionales de derechos humanos, garantizando el debido proceso y evitando detenciones arbitrarias, pero no plantea la suspensión de penas ni la liberación indiscriminada de detenidos.

El informe también recomienda el cese del Régimen de Excepción para restablecer garantías judiciales como el debido proceso, la inviolabilidad de las comunicaciones y otros derechos suspendidos. Estas demandas han sido reiteradas por organizaciones salvadoreñas e internacionales.

No obstante, esto no implica —como sugiere Bukele— una liberación automática de las personas detenidas. El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en El Salvador recomienda derogar la normativa de emergencia en materia penal, procesal penal y penal juvenil que ha suspendido derechos fundamentales, pero propone sustituirla por leyes compatibles con los estándares internacionales de debido proceso.

Informe señala patrón de violaciones de derechos y urge cambios en el sistema judicial

El informe del GIPES reconoce las legítimas demandas de seguridad de la población salvadoreña y el rol que tiene el Estado de prevenir la violencia y garantizar la paz. Sin embargo, advierte que “esta obligación no puede ser cumplida mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”. Asimismo, documenta que, desde mayo de 2021, se han implementado políticas y prácticas que han derivado en violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Estas, según el Grupo de Expertos, no pueden entenderse como respuestas aisladas o justificadas por una situación de emergencia, “sino como parte de un patrón coherente, planificado y sostenido de acción estatal”.

Además advierte que esta situación se agrava tras la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general, así como por reformas posteriores que han debilitado la independencia judicial y los mecanismos de control institucional. Esto, según el Grupo de Expertos, ha permitido la adopción de un marco normativo que deriva en la suspensión ilegítima y prolongada de derechos fundamentales.

Por lo que, el GIPES recomienda al Gobierno de Nayib Bukele restituir la independencia judicial, garantizar procesos transparentes y revisar los nombramientos irregulares de magistrados y jueces. Asimismo, plantea asegurar la autonomía de la Fiscalía General, dotarla de recursos suficientes y proteger a fiscales, peritos, defensores públicos y otros operadores de justicia que investiguen violaciones de derechos humanos.

Es decir, estas recomendaciones no se limitan al respeto del debido proceso para las personas detenidas. También apuntan a una reestructuración institucional más amplia que garantice transparencia y rendición de cuentas. Entre ellas, se incluye la publicación de información sobre detenciones, investigaciones de muertes bajo custodia, denuncias de malos tratos y desapariciones forzadas, así como datos sobre presupuestos de seguridad, condiciones carcelarias y contrataciones públicas.

Asimismo, subraya la necesidad de garantizar el acceso inmediato a información sobre personas detenidas en hospitales, morgues y centros penitenciarios, así como el derecho de sus familiares a conocer su paradero y situación jurídica.

En conjunto, estas recomendaciones buscan que el Estado salvadoreño reconozca la magnitud de las violaciones de derechos humanos y las posibles responsabilidades derivadas de la implementación del Régimen de Excepción.

Por tanto, es falso que el informe promueva la liberación automática de detenidos o que defienda la impunidad. Tampoco sostiene que no se pueda procesar a personas vinculadas a pandillas, sino que insiste en que cualquier detención debe estar sustentada en pruebas y respetar el debido proceso. Las afirmaciones de Bukele, que sugieren que los expertos buscan generar caos o liberar delincuentes, distorsionan el contenido y el propósito real del informe.