Dos semanas han pasado desde la noche de las elecciones generales en El Salvador, el pasado cuatro de febrero, cuando colapsó el sistema que dejó a las Juntas Receptoras de Votos de todo el país sin la posibilidad de transmitir los resultados preliminares desde los centros de votación, en especial, los resultados legislativos. A partir de ese momento, el escrutinio legislativo se convirtió en un proceso rocambolesco y plagado de múltiples anomalías que ponen en duda la validez de un resultado que favorece al partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas.
Pese a que la oposición política denunció haber encontrado al menos 60 irregularidades, por las que pidieron este lunes 19 de febrero la nulidad específicamente de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio por cerrado el escrutinio legislativo en los 14 departamentos, que deja a Nuevas Ideas, el partido de Nayib Bukele, gobernando con rotunda hegemonía el país.
Esas anomalías son las que llevaron a que incluso, el 11 de febrero pasado, cuatro magistrados suplentes emitieran una carta en la que dejaron claro que tomaban distancia de los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Supremo Electoral. De acuerdo con una publicación de El Faro, que tuvo copias de las cartas, los magistrados suplentes establecieron que el Tribunal había cometido acciones que distaban de la legalidad. “Ya no estamos en la posición de aceptar decisiones que no hayan sido emanadas de forma legal”, establecieron en el escrito, en el que también dejaron claro que no eran responsables de las fallas que ellos mismos detectaron días previos a las elecciones como el día de la elección. “No podemos aceptar responsabilidad alguna sobre los problemas que nos fueron planteados extemporáneamente”, reiteraron.
Una de las fallas que los magistrados suplentes mencionaron es que las Juntas Receptoras de Votos no fueron conformadas por el personal debidamente acreditado, sino que estos puestos fueron tomados por otras personas. Esto sólo se sumó a otra serie de anomalías el cuatro de febrero, respecto a la poca capacitación del personal que estuvo en las mesas o el hecho que tampoco hubo material electoral para hacer el levantamiento de actas. Esta última falla es lo que llevó a que en el escrutinio presidencial sólo se contara con actas de Nuevas Ideas o de la Fiscalía General de la República, ante la falta de actas originales en poder del Tribunal u otras copias que hubiesen sido entregadas a los partidos políticos.
Recibe nuestro boletín semanal
Para el escrutinio final legislativo, el Tribunal instaló 300 mesas en el gimnasio Adolfo Pineda para digitar actas que no fueron procesadas el cuatro de febrero por la caída del sistema, uno que fue dirigido y creado por dos desarrolladores del TSE que, según una investigación de Focos, son exempleados de la Presidencia de Bukele. En la última semana, se contó voto por voto sin que hubiese oportunidad para una recalificación. Es decir, si un voto había sido tomado como válido por la Junta Receptora de Votos, eso debía respetarse y viceversa. Abrir a discusión la validez o nulidad de un voto no era una opción, según un instructivo girado por el Tribunal.
OEA advierte “falta de control”
Sobre las anomalías del escrutinio legislativo, la Misión de la OEA dijo en su comunicado haber observado “la falta de control” por parte del TSE. “En la mayoría de las mesas observadas no se coteja el padrón de firmas con la cantidad de boletas utilizadas”, citó en el comunicado publicado este sábado. Esto también fue denunciado por vigilantes de partidos, al observar que personal del TSE se negó a revisar el padrón de firmas al momento del escrutinio. Las veces que hubo posibilidad de hacerlo, las observaciones eran claras: “1. El paquete electoral contiene 900 papeletas en lugar de 700. 2. El número del padrón de firmas no coincidía con el número de votos emitidos”. Ese tipo de observaciones fueron recurrentes.
Pero la presencia de vigilantes de los partidos de oposición fue mínima en comparación con los vigilantes del partido oficial. En los días que duró el escrutinio, hubo constantes denuncias sobre la cantidad de personas en masa que entraban a los recintos donde se contaban los votos. La intención, según las denuncias documentadas, era generar control total del escrutinio así como fuertes discusiones con vigilantes de la oposición. “Exigimos el cese de la intimidación”, insistió en reiteradas ocasiones la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, quien ha conseguido reelegirse.
La Misión de la OEA dejó claro en el mismo texto publicado que la fuerte presencia de miembros de Nuevas Ideas no sólo sobrepasó la cantidad de vigilantes que debía permitirse por partido político, sino también muchas veces estos asumieron “una actitud dominante e intimidatoria contra las personas que representan a otros partidos y contra los observadores”. La Misión denunció que una de sus observadoras fue bloqueada de presenciar el conteo por un representante de Nuevas Ideas.
Oposición pide nulidad
Cuatro partidos de oposición solicitaron la nulidad del escrutinio legislativo. Vamos, Arena, FMLN y Nuestro Tiempo acudieron al edificio del Tribunal para solicitar la nulidad y la repetición de las elecciones legislativas. El partido Vamos dijo que, pese a que han logrado tener representación en la Asamblea Legislativa, denunciarán los derechos políticos que fueron violentados en este proceso en el que “los derechos políticos de la ciudadanía fueron gravemente violentados y del que no se tienen certezas”.
“En este proceso no se ha respetado la verdad material de la voluntad popular. Por eso lo vamos a solicitar”, declaró Claudia Ortiz no sin antes remarcar cada una de las ilegalidades cometidas que van desde el cambio de las reglas electorales, la no entrega de la deuda política de los partidos que provocó una campaña desigual y que sólo se suman a las “graves anomalías de la jornada electoral y de los días posteriores”.
Con la complicidad del TSE, Nayib Bukele consiguió reelegirse inconstitucionalmente como presidente de El Salvador y su partido, Nuevas Ideas, se consolidó como partido hegemónico al obtener 54 de 60 escaños. El resto de diputaciones se repartieron entre el Partido de Concertación Nacional (2), la Alianza Republicana Nacionalista (2), el Partido Vamos (1) y el Partido Demócrata Cristiano (1). Esta es la primera vez que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en su historia política tras la guerra civil, no contará con representación en la Asamblea Legislativa.